GOBIERNO DE SUIZA: NO RATIFIQUEN LOS ACUERDOS DE LA HABANA ENTRE COLOMBIA Y LAS FARC

Gobierno de Suiza: no ratifiquen los acuerdos de La Habana entre Colombia y las farc

El siguiente es el texto de la petición al gobierno de Suiza para que no avalen los acuerdos de La Habana que blindaría con impunidad a los terroristas y les permitiría acceder a curules en el Congreso, territorios bajo su jurisdicción, cargos como jueces, fiscales y magistrados. La firma de cada uno de ustedes es importante para detener este Golpe de Estado que colocaría al pueblo colombiano bajo el poder de los terroristas narcotraficantes. (FIRME ACÁ: https://www.change.org/p/didier-burkhalter-departamento-de-relaciones-exteriores-suiza-gobierno-de-suiza-no-ratifiquen-los-acuerdos-de-la-habana-entre-colombia-y-las-farc?recruiter=17626956&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive )

Estimados señores:  A principios de este mes, el equipo de negociación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el grupo narcoterrorista de las FARC, anunciaron que, con el fin de garantizar la aplicación del acuerdo “de paz” que han estado negociando durante más de cuatro años, habían decidido elevar el estatuto de ese acuerdo y convertirlo en un “Acuerdo Humanitario Internacional Especial” que sea ratificado por el gobierno de Suiza. Esta maniobra del gobierno de Colombia es inconstitucional y antidemocrática, y por ello solicitamos respetuosamente, en nombre de todos los firmantes, que el Gobierno de Suiza suspenda su participación en esa maniobra autocrática e ilegal, la cual equivale a propinarle un golpe a la Constitución de Colombia, al Congreso de Colombia (Senado y Cámara), a la Corte Constitucional, y – lo más importante – a la ciudadanía colombiana.

No hay ninguna base legal que permita transformar las negociaciones entre el gobierno soberano de Colombia y un grupo local narcoterrorista en un “Acuerdo Humanitario Internacional Especial,” comparable a la Convención de Ginebra. La guerra terrorista que las FARC han librado contra la sociedad colombiana siempre ha sido y sigue siendo un conflicto interno. De hecho, el único elemento “internacional” del acuerdo sería la recepción que el gobierno de Suiza haga de éste, sin tener competencia ni legitimidad para hacerlo, ni para inmiscuirse en los asuntos relacionados con la derogación o la reforma de la Constitución de Colombia.

Las negociaciones en La Habana no son más que una manera astuta de pasar por encima de las instituciones y de los ciudadanos de Colombia, para imponer un acuerdo que es ampliamente impopular en Colombia.

La forma en que el gobierno de Santos pretende incorporar ese “acuerdo especial” en la Constitución es ilegal por varias razones. En primer lugar, sólo hay tres maneras de modificar la Constitución. El gobierno ha rechazado las dos primeras – un referéndum y/o una asamblea constituyente – y optó por la tercera: la ratificación por el Congreso de un acto legislativo. Según lo establecido en la Constitución colombiana, toda enmienda propuesta tiene que ser ratificada en ocho debates separados en el Senado y en la Cámara de Representantes, en dos sesiones legislativas separadas. La razón de esto es obviamente democrática: la modificación de la Constitución requiere un proceso de reflexión y discusión cuidadosa de los representantes del pueblo y debe tener el tiempo suficiente para que puedan ser tramitados los aportes de los diferentes segmentos de la sociedad y del público. Sin embargo, en su prisa por empujar los acuerdos de La Habana en un contexto de escepticismo y de rechazo de la población ante las acciones del gobierno, éste propuso modificar la Constitución en un solo acto legislativo que ya iba en su séptimo debate. En consecuencia, ese trámite burlará el proceso prescrito por la Constitución y los senadores no podrán siquiera llegar a debatirlo. Ese texto será votado únicamente por un comité y por una sesión de la Cámara de Representantes. En resumen, ese trámite será ilegal.

Por otra parte, la enmienda incluye una cláusula que hace “inmodificable” el pacto de La Habana,  lo que haría imposible que un gobierno futuro lo revoque –algo que la Constitución de Colombia prohíbe expresamente, debido a la naturaleza antidemocrática de tal cláusula. Además, esa cláusula pretende que cualquier futura modificación de la Constitución sea en conformidad con el pacto de La Habana. En esencia, tal documento irrevocable estará por encima de la Constitución colombiana. Por último,  lo más atroz es que esto se hará sin que nadie sepa lo que contienen los Acuerdos de La Habana, pues las negociaciones no han terminado y los puntos en los que Santos y las Farc han llegado a un acuerdo no han sido publicados en forma exacta y completa. Solo un borrador circula en ciertos círculos.

En resumen, el pacto hecho por un puñado de negociadores del Gobierno y sus homólogos narcoterroristas pretende abolir la Constitución de Colombia, y el nuevo documento pretende ser  ratificado por un comité y por un voto apresurado en la Cámara de Representantes, sin que ninguno de los congresistas pueda leer tal documento.

Para adormecer a la comunidad internacional, el gobierno de Santos ha prometido organizar un plebiscito. Eso también es un astuto engaño. Es un plebiscito anómalo: los colombianos solo podrán responder con un sí o un no a una pregunta. Ello constituye un mecanismo inapropiado para pronunciarse, –ratificando o rechazando–, un acuerdo muy complejo. Además, ese tipo de plebiscito no es permitido por la Constitución: el gobierno de Santos redujo el umbral para la participación de los votantes de un 50 por ciento más uno de los electores, que exige la Constitución,  a un 13 por ciento. Y, como si fuera poco, ese plebiscito sería organizado muy tarde y a último minuto: después de que la  reforma de la Constitución haya sido perpetrada.

Las encuestas de opinión muestran de manera persistente que entre el 80 y el 90 por ciento de los colombianos se opone a los principales puntos del acuerdo: impunidad para los responsables de las atrocidades cometidas por las FARC y elegibilidad política de los terroristas de las FARC, entre otros. Las encuestas muestran que el índice de favorabilidad del presidente Santos cae constantemente y que hoy es de sólo un 13 por ciento – el más bajo índice de un presidente en América Latina. Con la opinión pública decididamente en contra de lo que ha negociado hasta hoy, no es de extrañar que el gobierno de Santos trate de vender su pacto en el extranjero, abusando de la buena fe del pueblo suizo para alcanzar sus objetivos.

Respetuosamente solicitamos al Gobierno de Suiza ponerse al lado del pueblo de Colombia y del respeto a la Constitución de Colombia y de sus instituciones democráticas. Por favor, suspenda toda ayuda a esta autocracia emergente y no ayude a erigir un narco-estado fallido en Colombia, apoyando o participando en ese proyecto.

Fime acá: https://www.change.org/p/didier-burkhalter-departamento-de-relaciones-exteriores-suiza-gobierno-de-suiza-no-ratifiquen-los-acuerdos-de-la-habana-entre-colombia-y-las-farc?recruiter=17626956&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive

ENGLISH

Dear Sirs:

Earlier this month, the negotiation team for Colombian President Juan Manuel Santos and the narco-terrorist group FARC announced that, in order to ensure the implementation of the “peace” accord they have been negotiating for more than four years, they would elevate its status to that of a “Special International Humanitarian Accord” to be ratified by the Swiss government. This most recent maneuver by the Colombian government is both unconstitutional and anti-democratic, and we respectfully request, in the name of all the undersigned, that the Government of Switzerland decline from participating in this autocratic and illegal maneuver, as it would amount to a coup against the Colombian Constitution, it’s Congress, it’s Constitutional Court, and – most importantly – its people.

To begin, there is no basis for investing the negotiations between the sovereign government of Colombia and a homegrown narco-terrorist group with the classification of a “Special International Humanitarian Accord,” comparable to the Geneva Convention.  The terrorist war that the FARC has waged against Colombian society has always been and still is an internal conflict. Indeed, the only “international” element of the deal would be its ratification by the government of Switzerland, which has no competence or standing to revoke or amend Colombia’s Constitution. To re-characterize the negotiations in Havana now is nothing more than a disingenuous way of bypassing both Colombia’s institutions and its citizens, to push through a deal that is widely unpopular in Colombia.

The way the Santos government is incorporating this “special accord” into the Constitution is illegal in many ways. First, there are only three ways to amend the Constitution. The government has rejected the first two – a referendum and a Constitutional Convention – and opted for the third:  ratification by Congress of a legislative act.  As set fourth in the Constitution, any proposed amendment has to be ratified in eight separate debates in both the Senate and the House of Representatives, in two separate legislative sessions. The rationale for this is obviously democratic: amending the constitution requires thoughtful consideration by the People’s representatives and ample time for input from different segments of society and the public. However, in its haste to push through the Havana accords on a public growing increasingly skeptical and unsupportive of the government’s actions, this proposed amendment was tacked on to a legislative act already in its seventh debate. As a result, it will not go through the process proscribed in the Constitution – Colombian Senators will never even get to debate it. It will only be voted on in one House Committee meeting, and one House of Representatives hearing.  In short, it’s illegal.

Furthermore, the amendment itself attaches an “indelible clause” to the deal struck in Havana, making it irrevocable by any government in the future – something that Colombia’s Constitution expressly forbids, due to the anti-democratic nature of such a clause.  Additionally, it requires that any future amendments to the Constitution be in accordance with the Havana deal, in essence placing this irrevocable document above the Constitution.  Finally, and most egregiously, this will be done without anyone knowing what the Havana Accords even are, as the negotiations have not been concluded and those points where agreement has been reached have not been published, except in draft form.

In sum, the agreement made between a handful of government negotiators and a their narco-terrorist counterparts will supersede the Colombian Constitution, and this document will be ratified by one House Committee and one vote in the House of Representatives, without any of them ever having read it.

To placate the international community, the Santos government has promised a plebiscite.  This too is a disingenuous ploy. Not only is a plebiscite asking a single yes or no question not an appropriate mechanism for the electorate to ratify a complex agreement – the Constitution does not allow it – but the Santos government lowered the threshold for voter turnout from 50 percent plus one of the electorate to 13 percent.  In any case, the plebiscite will be an afterthought; coming after the amendment to the Constitution is completed.

Consistently, polls show between 80 and 90 percent of Colombians oppose the main points of the deal: impunity for those responsible for atrocities and political eligibility of FARC terrorists, among others.  President Santos’ favorability is currently of only 13 percent – the lowest for any head of state in the region. With public opinion decidedly against what has been negotiated so far, it is no surprise that the Santos government has sought to sell its deal abroad, using the goodwill of the Swiss people to meet its ends.

We respectfully ask that the Swiss Government stand by the People of Colombia and that it respect the Colombian Constitution and its institutions. Please do not aid this emerging autocracy or the implementation of a narco-failed state in Colombia by supporting or participating in this scheme

Sign here: https://www.change.org/p/didier-burkhalter-departamento-de-relaciones-exteriores-suiza-gobierno-de-suiza-no-ratifiquen-los-acuerdos-de-la-habana-entre-colombia-y-las-farc?recruiter=17626956&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_twitter_responsive