¿CONEJO O DEMOCRACIA?

¿Conejo o democracia?

El deber de Juan Manuel Santos, como Presidente de la República, es respetar el Estado de Derecho y la voz mayoritaria del pueblo expresada en el plebiscito. De ninguna manera puede “hacer lo que se le dé la gana”

Por Rafael Nieto Loaiza
Octubre 25 de 2016

El Gobierno tiene la oportunidad de oro para acabar la polarización generada por el acuerdo con la guerrilla y, con un frente único, renegociar con las Farc. Pero todo indica que ha optado por lo contrario.

Las últimas declaraciones de Santos y de De la Calle señalan que no quieren hacer los cambios que necesita el acuerdo para conseguir el apoyo de quienes votaron por el No. Por un lado, insisten en que los cambios deben hacerse de manera apresurada (“quiero terminar esto pronto, muy pronto”) y, por el otro, después de defender el acuerdo alcanzado, recalcan que lo que debe hacerse son solo “ajustes y precisiones” (“estamos convencidos de las bondades del Acuerdo Final”). Santos agregó que algunas propuestas del No “son totalmente inviables”. Afirmó que algún líder indígena le dijo que “recibió un mandato ciudadano en las elecciones presidenciales para hacer la paz. Por eso votamos por usted. Ahora con el Nobel tiene también un mandato claro y contundente de toda la comunidad internacional, ¡Cúmplalo!”. Y remató orondo con un “lo voy a cumplir”.

Para empezar, Santos debe reconocer de una vez por todas que perdió el plebiscito. El nacimiento a la vida jurídica del acuerdo con las Farc estaba sujeto a que se cumpliera una condición, el triunfo del Si, y esa condición no se cumplió. Para todos los efectos jurídicos, ese acuerdo no existió. Y Santos no puede implementarlo. Así lo dijo expresa e inequívocamente la Corte Constitucional.

Después, lo importante no es hacer un acuerdo rápido sino hacer un buen acuerdo. Tómese el tiempo que se tome. Y ello supone estudiar a fondo las propuestas presentadas, negociar con los voceros del No y acordar con ellos lo que se le presentará a la guerrilla. Y solo después ir a Cuba y renegociar con las Farc.

Además, el anterior no era un buen acuerdo: dividió a la sociedad y ahondó la polarización y su contenido fue rechazado por la mayoría de los ciudadanos. Más allá de la tentación obvia de defender la obra propia, lo que el Gobierno había vendido como “el mejor acuerdo posible”, Santos debe hacer los cambios sustantivos necesarios para conseguir el apoyo de los promotores del No a un nuevo acuerdo. No serán meros “ajustes y precisiones”, un maquillaje al anterior.

Aunque no son los únicos, dos temas básicos tienen que modificarse de raíz. Uno, el modelo de justicia transicional por fuera de la Rama Judicial y con jueces extranjeros y su propuesta de impunidad de facto para los crímenes internacionales de las Farc. El otro, los premios de participación política para los guerrilleros. Sobre estos dos asuntos ha habido un rechazo inequívoco de la ciudadanía, una y otra vez, en todas las encuestas. Ese rechazo ciudadano fue el motivo por el cual Santos reculó del referendo y se montó en la pregunta única del plebiscito. Pues bien, en el plebiscito también fueron rechazados, con independencia de si al presidente o a las Farc esos cambios sustantivos les parecen “inviables”.

Santos está en una encrucijada. Puede unirse con los otros demócratas, incluyendo los que ganaron el plebiscito, hacer un frente republicano y renegociar con las Farc, haciéndoles entender que lo que pudieron antes ya no se puede ahora, que lo que antes era “inviable” ahora tiene que serlo. O puede aliarse con las Farc para hacerle conejo a la democracia y humillar a la oposición que lo venció en el plebiscito.

Respetar la decisión ciudadana del dos de octubre es, en realidad, su único mandato. Díganle lo que le digan indígenas o estudiantes. Ya no puede resguardarse en su polémica elección del 14. Si respeta el resultado del plebiscito, habrá honrado el Nobel. Si no, si se monta en desconocer el triunfo del No, no solo quebrará el sistema democrático y violará la sentencia de la Corte Constitucional que lo obliga, sino que nos llevará al abismo.

Su deber como Presidente de la República es respetar el Estado de Derecho y la voz mayoritaria del pueblo expresada en el plebiscito. De ninguna manera puede “hacer lo que se le dé la gana”.