A LA CALLE

A la calle

A las FARC no le servía nuestro poder electoral. Quería uno propio suyo, bien suyo, para acomodar resultados, comprar conciencias e intimidar votantes

Por Fernando Londoño Hoyos
Febrero 27 de 2017

No era por simple decir que decíamos que el designio del camarada Santiago, hoy Presidente Santos, era entregarles el país a sus conmilitones de las FARC. Ahora, querido lector, estarán claras las cuentas para usted.

El Congreso ha quedado destituido. Santos consiguió que el Presidente de esa que fue augusta institución, le niegue hasta la palabra a los que se oponen al Gobierno de la guerrilla. Ya logró, tarea sencilla para los que tienen vocación de meretrices en la política, que todo pueda hacerse a las volandas, a través del nunca bien comprendido “Fast Track”. Y ya consolidó su abyecta mayoría en la Corte Constitucional, a la que llevó sus amigos más dilectos, y más viles, para que declaren ajustada a la Constitución cualquier cosa que se apruebe para “implementar” las 310 páginas de basura y traición que le aprobaron sus mandaderos en La Habana.

Es tan pobre de espíritu este Santos, que no tuvo inconveniente en someter a las FARC, a través de la Comisión de Seguimiento, hasta el contenido de sus propios decretos. Cuánto menos le importaría la censura previa a las leyes que vayan a expedirse. Recuerde, amado ciudadano, que esa Comisión está integrada por tres representantes del Gobierno y tres de las FARC. Como Sergio Jaramillo obra como parte del equipo del Gobierno, los bandidos ya tienen mayoría segura de cuatro a dos. Pero si un día Jaramillo se le torciera a las FARC, y se diera empate en la Comisión, el voto final quedaría en manos de los representantes de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. ¿Soñamos algún día que Raúl Castro y Nicolás Maduro escribieran nuestras leyes? Pues llegó la hora y no nos inmutamos. El Congreso que elegimos carece de iniciativa, y lo que apruebe, diciendo sí, tiene que venir autorizado por La Habana y Caracas. No sabemos de otra nación del mundo, ni siquiera la más pobre de las africanas, donde se haya consumado parecida traición.

También nos robaron el poder judicial. De cualquier naturaleza que fuera, era el nuestro. Pues le hemos dado a tres mamertos internacionales, al peruano García Sayán, íntimo de Sendero Luminoso, al español Gil Robles, vecino de Podemos y simpatizante de la ETA y al argentino Juan Méndez, de la entraña de los montoneros, la facultad de nombrar los Magistrados de la más alta Corporación de Justicia que haya tenido la Nación. Otra vez trasladamos nuestra soberanía, y nuestra dignidad, a tres piratas internacionales. ¿Lo sabía, amigo querido?

A las FARC no le servía nuestro poder electoral. Quería uno propio suyo, bien suyo, para acomodar resultados, comprar conciencias e intimidar votantes. Tal vez no haya reparado, amigo mío, que ya el Congreso de mentiras que tenemos está cambiando todo el orden constitucional y legal en materia de elecciones. Será tanta la desfachatez puesta en la maniobra, que está protestando el Consejo de Estado. Vino a darse cuenta, a estas alturas, de que lo destituyeron.

De la misma manera llegó a enterarse la Corte Suprema de Justicia de que había ido a parar al Cuarto de San Alejo, y también protestó. Algo tarde, bien se ve. Y el Fiscal General de la Nación pronunció inútiles discursos, después de notar que lo habían dejado para perseguir ladronzuelos o intimidar a la gente que se porte mal en las fiestas. El Fiscal de verdad será nombrado por las FARC y no demora en posesionarse.

El muy querido Procurador Carrillo también supo que desapareció del mapa. Y se contentó, del ahogado el sombrero, con que los jueces que sabemos pueden llamarlo en su ayuda, cuando quieran hacerlo. ¡Y se dio por satisfecho!

Claro que las cosas no paran aquí. Porque las FARC, siendo dueñas del Presidente, salen a ser dueñas del poder ejecutivo. Y a fe que ejercerán el cargo. Repase, si alguna vez lo leyó, lector amable, y permítame dudarlo con toda cordialidad y aprecio, el mamotreto de las 310 páginas, para que se entere de que Colombia quedó totalmente hipotecada. Basta con que le pase revista a las obligaciones del Gobierno en materia agraria, y se encontrará, para su tardía indignación, con que los recursos públicos han sido comprometidos para los próximos treinta años.

Ya se tomaron todo. Son dueños de todo. Y nosotros, los 49 millones de pobladores de este país, somos otros tantos majaderos a los que nos robaron todo, sin que nos diéramos cuenta de nada.

Nos queda la calle. Y vamos a protestar. Aunque hagan con nosotros lo que hicieron en Venezuela con Leopoldo López, precisamente por protestar en la calle. Mas no importa. El primero de abril levantaremos nuestra voz y recorreremos el país que un día fue nuestro, para dejar constancia de que sí nos lo robaron y de que aún nos queda coraje para defenderlo. ¡A la calle!