EL SANJUANERO DEL FISCAL, SANTOS Y LAS FARC

El sanjuanero del Fiscal, Santos y las FARC

Lo primero que investigamos fue cuál era la manera en que Santos estaba pagando al Fiscal la defensa de los diálogos de La Habana, la tesis de que a los terroristas había que darles impunidad para que participen en política, y la salida a las calles en la marcha que organizaron conjuntamente las FARC y el gobierno

Por Ricardo Puentes Melo

Abril 23 de 2013

El folclor colombiano le debe mucho al Fiscal Eduardo Montealegre Lynett y al camarada Santos. En medio de tanto horror y codicia, nuestro Fiscal General y el presidente han combinado el ejercicio de la justicia con la picaresca coplera del Tolima Grande plasmando en la cosmogonía de los pijaos postmodernos una realidad que, supongo, será objeto de estudio de las generaciones venideras de antropólogos sociales. La simbología sanjuanera del coqueteo, el enamoramiento y finalmente, el matrimonio,  no había podido verse mejor labrados que en este amasijo puesto en escena y publicitado por los medios untados por el poder.

En esta especie de ménage à trois, entre Santos, Montealegre y las FARC, todos han obtenido lo deseado: Santos ha comprado los favores que ha querido con nuestros impuestos, Montealegre se llenó de plata con contratos estatales y obtuvo la Fiscalía General, y las FARC recibieron estatus de beligerancia con promesas de impunidad y cuotas groseras en el poder.

No es porque Montealegre sea tolimense como Gómez Méndez lo que a mí me causa desconfianza; es que aquí la gente es muy suspicaz y le da por soltar la lengua por todo.

Por ejemplo, ya sabemos por qué el Fiscal Eduardo Montealegre Lynett es tan condescendiente e impúdicamente proclive a las FARC. Resulta que cuando él era muchachito, por allá en los setentas, siendo estudiante del Colegio San Simón de Ibagué, era líder del Consejo Estudiantil que, en esa época, estaba alineado con la JUCO, órgano del Partido Comunista del que han salido los grandes cabecillas terroristas de las FARC.

Hay quienes aún recuerdan que cuando los Montealegre vivían en el barrio Interlaken de Ibagué y había pedrea en la Universidad Nacional, la Universidad del Tolima siempre se unía. Entonces, el futuro Fiscal General de la Nación salía a promover los disturbios en el Colegio San Simón. Si su convicción era a sueldo o no, eso no lo sabemos.

También sabemos por qué Eduardo Montealegre Lynett ha dedicado todos sus esfuerzos (sobre todo desde la Corte Constitucional) para que el matrimonio gay, con todas sus arandelas, se convierta en principio constitucional de la República. Es que su hermano, el médico Gustavo Montealegre Lynett es homosexual ya salido del closet.

No reprochamos las desviaciones sexuales del hermano del Fiscal porque, al fin y al cabo, eso es cuestión de cada persona, siempre y cuando no afecte negativa y delictualmente a otro prójimo. Lo que es censurable desde todo punto de vista, es que se legisle y se dicte jurisprudencia para beneficiar con evidente nepotismo a unos pocos, en contravía de la mayoría de los colombianos.

Cuando Eduardo Montealegre fue designado Fiscal General, para reemplazar a Viviane Aleyda Morales Hoyos, compañera sentimental del peligroso narcoterrorista Carlos Alonso Lucio, yo fui uno de quienes aplaudió con timidez la elección reconociendo que por fin el camarada Santos había hecho algo bueno en su mandato y también acepté interiormente que yo había sido extremadamente cruel e inhumano con las actuaciones del camarada presidente.

Pero no. A la final entendí que el nombramiento de Montealegre Lynett como Fiscal General era apenas un paso más en la dinámica profariana de este gobierno.

La mermelada de Montealegre Lynett. Lo primero que investigamos fue cuál era la manera en que Santos estaba pagando al Fiscal la defensa de los diálogos de La Habana, la tesis de que a los terroristas había que darles impunidad para que participen en política, y la salida a las calles en la marcha que organizaron conjuntamente las FARC y el gobierno.

Encontramos, por ejemplo, que en agosto de 2011, el presidente Juan Manuel Santos le dio un extraño Contrato a Eduardo Montealegre Lynett para que asesorara a la Presidencia en temas jurídicos difusos, con tareas no menos borrosas, como por ejemplo “Prestar asesoría a la Secretaría Jurídica del DAPRE, en los temas constitucionales y legales que determine, relacionados directa o indirectamente con el objeto del contrato. Parágrafo: La Secretaría Jurídica determinará, en que procesos específicos de constitucionalidad se prestará la colaboración del asesor. También señalará, cuáles serán los proyectos de decretos que serán objeto de análisis y estudio por parte del asesor”.

También, como parte del contrato, una de esas funciones era analizar las connotaciones de la Operación Fénix desde la perspectiva del Derecho ecuatoriano y colombiano. Cosas que, digo yo, debería hacer la Presidencia, el Ministerio del Interior, la Cancillería y, de pronto, el Ministerio de Defensa. Es decir, Santos contrató a Eduardo Montealegre para que hiciera una labor que, constitucionalmente, deberían realizar funcionarios del gobierno. Por supuesto, para tapar sus cosas como hacen los gatos, Santos ordenó a un funcionario suyo que le expidiera un certificación a la medida que dijera: “(..) en la Presidencia de la República, en la planta de la Entidad no existe personal suficiente para realizar las actividades a contratar.” Además, para evitar que periodistas incómodos al régimen preguntaran por los resultados de la ejecución de este contrato, es decir, por  las deducciones del importantísima asesoría de Eduardo Montealegre Lynett, tanto éste como el gobierno Santos firmaron una “cláusula de confidencialidad” que impediría rendir cuentas a cualquier ciudadano que las requiriera. Y asunto arreglado, como en los gobiernos mafiosos de éxito.

Lo turbio del asunto no son los casi 700 millones que Santos le pagó a Montealegre en tres meses, a razón de $232.000.000 por mes,

un salario que nadie en este país ha soñado ganar haciendo lo que hizo Montealegre: nada. Lo impúdico está en que siendo contratista del Estado, Montealegre pase a ser Fiscal General de la Nación en dos meses largos desde el último pago recibido.

Un funcionario que debería expeler pulcritud, decencia y decoro por todos sus poros –me refiero al Fiscal General de la Nación- no sólo contrata con el Estado por hacer cosas que nadie sabe, sino que siendo contratista pasa a ejercer el cargo más importante en la lucha contra toda clase de delitos, incluida la corrupción.

Y eso no es todo. Mirando la  Declaración de renta de Eduardo Montealegre Lynett, del año 2010, descubrimos que él declara haber ganado, en solo honorarios, la fabulosa cifra de $2.472.241.000. Y también declara poseer una oficina que costaba en ese entonces 980 millones de pesos, además de otros costosos bienes. ¿Una oficina de 980 millones…? Vaya, vaya.. (Ver:

Y otra pregunta: ¿Cómo se gana uno Dos mil quinientos millones de pesos al año en solo honorarios?

Es seguro que no haciendo lo que hace la mayoría de colombianos asalariados, que es ganarse el sustento con el sudor de su frente. La única manera, la única explicación plausible es contratando con el Estado. Esto debe ser la punta del iceberg de un carrusel de contratos multimillonarios del gobierno de Santos. Contratos con los que él paga la impunidad para las FARC.

Las dudas son muchas. ¿Por qué una persona que se gana dos mil quinientos millones de pesos al año acepta un puesto –el de Fiscal General- para ganarse 8 millones 461 mil pesos al mes? ¿Por altruismo? ¡Qué va..!

La situación, pues, es bien oscura. Dios tenga de su mano a esta maltratada Colombia a la que, por fines sórdidos y personales, esta pandilla de dirigentes está entregando a la mafia internacional narcotraficante y terrorista.

@ricardopuentesm