FISCALÍA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS

FISCALÍA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS

¿Qué dirán el ministro Rivera, el viceministro Guarín y hasta el mismo presidente Santos de todo esto…? Creo que nada, porque para ellos nuestros militares serán “Homicidas en combate”, como los calificaron recientemente con absoluta falta de vergüenza y pudor.

Por Ricardo Puentes Melo

Octubre 12 de 2010

“Garantizar el acceso a una justicia eficaz y oportuna con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales”.

Esa es la “Misión” que destaca la Fiscalía General de la Nación en su página web, y con la cual nació por mandato de la Constitución de 1991, patrocinada por el capo Pablo Escobar y co-redactada por guerrilleros y delincuentes de todos los pelambres; una Constitución en que la presencia de la gente de bien estuvo escasa y que hoy, a casi 20 años del día aciago en que la mafia dominó totalmente a Colombia, ya son evidentes los nefastos resultados que ese adefesio de 1991 trajo para Colombia.

No hablemos ahora sino del hijo retorcido de la Constitución del 91 (a la que por supuesto hay que reconocerle sus aciertos, como el acceso del ciudadano a la Justicia mediante la Tutela); ese hijo es la Fiscalía General de la Nación.

Las palabras de “Garantizar el acceso a una justicia eficaz y oportuna con el fin de encontrar la verdad dentro del marco del respeto por el debido proceso y las garantías constitucionales” no son sino eso: cursilerías similares como las que hacían estallar de la risa a Al Capone y sus compinches cuando movían montañas de dinero para manipular las leyes y pagar a la justicia corrupta de Chicago.

Si el país estaba en serios problemas antes de 1991, después de que entró en ejercicio la Constitución de ese año, ingresamos en una franca, abierta y contundente ruina moral que logró colocar en la dirección de la Fiscalía a personajes que hacían negocios con los narcos, que estaban relacionados con la guerrilla y con diversos capos de la mafia que–eso se afirma en ciertos niveles del hampa- aportaron siempre mucho dinero para lograr nombrar como Fiscal General a un miembro de la banda, o a alguien a su servicio. Se sabe, por ejemplo, que se hizo una colecta entre narcotraficantes para comprar el cargo para Iguarán, y que un solo narcotraficante contribuyó con 50 millones de dólares.

Por ello, no es de extrañar que algunos subalternos sigan el ejemplo que desde arriba se les imparte.

Entre los casos que conozco, hay uno que sobresale por su fetidez. Se trata del Fiscal 73 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, JOSÉ LINDON PIRACÓN PUERTO.

Este Fiscal tiene interpuestas varias denuncias por Fraude Procesal, Falsedad, y otras graves violaciones a los derechos y garantías constitucionales y legales de quienes tienen la desgracia de caer en sus tentáculos. Increíblemente, el tipo sigue ahí, como si nada… con toda la libertad descarada para seguir haciendo de las suyas. Ni siquiera un pellizco le ha pegado su jefe el Fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago.

Según las denuncias, el doctor Fiscal 73 (con sede en Cúcuta), constreñía a sus indagados, los induce a las respuestas que él –el Fiscal 73- desea, los amenaza, les ofrece prebendas para que denuncien a los oficiales del ejército que este señor persigue, les endulza el oído con promesas de refugio en Canadá, con becas de estudio, televisores plasma, pasajes para la familia, etc. Y siempre se encarga de hacer todo eso cuando los abogados defensores no están presentes, como es apenas entendible.

Pero nos enteramos de que una valiente abogada, defensora pública, no solamente se percató del asunto, sino que se atrevió a denunciarlo ante la Procuraduría General de la Nación. Ella se llama Gloria Galvis de Rondón y hoy ella teme por su vida debido a las amenazas recibidas por haber dado este paso. Y es apenas comprensible su temor; y justificado, ya que varios cientos de compatriotas han sido asesinados por haber tenido la osadía de denunciar este tipo de amancebamientos entre la mafia y lo que llamamos “justicia”.

Les cuento la historia desde el principio:

En abril 16 de 2007, el ejército da de baja en combate a Luis Antonio Sánchez Guerrero, un tenebroso delincuente paramilitar, conocido con el alias de “Chicharrón”. La Fiscalía decide, como ya es tradicional, atacar a quienes combaten la delincuencia y empieza a urdir cómo hacerlo. En este momento hay varios militares presos por ese hecho, pero van por la cabeza, el coronel Santiago Herrera Fajardo, poseedor de una hoja de vida intachable y un record impresionante en su lucha contra la delincuencia y el terrorismo.

En octubre 30 de 2007 otro delincuente de las autodefensas se entrega a la Brigada Móvil 15 ubicada en Ocaña, dentro del Batallón Santander. Se trata de John Jairo Pabón Vega, un asesino que reconoce serlo, y que acude ante la Fiscalía Tercera Delegada ante los jueces penales de Circuito para rendir indagatoria en la que afirma que estuvo en las Autodefensas desde mayo de 2007 hasta julio del mismo año, y que el 30 de octubre él dio información al ejército que condujo a un enfrentamiento con otros miembros de su banda.

Hasta ahí, todo normal. Tenemos un hampón que se entrega al ejército, que “sapea” a sus compinches y cuenta dónde hay una caleta llena de armas. Pocos días después el asesino rinde declaración y confiesa ser paramilitar pero dice estar arrepentido debido a los malos tratos de su jefe. Y remata solicitando protección porque dice que sus compinches delatados lo quieren matar. Apenas natural.

Las cosas raras empiezan a suceder cuando el Fiscal 73, nuestro protagonista de esta historia, llama a indagatoria al hampón John Jairo Pabón Vega. Eso sucede en marzo de 2009, dos años después de que Pabón se entregara al ejército.

El Fiscal 73, JOSÉ LINDON PIRACÓN PUERTO, tiene a cargo la investigación de la muerte de alias “Chicharrón” y vincula a Pabón. Recordemos que la muerte de Chicharrón sucede en abril 16 de 2007, y que Pabón en su indagatoria de noviembre de 2007 ya ha dicho que estuvo en las AUC desde mayo de 2007, es decir, un mes después de la muerte de Chicharrón.

En otras palabras, el Fiscal Piracón llama a declarar a un sicario que para la fecha de los hechos no pudo haber sido testigo de nada. Pero las artes que han hecho tristemente famosa a la Fiscalía pueden con todo, así que el paraco Pabón cambia su versión original y dice que no entró a las AUC en mayo de 2007 sino en diciembre de 2006. Sin embargo asegura que no participó ni fue testigo de la muerte de Chicharrón.

En esa indagatoria de marzo de 2009, la defensora pública es la abogada Gloria Galvis de Rondón, quien –como ya lo dijimos- nota que el Fiscal 73, el doctor Piracón Puerto, comete graves violaciones procesales contra Pabón, induciéndolo a las respuestas, amenazándolo, y otras cosas más. Y la abogada Gloria Galvis agrega otro detalle muy importante: se percata de que un personaje pintoresco hace las veces de secretario del Fiscal.

En julio de 2009, tres meses después, la abogada Gloria empieza a descubrir que este “secretario” del Fiscal 73, no es tal, sino que es un procesado más en el mismo caso que se investiga. Se trata del cabo Carlos Eduardo Mora.

El cabo Mora, un procesado en busca de beneficios de la Fiscalía, funge como Secretario del Fiscal que investiga el caso. Y más: El cabo Mora, a la par con el Fiscal Piracón, formula preguntas al sindicado Pabón, y también le sugiere las respuestas: le lee los cargos e insta a Pabón a que “confiese” y se acoja a los beneficios que ofrece la Fiscalía a sus colaboradores.

Imagínense: un procesado haciendo de Secretario del Fiscal y co-dirigiendo la diligencia de indagatoria a otro procesado. Un adefesio procesal y jurídico, una vergüenza para nuestro sistema de justicia.

El cabo Mora le comenta a la abogada Gloria que el Fiscal 73 le da dinerito para sus gastos, y que lo acompaña como su secretario a Cúcuta o a donde lo lleve, y que Piracón le estaba gestionando el asilo en Canadá con toda su parentela. ¡Estaba dichoso el cabo Mora…!

La abogada nota también el afán del cabo Mora y del Fiscal Piracón para involucrar testimonialmente al caso, a Pabón y a los coroneles Herrera y Rincón, lo mismo que al capitán Rivera Jácome; esto, mediante las respuestas que el cabo Mora sugería a Pabón, con la sonrisa complaciente del Fiscal 73 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario… ¡Qué espanto caer en las manos de este par…!

[ad#right]El hecho es que en esta ampliación de la indagatoria, el sicario Pabón, ayudado por los buenos oficios del Fiscal y su “secretario”, el cabo Mora, cambia totalmente su versión y dice que sí, que fue él quien ayudó a asesinar a “Chicharrón”, y vincula infamemente a los oficiales Herrera, Rincón y Rivera. Y el tonto de Pabón, creyendo en las promesas del Fiscal y su “secretario”, el cabo Mora, se autoincrimina… Pero todo en vano porque no es aceptado en el programa de Justicia y Paz, así que no obtiene los beneficios soñados por cualquier asesino que se acoge a éste.

Entonces, la defensora Pública, Gloria Galvis, decide denunciar al Fiscal 73, Piracón, ante la Procuraduría General de la Nación. Pero nada cambia, excepto que esta valerosa mujer está siendo amenazada. Además, el Fiscal 73, Piracón, decide compulsarle copias, es decir, acusarla por cuanta carajada se inventa, y jura ante Dios y la ley colombiana, que él jamás se reuniría a solas con un procesado como el cabo Mora sin la presencia de su defensor o de un delegado de la Procuraduría.

Pues bien… Por el famoso correo de las brujas nos llega una fotografía del Fiscal 73 de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, doctor eminentísimo y correctísimo JOSÉ LINDON PIRACÓN PUERTO, que está reunido a solas (sin su defensor y sin la presencia de un delegado de la procuraduría), con el cabo CARLOS EDUARDO MORA, un procesado que también hace de Secretario de su Fiscal investigador.

En la foto se ve que charlan como viejos compadres, dando pie a que maliciosos como este servidor pensemos que están tramando sus fechorías o sus próximos movimientos para vincular a militares honestos e inocentes en las cochinadas que la Fiscalía inventa para exterminar a nuestro glorioso ejército nacional.

¿Qué dirán el ministro Rivera, el viceministro Guarín y hasta el mismo presidente Santos de todo esto…? Creo que nada, porque para ellos nuestros militares serán “Homicidas en combate”, como los calificaron recientemente con absoluta falta de vergüenza y pudor.

En una democracia madura esto sería impensable, pero en un país como el nuestro, dopado por la centenaria costumbre de la servidumbre,  nada sucede. Y por eso ellos aprovechan, porque bien sabe el asno en qué casa rebuzna.

Esa es nuestra Fiscalía, queridos compatriotas; esa es nuestra justicia. Y, lamentablemente, ese es nuestro gobierno.

Octubre 12 de 2010