LOS HIJOS DE LA PAPELETA

LOS HIJOS DE LA PAPELETA

Por Alberto Acosta – Movimiento de Restauración Nacional

El próximo año se cumplirán 20 años de promulgada la nueva constitución de Colombia, resultado de un movimiento nacido en las universidades y que se extendió por todo el país con el nombre de la Séptima Papeleta. La generación que creció durante este periodo se formo bajo una nueva concepción de Estado y de valores ¿Qué consecuencias trajo para nuestro país esa multitudinaria expresión estudiantil que la subvirtió el orden constitucional que regia a Colombia desde 1886? ¿Es la juventud actual víctima de esa nueva concepción liberal y de izquierda?

El Movimiento Séptima Papeleta tuvo su origen entre los estudiantes universitarios como una expresión de inconformismo y rechazo a la profundización de la violencia en Colombia que había desencadenado en los asesinatos de los candidatos a la presidencia Luis Carlos Galán (Partido Liberal), Bernardo Jaramillo (Unión Patriótica) y Carlos Pizarro Leongómez (AD-M19). Desde sus inicios recibió amplio respaldo de la prensa liberal y de círculos adictos al gobierno liberal, que veían la oportunidad para reformar radicalmente la conservadora constitución de 1886, además que coincidió con intereses globales que promovían grandes reformas institucionales en Hispanoamérica para implementar el consenso de Washington sobre el diseño institucional económico y de promoción de derechos civiles y políticos; contó además con el respaldo de varios sectores de izquierda que veían la oportunidad como única opción de supervivencia ante el inminente derrumbe de la URSS. Recordemos que ya el M-19 ya había formulado un “gran diálogo nacional” al gobierno de Belisario Betancur, y tanto el EPL como las Farc con Jacobo Arenas, en diversas ocasiones habían propuesto la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. La mitad de los grupos insurgente de  la Coordinadora Nacional Guerrillera guerrillas continuo en la lucha armada, pero la otra mitad aprovechó la situación para someterse a las leyes de amnistía e indulto y aprovechar así esa jugosa y singular oportunidad política que se presentaba.

Estos jóvenes entusiastas e idealistas se movilizaron como nunca antes en la historia de Colombia para que en las

elecciones del 11 de marzo de 1990 se promoviera una séptima papeleta para expresar su voluntad de cambio y convocar a una Asamblea Constituyente en Colombia con el fin de reformar la Carta Magna de 1886. Aunque este tipo de reforma constitucional no estaba autorizado en la Constitución, los votos contabilizados fueron tan numerosos que dicha convocatoria fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, en ese entonces máximo órgano encargado de velar por la Constitución, y respaldada por el entonces presidente electo Cesar Gaviria.

La elección de la Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por el presidente para el 9 de diciembre de 1990, y que dio como resultado la siguiente conformación: 25 liberales, 21 del M-19 Y la Unión Patriótica, 20 conservadores, 2 protestantes cristianos y 2 indígenas. El gobierno nombró otros  2 del Ejército Popular de Liberación EPL, 1 del Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT y 1 del Movimiento Armado Quintín Lame, grupos insurgentes que se habían desmovilizado. Los grupos guerrilleros fueron entonces premiados no solo con la amnistía e indulto sino también con la autoridad de presentar las reformas que bien consideraran indispensables en la Constitución vigente.

Dichos constituyentes no solo decidieron reformar la constitución sino hacer una nueva poniéndose por encima del constituyente primario que la haba convocado para reformar y no substituir la constitución de 1886. Pese a la oposición de sector conservador liderado por Álvaro Gómez Hurtado, los sectores liberales y de izquierda se impusieron para redactar una nueva constitución, con las premisas de la paz, la justicia social, la participación popular, las libertades y los derechos ante la población en general, que no entendía de asuntos jurídicos, que dicho texto de inspiración europea traería la Paz y la Prosperidad para la nueva Colombia. Nace así la Constitución de 1991 aprobada mayoritariamente por sectores liberales y de izquierda socialista (70%). Los jóvenes que habían creado e impulsado la séptima papeleta tan solo tuvieron a Fernando Carrillo como su único representante.

Hoy son esos mismos sectores los que defienden la constitución del 91. No importa cuántos estragos haya causado tal papeleta (me refiero a la constitución), que a idolatrado la libertad individual sin compromisos, sin deberes nacionales y sin responsabilidades sociales, la estructura del Estado se multiplicó con nuevos órganos, especialmente de control, que aumento el tamaño y costo burocrático del Estado. Los valores nacionales fueron sustituidos por corrientes idealistas importadas de culturas ajenas a la nuestra. La generación nacida desde entonces creció en un ambiente de destrucción de la Familia y del Matrimonio, en el que la dosis mínima era amparada como un derecho, en la que la educación religiosa era catalogada como un atentado al Estado en una nación mayoritaria y tradicionalmente católica, en la que los delincuentes gozaban de las máximas garantías procesales y a las Fuerzas legitimas del Estado se les cohibía y obstaculiza para cumplir su función de salvaguardad la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos, en la que los ejecutores de Justicia y los generales de las Fuerzas Militares quedaron a merced del Congreso, sometiéndose entonces a los intereses de los partidos políticos de turno. En lugar de conseguir la paz y erradicar por fin la violencia, la Constitución del 91 la encrudeció y retrocedió en más de un siglo en materia de institucionalidad, legalidad y seguridad de la Nación. No bastaron las numerosas constituciones liberales del siglo XIX como ejemplo para aprender que ese pensamiento ajeno a la idiosincrasia del pueblo colombiano traería más guerras, más inestabilidad y más decadencia de las nuevas generaciones.

Hoy los jóvenes debemos asumir el nuevo reto de restituir los valores, principios y doctrina de la Constitución de 1886, más afín a la identidad nacional de nuestro pueblo, con el fin de reconstruir los cimientos del Estado nacional católico que había consagrado la Magna constitución de Núñez, catalogada por Laureano Gómez como “la obra cumbre de la inteligencia nacional” y “la primera síntesis consciente de la personalidad jurídica de Colombia”, en clara oposición a la supremacía de las leyes positivistas sobre las eternas leyes morales que proclamo el núcleo liberal-izquierdista en la pérfida papeleta del 91.