LOS MILITARES SÍ SERÁN JUZGADOS POR LAS FARC

Los militares sí serán juzgados por las FARC

Lo que no esté en el Acuerdo FARC-Santos no hará parte de lo pactado. Es decir, la presunción de legitimidad de las acciones de nuestras FF.AA. no está dentro del acuerdo. Fue otra treta más de Juan Manuel Santos y los bandidos para engañar a nuestros soldados

Por Ricardo Puentes Melo
Septiembre 23 de 2016

Alguna vez le dije a mi otrora amigo José Obdulio Gaviria, que yo creía firmemente en los niveles insospechados de astucia de Juan Manuel Santos. Él me contestó en tono despectivo que Santos no tenía ningún tipo de inteligencia, ni siquiera astucia.

Yo creo lo contrario. Estoy convencido de que la maldad de Santos requiere de un mínimo de inteligencia criminal, de altas dosis de ambición y de la suficiente paciencia para la implementación de sus traiciones. No por nada se agazapó durante años en el uribismo (a donde llegó de la mano de José Obdulio) convenciendo a Uribe de que era un firme defensor de las tesis de seguridad democrática, y haciéndose nombrar ministro de Defensa para poder pasar al paredón a los mejores oficiales de la lucha contra los narcotraficantes de las FARC y el ELN.

La maldad de Santos es la maldad de los comunistas, esa religión maldita que enseña el desprecio por la vida, que justifica el asesinato para implantar la ideología criminal, que usa todos los medios de lucha para conseguir sus fines. Esa religión que tiene como máxima la mentira, el engaño y la traición.

Lamentablemente, entre nuestros oficiales de las FF.MM hay adeptos de esa ideología de inicuos. Altos oficiales que desde sus épocas de cursos fueron adoctrinados por criminales indultados como León Valencia y varios más que fueron invitados para dictar clases en la Escuela Militar con el pretexto de “al enemigo hay que tenerlo cerca”, pero que no era más que una excusa para explicar la presencia de bandidos dictando clase a los defensores de la democracia.

Tenemos a los Generales activos Rodríguez (comandante de las FFMM), Mejía (alias “el mono Mejía”, comandante del Ejército), Flórez, etc., que, como lo dijo abiertamente María Fernanda Cabal, y como lo hemos denunciado en estas páginas, son traidores al Ejército y a la doctrina militar en una democracia, mercaderes de la muerte y desvergonzados con uniforme que no dudan en enviar a la muerte a los soldados a cambio de una “prima de silencio” que no dudan en disfrutar mientras nuestros soldados siguen siendo asesinados, decapitados, quemados vivos, apresados; y mientras las familias de nuestros héroes piden limosnas porque este gobierno prefiere llenar de regalos y prebendas a los bandidos antes que responder con el deber constitucional de proteger a quienes nos protegen.

La traición de Juan Manuel Santos y la cúpula militar contra nuestros soldados, está lista. Tanto el ministro Villegas, como los generales de marras y el mismo Juan Manuel Santos, han visitado las guarniciones para soltar su cháchara mentirosa y tranquilizar a los militares con el cuento de que ninguno de ellos será juzgado por las FARC ni llevado preso por la misma banda.

¡Mentiras! La verdad es que, al igual que en todos los países donde se han utilizado los diálogos de paz como estrategia de guerra, los militares siempre, SIEMPRE, han terminado en las cárceles por sus actos legítimos de servicio en la lucha contra el terrorismo.

¿Recuerdan la ceremonia de ascensos militares y policiales en diciembre pasado? Allí fueron leídos los “Diez puntos de jurisdicción especial para agentes del Estado”, donde el presidente Santos, un mentiroso compulsivo, junto a Yesid Reyes, ministro de Justicia e hijo del amigo de la subversión Alfonso Reyes, y Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, firmaron el “Compromiso del Gobierno en el marco del fin del conflicto armando, para la aplicación de la jurisdicción especial para la paz a los agentes del Estado”, otro ardid de este gobierno que sólo obedece a las directrices de Cuba.

“Este documento de gran trascendencia es un documento histórico, porque por primera vez incluye dentro de un proceso de paz una jurisdicción especial pactada de antemano, no impuesta, para resolver el conflicto”, dijo Santos. ¡Pamplinas!

Se supone que, con la firma del documento que son esos 10 puntos de la aplicación de justicia especial para la paz a los agentes del Estado, Santos y su gabinete tranquilizan a los militares que hayan cometido delitos en lo que se ha dado en calificar como “conflicto armado”. “Delitos”, como dar de baja en combate a bandidos; “delitos” por los cuales tenemos a centenares de militares presos; “delitos” como el que tuvo en la cárcel al Coronel Alfonso Plazas Vega, y que hoy aún tiene tras las rejas al General Rito Alejo del Río, al General Uscátegui, al Coronel Hernán Mejía y a varios más cuyos nombres llenarían páginas y páginas de gloria en los anales de nuestra democracia.

La trampa de Santos es sencilla de ver. Se supone que esos “10 puntos” son el compromiso de este gobierno ante el “Tribunal de Justicia Especial para la Paz” de las FARC que vendrá dentro de poco.

Miremos el primero de esos “Diez puntos de jurisdicción especial para agentes del Estado”:

“1. Deber de garantía y presunción de legalidad: En el caso de los Agentes del Estado, la aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) parte del reconocimiento de que el Estado tiene como fin esencial proteger y garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y debe contribuir al fortalecimiento de las instituciones y de su legitimidad. Sus agentes, en particular los miembros de la Fuerza Pública ostentan el ejercicio legítimo de la fuerza y sus acciones se presumen legales.”

Esto significa, ni más ni menos, que Santos promete que se defenderá la legitimidad de las acciones de las Fuerzas Armadas.

Esa promesa, esa obligación del Estado, debería quedar clara en el acuerdo de La Habana. Pero resulta que en ningún punto de las 297 páginas del acuerdo FARC-Santos, se menciona el deber de Garantía y presunción de legalidad de las actuaciones de las FF.AA en la lucha. La promesa de Santos y los ministros Villegas y Yesid Reyes a nuestros militares, respecto a que se defenderá la legitimidad de la lucha institucional contra los terroristas de FARC y otras bandas, y que esto no será negociable, no aparece por ningún lado esas 297 páginas.

Eso quiere decir que, como la presunción de legitimidad de la lucha contra las FARC no está incluida en el Acuerdo FARC- Santos, todas las actuaciones de nuestros militares irán para el Tribunal donde las FARC serán jueces y parte. Cualquier actuación, cualquier operación, cualquier evento, sea legal o no, irá a la gran caneca de la Justicia para la Paz, donde los terroristas decidirán quién es culpable y cómo se castigará al Ejército, su enemigo natural. Si la promesa hecha a los militares y policías no está en el Acuerdo FARC-Santos, esa promesa queda por fuera del Acuerdo, queda en palabras al viento.

Lo que no esté en el Acuerdo FARC-Santos no hará parte de lo pactado. Es decir, la presunción de legitimidad de las acciones de nuestras FF.AA. no está dentro del acuerdo. Fue otra treta más de Juan Manuel Santos y los bandidos para engañar a nuestros soldados y conducirlos como borregos al matadero, tal y como ha funcionado esa estratagema comunista del Foro de Sao Paulo en países como El Salvador.

Quien quiera tomarse el trabajo de leer esas 297 páginas busque algún punto en donde el Estado colombiano diga que la lucha institucional legítima contra las FARC es algo que no se negociará. No hay nada de eso. Ni se menciona.

Si miramos lo que se ha hecho en la Fiscalía, desde el pacto Iguarán-Ospina, durante la administración de Uribe, hasta este momento, llegamos a la conclusión de que todos irán a parar ante ese Tribunal de Paz de las FARC, tanto delincuentes uniformados -que los hay- como militares que arriesgaron sus vidas en cumplimiento de su deber constitucional.

Se les dice a los militares que estén tranquilos, que sus resultados operacionales podrán ser defendidos con los soportes. Pero, al mismo tiempo, se les ha entregado a bandidos indultados -como León Valencia- el manejo de los archivos de las Fuerzas Militares. ¿Me van a echar el cuento pendejo de que muchos de esos archivos no desaparecerán dejando sin soporte las operaciones legítimas de nuestros militares?

Cuando las FARC hagan su particular justicia desde el “Tribunal para la Paz”, no va a llamar al Estado colombiano para acusarlo, sino a cada uno de los militares que los combatieron, estén activos o no. Cada uno tendrá que responder y mostrar sus informes operacionales. Pero estos no aparecerán.

De hecho, esta Justicia Para la Paz tiene tres etapas. Todo es confesable, si no confiesa como delitos sus actuaciones (así sean legítimas) le clavan mínimo 15 años de prisión, sin rebajas. Es claro que ese ese Tribunal para la Paz no estará sujeto a sentencias previas y que podrá llamar a juicio a militares que ya hayan sido juzgados y absueltos, como el Coronel Plazas Vega, o a militares que siguen presos, como el General Rito Alejo del Río, para imputarlos de los mismos o de otros delitos, según la óptica de la justicia de los bandidos.

Acá es cuando cada militar llamado a este tribunal de criminales empezará a tratar de salvar su propio pellejo y a acusar a sus mandos de todo lo humano y lo divino que las FARC deseen. Todos los enemigos de los narcoterroristas terminarán tras las rejas. Todos los que los hayan combatido terminarán presos. Incluso muchos de la actual cúpula que se han puesto en cuatro ante las FARC.

Lastimosamente, ese es el futuro para nuestras gloriosas Fuerzas Militares que, por ignorancia o cobardía, no supieron aprovechar el momento para invitar al traidor Santos a renunciar o someterse a su juez natural, la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y pagarán caro el no haber cumplido con el sagrado deber de defender la Constitución de Colombia.

Esas son las consecuencias de no haber avizorado el peligro de ser condescendientes con los criminales comunistas. Esas son las consecuencias de creer que hay comunistas buenos.

Esas son las consecuencias de haber infiltrado a Juan Manuel Santos, ficha de Castro, en el uribismo.

@ricardopuentesm
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