PETICIÓN AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS: NO APOYEN NEGOCIACIONES CON LAS FARC

Al Congreso de Estados Unidos: No apoyen negociaciones con las FARC

Al Congreso de los Estados Unidos de América: No proporcionen apoyo financiero o político a las negociaciones de Colombia con la organización narcoterrorista FARC.

Los suscritos pedimos respetuosamente a los miembros del Congreso de Estados Unidos oponerse a la ayuda financiera que pretenden poner en práctica los acuerdos entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y la organización narcoterrorista FARC. Los instamos a oponerse a cualquier tipo de apoyo político a esas negociaciones y a respaldar, por el contrario, al pueblo de Colombia el cual ha sido víctima de la violencia y de la persecución que, durante décadas, las FARC han desatado contra la población civil y contra las fuerzas armadas.

Si bien los colombianos anhelan la paz, la inmensa mayoría de ellos está en contra de los principales puntos del acuerdo Santos-FARC: rechazan que las atrocidades cometidas por las FARC queden impunes; que los terroristas de las FARC puedan participar en política, que se les entregue el control de vastos territorios del país; que se le permita al grupo terrorista FARC conservar sus armas y sus recursos financieros de procedencia ilícita. Los colombianos entienden que dicho acuerdo no traerá la paz, sino que reforzará a las FARC, organización que sigue proclamando su objetivo de siempre: abolir el gobierno democrático de Colombia.

El apoyo de Estados Unidos al acuerdo Santos-FARC servirá para condenar a los colombianos a vivir en un narco-Estado fallido. Ayudará a consolidar a los terroristas que han atacado las compañías estadounidenses, que han secuestrado y asesinado ciudadanos de Estados Unidos por considerarlos “objetivos militares”, que han inundado con cocaína y heroína, desde hace décadas, el mercado de Estados Unidos.

Mientras resurgían regímenes autocráticos en el hemisferio – como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia – Colombia ha seguido siendo el aliado más antiguo y más firme de los EE.UU. en la región. Sin embargo, la financiación y el apoyo al acuerdo Santos-FARC es una traición a las personas que han luchado junto a los EE.UU contra el tráfico de drogas y contra el terrorismo, y equivale a desperdiciar los 10 mil millones de dólares que los contribuyentes de EE.UU. invirtieron en esa empresa.

Durante diez años, los EE.UU. y Colombia cooperaron con éxito, mediante el Plan Colombia, en la reducción y destrucción de gran parte del negocio de la droga de las FARC. Sin embargo, en los últimos cinco años, y durante el proceso de paz, las FARC se ha hecho más fuertes, más ricas y mejor armadas. Mientras que participaban en la llamada “negociación de paz”, las FARC siguieron comprando armas. Hoy son de nuevo los principales productores de cocaína del mundo, el tercer grupo terrorista más rico del mundo y uno de los más sangrientos.

Este mes, la ONU reveló que el número de ataques armados de las FARC se triplicó en 2015, en comparación con 2014, y que ello generó el desplazamiento de 3.700 familias.  Se supone que esto hace parte de la recta final de las negociaciones “de paz”. Ni uno solo de los 2 700 secuestrados que siguen todavía en poder de las FARC, según los estimativos, ha sido puesto en libertad gracias a las negociaciones. Las FARC todavía mantienen en sus campos cerca de 2.000 niños como esclavos sexuales y como combatientes, no ha liberado uno solo de ellos y sigue reclutando niños por la fuerza, cuyas edades promedio es de 12 años, según la UNICEF. A pesar de estar de acuerdo con una iniciativa destinada a eliminar las minas antipersonas, las FARC han admitido que han plantado nuevas minas donde el Ejército las había retirado. La extorsión en las zonas rurales también se ha disparado. Y mientras hablan de “paz”, las envalentonadas FARC siguen emitiendo amenazas de muerte, y declarando como “enemigo de la paz” y “objetivo militar”, a todo aquel que se oponga a las negociaciones. El mes pasado, las FARC lanzaron una amenaza de muerte contra el líder de la Asociación de Ganaderos de Colombia y su familia, sin que el gobierno de Santos haya reaccionado.

Las declaraciones públicas del gobierno de Santos en el sentido de que las FARC no tienen dineros de procedencia ilícita, que no son narcotraficantes, que deben ser retirados de la lista estadounidense de organizaciones terroristas, y que son dignos de confianza, son asombrosas y deben abrir los ojos a Estados Unidos sobre la credibilidad del gobierno de Santos.

También es falsa la afirmación del presidente Santos de que los colombianos tendrán la última palabra sobre las negociaciones de paz. Después de haber prometido públicamente un referéndum, Santos lo repudió y llegó a decir que nunca lo había propuesto. Enseguida propuso un plebiscito, redujo al 13 % el umbral de aprobación del 51% y aun así ese sistema de validación parece congelado. En lugar de eso, Santos propuso una ley que crearía un exiguo comité para ratificar los acuerdos sin pasar por el Congreso y sin consultar al pueblo colombiano. También inventó una ley que le daría el poder de gobernar por decreto para aprobar todos los acuerdos con las FARC. Esos no son pasos hacia la democratización sino hacia la creación de un régimen autocrático.

Los colombianos no quieren ser gobernados por una banda terrorista armada y financiada por la droga, que no ha adquirido estatura política gracias a acto alguno de verdad, de arrepentimiento, de contrición, de enmienda o de reparación. Eso sería devastador no sólo para Colombia, sino para la estabilidad de la región.

Si el Congreso de Estados Unidos quiere ayudar a restablecer la democracia, los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho en Colombia, no debe financiar ni respaldar los acuerdos Santos-FARC.

Esta petición es presentada en nombre de las siguientes organizaciones no gubernamentales y de particulares: Verdad Colombia; UnoAmérica; Ricardo Puentes Melo, Director de Periodismo Sin Fronteras; Jaime Restrepo, Director de la Asociación de Víctimas de las Guerrillas y del Terrorismo (AVGT);  Fernando Vargas Quemba, Director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA); Libardo Botero, Director de Periódico Debate; por los periodistas Eduardo Mackenzie, Plinio Apuleyo Mendoza, Andrés Candela, Jaime Jaramillo Panesso; y todo el que la suscribe.

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PETICIÓN AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS: NO APOYEN DIÁLOGOS CON TERRORISTAS