VOTAR MAL, UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD

VOTAR MAL, UN PELIGRO PARA LA SOCIEDAD

Octubre 10 de 2011

A pocos días de las elecciones regionales en Colombia, el desprestigio de la clase política alcanza sus niveles más altos en muchos años. Hechos como la reciente medida de aseguramiento en contra del alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, y el avance de las investigaciones contra las cabezas del cartel de la contratación, hacen pensar en la importancia de que el electorado no se vuelva a equivocar el 30 de octubre próximo cuando elija a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

En efecto, el 22 de septiembre se inició la debacle judicial de Samuel Moreno, luego de que el Juez 28 de control de garantías dictara en su contra medida de aseguramiento por considerarlo un peligro para la sociedad, debido a la importancia y gravedad de los delitos que le fueron imputados. Así mismo, por la posibilidad de que, en su calidad de alcalde, pueda afectar el curso de las investigaciones, influenciando a funcionarios de la administración para modificar testimonios y desaparecer pruebas; y del eventual riesgo de su no comparecencia a juicio teniendo en cuenta que es ciudadano norteamericano y podría refugiarse en los Estados Unidos.

Después de tres meses de retraso, de la renuncia de dos abogados, y bajo la advertencia de declararlo en contumacia, se presentó Moreno a la audiencia de imputación. En ella se le formularon tres cargos: “Interés indebido en la celebración de contratos”, “peculado por apropiación a favor de terceros” y “concusión”.

La imputación de cargos es la primera etapa del proceso penal en su contra con que la Fiscalía espera desentrañar los probables vínculos del alcalde con los demás integrantes del “Cartel de la Contratación”, en el que se encuentran sus subalternos más cercanos: el jefe jurídico Inocencio Meléndez y la directora del Instituto de Desarrollo Urbano, Liliana Pardo. Así mismo, los hermanos Nule y su socio Mauricio Galofre, cuyo proceso avanza por la colaboración de éstos con la justicia. Otros miembros del Cartel son los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapias, junto con el abogado Álvaro Dávila, y el ex representante Germán Olano, todos intermediarios de los Nule con funcionarios del distrito. Por último, el Contralor Miguel Ángel Moralesrussi, y el hermano del alcalde, el ex senador Iván Moreno Rojas.

Son tres los contratos de empresas del grupo Nule que dieron lugar a la imputación de cargos. El primero y más conocido es el de la Fase III de Transmilenio por la calle 26. Pero los otros dos, de mantenimiento de la malla vial, fueron los que sacaron a la luz pública el escándalo de corrupción, cuando en junio de 2010 fue revelada por Caracol Radio una grabación entre Germán Olano y Miguel Nule en la que Olano pone de presente la molestia del contralor de Bogotá por no haber recibido su “tajada”.

El primer delito imputado a Samuel Moreno se llama “interés indebido en la celebración de contratos”. Se refiere a la conducta del servidor público que en la celebración de contratos privilegia su interés personal sobre el de la administración. A juicio de la Fiscalía, Moreno comete este delito cuando participa en el acuerdo de comisiones con los Nule para la adjudicación de los contratos de la malla vial que, según la grabación y otras pruebas, parecía corresponderles a los hermanos Moreno en un monto del 8%, cuantía que se calcula en $10.800 millones.

El segundo cargo es peculado por apropiación a favor de terceros. Comete este delito el servidor que se apropia de recursos públicos en beneficio de terceras personas, como cuando el alcalde Moreno cedió el contrato de la Fase III de Transmilenio a Conalvías sin hacer efectiva la multa por incumplimiento en contra del Grupo Nule y haciendo pagar al distrito otro anticipo al nuevo contratista. Se calcula que dicha operación causó un detrimento de $218 mil millones al patrimonio de la ciudad.

El tercero es concusión. Se da cuando el servidor público solicita, constriñe o induce al particular a dar o prometer dinero o cualquier otra utilidad indebida a cambio de hacer u omitir un acto. Se refiere a la supuesta reunión de Samuel Moreno con los Nule en la sala VIP del aeropuerto El Dorado, en la que les solicita $5.000 millones a cambio de no decretar la multa de $69.000 millones por el incumplimiento de la Fase III de Transmilenio. Este hecho está respaldado por los testimonios de Miguel Nule y varios turistas que se encontraban en la sala, los cuales daría a conocer la Fiscalía en la audiencia preparatoria.

Un cuarto cargo que se había anunciado, prevaricato por omisión, finalmente no le fue imputado por el fiscal. Al parecer, puede estar reuniendo las pruebas para formularlo con posterioridad, o quizás su no imputación se debió a que los anteriores delitos eran suficientes para sustentar la medida de aseguramiento. Sin embargo, con el avance del proceso y la develación de evidencias físicas, material probatorio e información obtenida por la Fiscalía, este delito pueda concursar pues son varias y manifiestas las irregularidades en todo el proceso de contratación frente a las cuales el alcalde no utilizó los mecanismos de saneamiento que tenía a su disposición.

Otro delito que debió ser imputado por el fiscal a Samuel Moreno es concierto para delinquir, debido a que en los tres cargos se evidencia la un acuerdo de voluntades para violar la ley penal, conducta que constituye per se un tipo autónomo.

A pesar de los tres días que duró la audiencia, desde un primer momento era clara la procedencia de la detención preventiva. Desafortunadamente, el abogado de la defensa, Ricardo Alarcón, en ningún momento atacó los fundamentos de la Fiscalía para solicitar la medida. Por el contrario, elaboró una argumentación extensa y poco afortunada en la que impugnó la participación de Moreno en el “Carrusel de la Contratación”, cuando la audiencia de imputación no es la etapa pertinente para descubrir las pruebas ni para debatir la responsabilidad penal.

Según el abogado Alarcón, el detrimento al patrimonio de la ciudad fue causado por los Nule con participación de funcionarios del IDU, sobre los cuales el alcalde no es responsable. “El cartel no es de la contratación sino de la difamación”, dijo, y su víctima es Samuel Moreno. Señaló como cabecilla del cartel al Procurador General, Alejandro Ordóñez, quien habría destituido a Samuel Moreno el pasado 3 de mayo para favorecer a los hermanos Nule, sus socios. Esto último indignó a la delegada de la Procuraduría, pues Alarcón no aportó prueba alguna del supuesto vínculo entre Procurador y los Nule. Continuó diciendo que se trataba de una persecución política contra su defendido y anunció el llamamiento de la OEA como garante del debido proceso. Por último, reconoció que se presentaba a la audiencia sin haber leído cientos de folios del expediente de su cliente por falta de tiempo. En síntesis, Alarcón desperdició la oportunidad de contradecir la necesidad de la medida privativa de la libertad contra su cliente, pues nunca rebatió los argumentos de la Fiscalía sino se ocupó de discutir la responsabilidad de fondo sin haberse develado las pruebas, lo cual corresponde a una etapa procesal posterior.

Moreno fue conducido por el INPEC a la Escuela de Carabineros donde permanecerá a la espera de la audiencia de

acusación que se llevará a cabo a comienzos de diciembre, todavía en fecha por definir. Se ha conocido que no solicitará el beneficio de la detención domiciliaria y que seguirá alegando su inocencia.

Sin querer prejuzgar, y reconociendo la presunción de inocencia que cobija a Samuel Moreno en esta etapa del proceso, la estrategia de la defensa, encaminada a  probar el desconocimiento del alcalde acerca del carrusel de la contratación en Bogotá es una jugada muy arriesgada considerando el estado actual de las investigaciones. El avance del proceso contra su hermano Iván Moreno en la Corte Suprema de Justicia, los testimonios de los Nule avalados por evidencias; los de Inocencio Meléndez, quien se declara culpable y lo vincula, y el de Liliana Pardo ante la Procuraduría, en el sentido de que Moreno tenía conocimiento directo de la contratación, hacen prever la dificultad de justificar la inocencia de una pieza clave del entuerto como lo era la figura del alcalde mayor. En caso de ser vencida en juicio la defensa, tendría que enfrentar una condena de entre 10 y 25 años de cárcel; mientras que si se allanara, no solo reduciría la pena hasta en la mitad, sino que además contaría con la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Fiscalía para retirar de la imputación de algunos delitos. Habría que creer que si no lo hace es porque tiene la manera de probar su inocencia.

Alarcón sigue cabalgando sobre la tesis de que la responsabilidad por la contratación es directa, en este caso en cabeza de Liliana Pardo como directora del IDU, pasando por alto que cuando se tiene la posición de garante sobre un bien jurídico (el patrimonio público), la omisión de evitar un resultado dañoso (detrimento a favor de terceros), se equipara a la comisión de la conducta punible. Si se tratara de la contratación de resmas de papel para la Lotería de Bogotá sería atendible su tesis, sin embargo el caso por el que se le investiga es un megaproyecto de 2 billones de pesos sobre el cual, por su importancia y su cuantía, el alcalde debe ejercer control directo.

Sea por dolo o por cándida omisión, queda claro que los 1203 días de Samuel Moreno al frente de la administración de Bogotá fueron el peor castigo para una ciudadanía políticamente inmadura, crédula de candidatos por sus manillas, por sus promesas de hacer metros en el aire, por sus bazares, por la lechona repartida y por su propia ingratitud hacia recientes líderes que sí invirtieron en infraestructura y desarrollo. Desde la misma campaña, Samuel Moreno no daba garantías de contar con capacidad gerencial ni experiencia en los problemas de Bogotá, pero aún así obtuvo más de 900 mil votos, la votación más alta de la historia para un alcalde.

En medio del desconcierto por la involución de la ciudad, hay que resaltar el “mea culpa” del Polo Democrático al ofrecer disculpas públicas, aunque tardías, por tamaña pifia de postular a “Samu EL Alcalde”. Sin embargo su directiva adoleció de autocrítica al momento de presentar candidato a la alcaldía en la actual contienda electoral. También cuando solo expulsó al nefasto dirigente cuando ya había sido destituido por la Procuraduría.

Ojalá el 30 de octubre el electorado bogotano no le vuelva a fallar a su ciudad y su historia. Ojalá esta vez aprenda la lección y no crea más en ilusionistas de la justicia social. El desarrollo humano no se consigue con sociólogos dogmáticos sino son administradores técnicos. Ojalá el 30 de octubre tampoco reelijan a los concejales que nunca ejercieron control político al alcalde y, por tanto, son corresponsables del retroceso de Bogotá.