PASÁNDOSE EL DERECHO POR LA FAJA

Pasándose el derecho por la faja

No es verdad. No hay tratado internacional alguno que permita a Santos a hacer lo que hizo. De hecho, Perdomo no se atreve a nombrar tal tratado

Por Rafael Nieto Loaiza

Octubre 19 de 2014

Lo importante no era si a Pinzón se le escapó contar sobre los viajes de “Timochenko” o si lo hizo de acuerdo con el Presidente (me mantengo en que el Ministro fue emboscado en esa entrevista). Pero tres razones explican que los medios se hayan centrado en lo anecdótico y no en el fondo.

La primera, la superficialidad del grueso de nuestros periodistas, casi siempre incapaces de ir a lo sustantivo. La segunda, la obsesión nacional con las elecciones. A Pinzón ya lo volvieron precandidato presidencial y en adelante todo lo que haga o diga se leerá desde esa perspectiva. Tiene méritos, sin duda, pero la discusión no solo es prematura sino que le hace daño. Y por último, la mermelada, que hace que los grandes medios protejan al Presidente de todas sus metidas de pata.

Y esta fue una enorme que no ha hecho sino agrandarse. Me explico: para empezar, la autorización de Santos a “Timochenko” supone que el Presidente avale tácitamente su presencia en Venezuela y el amparo y apoyo que el gobierno de Maduro le dan. El Presidente no puede olvidar que tal hecho es una flagrante violación al derecho internacional, que no solo prohíbe dar refugio a terroristas sino que obliga a colaborar para perseguirlos, y constituye una agresión del gobierno chavista a la población colombiana. Después, si había quedado duda sobre el sustento legal de la decisión de Santos, quedó confirmado que no lo tuvo.

Así se desprende del intercambio entre el Procurador y Santos. El Presidente se niega a responder a las preguntas que le hace Ordóñez sobre la base legal para los avales a “Timochenko”, y lo despacha con un despectivo “absolutamente improcedente”. Santos, dice, con razón, que “la dirección del proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente” y recuerda que “la Constitucional ha sostenido que los mecanismos de solución de conflicto corresponden a decisiones del alta política reservadas al fuero presidencial”. Pero ocurre que nada de eso está en cuestión. Lo que se pregunta es el sustento jurídico de la decisión de avalar los viajes del capo de las Farc, no si el Presidente es quien debe dirigir el proceso de paz. Y sobre eso Santos no dice ni mu.

Tal silencio no solo es injustificable sino peligroso. Porque por mucho que las decisiones sobre la paz sean políticas y correspondan al Presidente, deben ajustarse a la Constitución y la ley. Santos no está por encima de las normas jurídicas. Tiene que sujetar sus decisiones políticas al estado de derecho. Para la búsqueda de la paz tiene la ley de Orden Público, hoy la 1421 de 2014. Si quería autorizar a “Timochenko”, tenía que usar esa ley y hacer lo que en ella se indica: reconocer al jefe de las Farc como “vocero” o “miembro representante” y solicitar la suspensión de las órdenes de captura.

Con los avales a “Timochenko”, Santos se pasó el estado de derecho por la faja. Así de sencillo. No es la primera vez. Lo hizo también al hundir la reforma a la justicia, como bien se lo recordó el Consejo de Estado. Y pasó lo mismo en la campaña electoral. A Santos empieza a gustarle jugar por fuera de las reglas. Pero no solo no reconoce su error, sino que se da el lujo de mandar al demonio al Procurador.

Para salvarle el pellejo, interviene el vicefiscal Perdomo que, para rematar, hace peor el asunto. Dice el Vicefiscal que el Presidente por ser “jefe de Estado, está facultado a hacer lo que hizo gracias a un marco del derecho internacional que lo ampara”. Pues no, no es verdad. No hay tratado internacional alguno que permita a Santos a hacer lo que hizo. De hecho, Perdomo no se atreve a nombrar tal tratado. Sugiere que es el Protocolo II de Ginebra, pero no lo dice. Y no lo dice porque sabe que nada hay en ese Protocolo que hable sobre “la paz” ni autorice a Santos a desconocer nuestro orden jurídico interno. Pero el Vicefiscal se ciega por la pelea que tienen casada con la Procuraduría y tratando de salvar al Presidente, hace aun más daño.

Insisto, nadie cuestiona el derecho del Presidente a dirigir el proceso de paz. Lo que se pide es que en tal tarea, como en todas, se ajuste a la Constitución y a la ley.