¿DE QUÉ LADO ESTÁ LA FISCALÍA?
Todo parece indicar que la Fiscalía General de la Nación se empeña en lavarle los crímenes a las FARC
¿De qué lado está la Fiscalía?
Todo parece indicar que la Fiscalía General de la Nación se empeña en lavarle los crímenes a las FARC
Por Juan Fernando Casas Vargas
Octubre 24 de 2014
La Fiscalía General de la Nación, como ha sido su constante desde que a la cabeza del ente acusatorio está el abogado Eduardo Montealegre Lynett, no deja de sorprendernos con sus inclinaciones y posiciones abiertamente recalcitrantes, en muchos casos antijurídicas y si se permite el término, por sus declaraciones estrambóticas a la opinión pública, donde ha dado una serie de señales equívocas, perversas y ambivalentes en torno a la defensa de un proceso de “negociación” con la organización narcoterrorista de las FARC, que a juicio de la inmensa mayoría de los colombianos no ha pasado de ser un grotesco y cínico espectáculo en el que asesinos y bandidos de todos los orígenes delincuenciales se unen para engañar al Estado, burlarse de sus víctimas, lavar sus crímenes atroces y entre tanto, lavar sus enorme patrimonio derivado de una conducta despreciable y ruin durante casi sesenta años, como resultado del secuestro, la extorsión y el tráfico de narcóticos, para citar sólo algunas de sus prácticas macabras.
A este juego degradante se han prestado medios, empresarios, autoridades judiciales y administrativas, entre otros. Pero quien ha manifestado mayor inclinación a que el narcoterrorismo salga impune y avante, cambiando décadas de genocidios, violaciones, secuestros, extorsiones, crímenes de lesa humanidad, reclutamiento de menores, atentados contra la infraestructura y la población civil, por trabajo social, participación política y lavado de activos, ha sido la propia Fiscalía General de la Nación, que prácticamente viene oficiando como la defensa jurídica de las FARC y no como la institución que contribuye a investigar para dar soporte al esclarecimiento de la justicia en nuestro país. Lo que aquí se ha dicho, además de tener toda la lógica, tiene el requerido acervo probatorio. Sino, traigamos a colación la reciente decisión en virtud de la cual, se declara como delito de lesa humanidad 34 ataques contra la Unión Patriótica.
Este partido era célebre porque constituía el brazo político de la narcoterrorista FARC y porque sus dirigentes no representaban precisamente una lucha social ni reivindicadora de la democracia como bandera política seria y respetable. Todo lo contrario, jamás se opusieron al derramamiento de sangre ocasionado por quienes usaron y siguen usando la combinación de todas las formas de lucha para combatir a un Estado legítimamente constituido en sus Fuerzas Militares y de Policía, así como sus demás instituciones cuya génesis proviene de la Constitución y la ley.
Ahora resulta que en medio de un seudo proceso de paz, como si le estuviesen dando gusto a las FARC, se siguen persiguiendo militares y policías al tiempo que se legitima la criminalidad de una organización cuya sistematicidad en sus acciones violentas es histórica. Varias son las preguntas que la fiscalía debe responder al país e incluso a la comunidad internacional, entre ellas, ¿por qué se declaran crímenes de lesa humanidad los cometidos contra la Unión Patriótica o el asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, mientras que el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado permanece en la más aberrante de las impunidades sin que siquiera se le dé a su asesinato el tratamiento de crimen de lesa humanidad y entre tanto, convierta este acto demencial en imprescriptible, de tal manera que la justicia opere con en derecho y salde una deuda frente a este magnicidio? ¿Con base en qué fundamento jurídico la fiscalía hace distinciones sobre la declaratoria de crímenes de lesa humanidad para unos casos sí y para otros no? Si de crímenes de lesa humanidad se trata, ¿por qué la fiscalía niega la comisión de este tipo de delitos por parte de las FARC, desafiando así los tratados internacionales y el bloque de constitucionalidad?
Ahora bien, en cuanto a la salida de criminales de las FARC a territorio cubano, ¿la fiscalía ha mostrado a la opinión pública la suspensión de las órdenes de captura de estos terroristas para que puedan salir del país? De no existir estas suspensiones, tanto la fiscalía como el presidente de la República habrían violado el ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, esto no parece importarles, el prevaricato y la desobediencia de la ley están a la orden del día, el cartel de falsos testigos cada vez cobra mayor fuerza, siendo este el insumo villano que usa la fiscalía para perseguir a quienes están del lado de la institucionalidad y dar gusto al narcoterrorismo.
Así están las cosas en nuestro país, razón por la cual, debemos advertir con preocupación, que esta entidad, lejos de depurarse y descontaminarse, está más cerca de afianzarse como la jefatura jurídica de las FARC. Sino, que lo diga el más seguro aspirante para suceder a Eduardo Montealregre, otro samperista consumado que no sólo en la actualidad es abogado de Iván Cepeda Castro, fue también director del DAS en los tiempos que ocurrió el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado. Siniestra coincidencia.
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