PONER LAS COSAS EN SU SITIO

PONER LAS COSAS EN SU SITIO

Por Fernando Vargas  (Defensor de derechos humanos)

El desgraciado asunto llamado de los niños de Arauca, en el que se presentan hechos irracionales como la violación de una menor de edad y su asesinato junto con sus dos menores hermanitos y doce días antes otro acto de atropello sexual contra otra menor, denunciado por la víctima y su madre,  ha permitido un muy pobre y triste lucimiento de las cúpulas militares y ministeriales, que por lo mismo envalentonó a la mamertería, ese comunismo criollo siempre listo como buitres a caer sobre cualquier irregularidad grave o leve cometida por miembros de las Fuerza Militares.    

Esta mamertería  de frente o soterradamente,  en coro, desde trincheras plenamente establecidas en los medios de comunicación, en desaforada verborrea detestable e infame, han tratando de sacar el máximo provecho propagandístico contra el ejército al lomo de un par de actos criminales cometidos por un individuo, que no por o como desarrollo propio de ninguna operación militar, ni mucho menos en cumplimiento de una orden superior.  Nada de eso, simplemente estamos frente a algo tan terrible, como simple. 

Un subteniente denunciado por sus mismos soldados por haberse evadido del sitio del campamento en dos ocasiones, avizorado por los centinelas, quien finalmente luego de la evidencia en su contra, evidencia obtenida por esfuerzo de los mismos mandos de la brigada 5 de Tame, admite su participación en la ilegal acción sexual con las dos niñas menores, y con otras más, dejando a la fiscalía el esfuerzo por  demostrar su autoría y responsabilidad en el triple homicidio.  Este esfuerzo del organismo judicial de investigación debe resultar prospero y prontamente fructífero y hay demostraciones  fehacientes de que cuenta para el logro de este resultado con el apoyo y disposición de colaboración del Comandante de la brigada móvil No. 5  y en general con todo la institución militar.   

Así que nada se ocultó por parte de la Brigada No. 5 de Tame y de su Comandante y por el contrario, para ser francos, este resultado obtenido hasta hoy en esta investigación se debe en gran parte al esfuerzo del mando de esa unidad militar, para que se esclarecieran las cosas y se determinara el o los culpables de estos crímenes y se pusieran a disposición de  la justicia colombiana.  

Así que hablando claro estamos ante unos actos criminales cometidos por un individuo, a la sombra de sus superiores y mucho más a la sombra del Comandante de su Brigada, quien se encontraba en el puesto de mando suyo en Tame a decenas de kilómetros de los hechos.  Unos actos aberrantes e inadmisibles desde cualquier punto de vista. Es que nadie ha tratado de justificar los crímenes o darle la más mínima justificación social o política,  como recurrentemente lo hacen los comunistas con actos similares cometidos por sus afines ideológicos  guerrilleros. 

Recientemente se escuchó en el Congreso nacional cosas tan igualmente aberrantes como la de un senador conservador tratando de justificar la carrera criminal de alias “Jojoy”, dizque porque desde niño no tuvo oportunidades mejores.  No, en este caso nadie ha justificado nada, ni ocultado nada.  Lo que ocurrió es que los asustados mandos militares, flojamente asesorados, dieron la impresión de sentirse culpables de los hechos y parecen reos sentados en juicio en cada entrevista de televisión. 

Estamos de acuerdo en que los hechos son aberrantes y que han sido rechazados por todos los militares.  Pero de allí a tratar de exigir y presionar un mea culpa institucional; de allí a exigir un perdón institucional y en coro de todos los militares; de allí a exigir la aceptación criminal de la culpa y la responsabilidad de este crimen, como acto institucional y ordenado por el comandante de la Brigada 5 o del ejercito; de allí a auto maltratarse los mismo integrantes de las FF.MM.; de allí a correr como locos lamentándose del hecho y ofreciendo la cabeza y las carreras militares de cuanto miembro del ejercito sea requerido por cualquier periodista; de allí a tratar de propinarle un golpe calculado y contundente  de propaganda al ejercito, hay una distancia y un abismo enorme. Eso es otra cosa y estamos lejos, de verdad lejos, de aceptarlas y ya viene siendo hora de que los mandos militares se den cuenta de estas cosas y se pongan serios frente a esta campañita, que amenaza con hacerles más daño que 50 años de agresión terrorista guerrillera. 

Cómo es posible que un subteniente realice semejantes actos aberrantes, se preguntan los medios, en forma desconcertante por demás.  Como si los miembros del ejército fueran creados en laboratorios dentro de las unidades militares en medio de noches tenebrosas y creando la ideíta que tal vez también son entrenados en aulas diseñadas para practicar violaciones a niñas y asesinatos de niños.  No, nada de eso.   

Al pan pan y al vino vino, reza el viejo adagio, así que digamos que lo que hay al interior del ejército es lo que da la tierra, lo que producen los centros educativos del país, los medios de comunicación y ciertas familias que naufragaron en su responsabilidad.  Esos muchachos no son nacidos, ni criados al interior del ejército, como en su mayoría de casos tampoco estudiaron su primaria o bachillerato a su interior.  De manera que el ejercito recibe, o mejor al ejercito se inscriben jóvenes colombianos portadores de valores y principios fortalecidos en familias estables y respetuosas, como también jóvenes con defectos en su formación o con vicios que como lastre de personalidad los lleva a producir escándalos y crímenes como el de este caso.  Pero igual, jóvenes y adultos  así, exactamente así, iguales al señalado y confeso St. Muñoz, se encuentran en todas las instituciones públicas y privadas, o por las diferentes calles de barrios o comunas de las ciudades perpetrando crímenes similares o peores si se quiere.

Así que nada de rasgarse la ropa  por  este caso.  Aquellos moralistas a ultranza que igual que condenan al ejército en pleno por este acto cometido por un individuo ajeno a orden superior y que al tiempo promueven y festejan el asesinato de niños en el vientre de sus madres, tienen que bajarse del bus de la hipocresía y el oportunismo mamerto.  A diferencia de este caso, los asesinatos y descuartizamientos de niños y niñas a manos de las Farc ocurren por norma de comportamiento de sus militantes, por doctrina revolucionaria y comunista, que le hace pedestales al asesinato en masa y al genocidio, al terror como forma de sometimiento de la población civil.

Y mejor que dejen de hacer manipuladas estadísticas y comparaciones criminales con el estamento militar, porque forzarán a que se hagan comparativamente con los estamentos políticos y seguramente saldrán mal de cifras los partidos políticos de izquierda a través de la historia y sus brazos armados.

Pero hay otro acto también aberrante,  que extrañamente no ha llamado la atención de los medios de comunicación, tan acuciosos en este caso.  Pese a que la Brigada 5 de Tame  ofreció total apoyo, seguridad y acompañamiento a la fiscalía para realizar el desplazamiento y levantamiento de los cadáveres, la fiscalía no fue y no realizó tan importante diligencia y por el contrario, sorprendente e ilegalmente, la diligencia la realizó subrepticia y sigilosamente, la Cruz Roja, sí la Cruz Roja de Arauca, ni mas, ni menos. ¿Qué tal?  Y eso no le importa a nadie, semejante vulneración al procedimiento no le interesa a los medios, ni a los organismos de control en Bogotá, a nadie.  Qué cosa tan extraña.  Lo que evidencia que este escándalo no busca justicia,   sino tirarse la imagen del ejército, ni más, ni menos. 

Al contaminar la escena del crimen se entorpece el derecho a la justicia y las posibilidades de evidencia aforadas en cadena de custodia.  Por qué a nadie le importa esta vulneración a los derechos de las víctimas.  Entre los miembros de la Cruz Roja y otros particulares, que a media noche del 16 de octubre pasado, dos días después del crimen y el mismo día de la noticia criminal, fueron y exhumaron los cadáveres, revolcaron toda la escena y los alrededores del sitio, terminaron de cometer el crimen completamente, al arrasar con el procedimiento penal colombiano, actuar por fuera de la ley y sin competencia de funcionarios judiciales.  

O sea, estamos frente a un acto atroz de vulneración de procedimientos judiciales y usurpación de competencias y posible daño a evidencias y por consiguiente al derecho de las víctimas y a la preservación de la prueba. Y a nadie le importa.  O sea que comenzó a hacer camino este tipo de acciones ilegales por parte de organismos “humanitarios” y ya veremos a las Ong´s haciendo lo suyo en adelante.  Esto no solo amerita un escándalo, sino un proceso penal para que se investigue y se sancione a los responsables de esta otra violación.

Seguramente, si los delincuentes no tuvieran  la protección de la llamada reserva judicial, desde un comienzo se sabría todo, se conocerían las comunicaciones de la Brigada 5 a los organismos judiciales ofreciendo su acompañamiento para las diligencias judiciales en el sitio de los hechos. Se conocerían las declaraciones de los soldados denunciando al St. Muñoz, por las veces que se evadió y con los elementos que lo vieron, sin dejar espacios a campañas difamatorias, ni a ocultamiento de acciones de típica  vulneración al procedimiento y la pureza de la prueba, como el que ocurrió con la diligencia de levantamiento en este caso. 

Ya es hora de que se levante la reserva para casos de connotación nacional, para no dejar espacios a suspicacias, ni manipulaciones de la opinión como en este caso está ocurriendo.  Eso se llama transparencia, lo demás es facilitar la labor de propaganda de la mamertería nacional, experta en seleccionar las pruebas para publicar editadas solo las que incriminan militares, pero nunca las que demuestran inocencias de militares o las que incriminan a sus militantes comunistas.

Basta ya de campañas difamatorias contra el ejército nacional.  Está plenamente comprobado que el actuar del Comando de la Brigada móvil No. 5 y del ejército nacional, ha sido transparente, pronta  y solidaria con la justicia, nada han ocultado, nada han dejado de hacer para que se conozca la verdad y el responsable de estos delitos y por tal razón es que el St. Muñoz reconoció su participación en el delito.   Estamos frente a unos actos criminales  individuales, que en nada comprometen a la institución del ejército ni a sus mandos, como lo infieren pérfidamente algunos, a quienes debemos replicar que con su misma inferencia, por cada delito cometido por un periodista debe ser llamado a responder penalmente el director del medio y el jefe  de redacción, por lo menos, hasta que Roxin, reinterpretado, permita llamar a responder  también a los accionistas del medio.

3 de noviembre de 2010