LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA OBRA A FAVOR DE LAS FARC

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA OBRA A FAVOR DE LAS FARC

Por Graça Salgueiro

Un escándalo mayúsculo cayó sobre Colombia desde que el pasado 19 de mayo la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el más alto tribunal del país, decidió por unanimidad (de nueve jueces, ocho votaron a favor de la invalidación y uno se abstuvo, ya que estaba enfermo) declarar “inválida” la evidencia contenida en los computadores de Raúl Reyes. Por medio de los contenidos de estos archivos se llevaron a cabo otras operaciones contra el terrorismo internacional, no solo en Colombia, sino en España, Chile, México y Paraguay, con la captura de algunos miembros de las FARC y el impedimento para que cometan acciones terroristas.

Sin embargo, para la CSJ las valiosas evidencias encontradas allí no tienen validez legal para condenar a los acusados, teniendo en cuenta que la operación se hizo “ilegalmente”. Tal decisión se basa en un tratado firmado entre Colombia y Ecuador: el Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado en Bogotá el 18 de diciembre de 1996, reconocido como ley por la Corte Constitucional.

Este acuerdo compila las normas básicas del debido proceso que, según ellos, no se cumplieron con la recolección de pruebas en el campamento de Raúl Reyes en Angostura, Ecuador. Dicen los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia:

(…) “De ese modo, si las autoridades nacionales desprovistas de facultades de Policía Judicial, desatendiendo la anterior preceptiva, desde la Constitución hasta los convenios de cooperación judicial y de asistencia técnica suscritos y ratificados por Colombia, pasando por las leyes de procedimiento penal, practican inspecciones y recogen elementos de conocimiento que  luego incorporan al país y propugnan su judicialización, dado el carácter de esencialidad que reviste la falta, esas pruebas son ilegales y conforme lo manda la Carta Fundamental les aplica la cláusula de exclusión, tornándose nulas de pleno derecho”.

Y más adelante agregan:

(…)  “De esos sucesos se sigue que las Fuerzas Armadas colombianas, dentro del marco de la ‘Operación Fénix’, ejercieron poderes de Policía Judicial que no tenían, registrando lugares y recogiendo elementos materiales de conocimiento que luego ingresaron al país dejando unos reductos de evidencias, lo que significó desatención a la cooperación judicial, pasando por alto que las pruebas provenientes del exterior no son ajenas al principio de legalidad y con él al del debido proceso”.

Los excelentísimos magistrados “se olvidaron” que una de las personas clave involucradas con las FARC era el presidente de Ecuador, Rafael Correa, mencionado en innumerables ocasiones en estos correos electrónicos. Entonces si el presidente Uribe hubiera seguido las reglas y le hubiera informado de la operación, no cabe duda que habría sido un rotundo fracaso porque los terroristas habrían sido advertidos a tiempo para refugiarse en otros sitios.

Pero, además de anular estas pruebas muy valiosas, la CSJ ha afirmado que “los que se han llamado correos electrónicos de ‘Raúl Reyes’ en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en un formato de Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino”.

El coronel colombiano Luis Alberto Villamarín Pulido siempre se refiere en sus artículos que hay un complot contra Colombia y esta decisión, a mi juicio criminalmente hedionda, es la prueba de que efectivamente existe una conspiración muy bien articulada entre los enemigos de la ley y el orden en el continente, para destruir ao sistema democrático vigente en Colombia e instalar una dictadura basada en el modelo cubano-venezolano y cuyos complotados están dentro del mismo país. Para se comprender la gravedad de esta decisión y lo que ello implica, es necesario retroceder un poco en el tiempo.

Cuando Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia, la primera medida que tomó fue reunirse con Hugo Chávez. De esa reunión resultó en la retirada de la denuncia con contra de Venezuela en la OEA y la cancelación del juicio sobre el acuerdo firmado con Estados Unidos sobre el uso de las bases militares colombianas por los estadounidenses.

Al encuentro con Rafael Correa, Santos entregó copias de los contenidos de las computadoras de Raúl Reyes y el resto de los equipos informáticos incautados en la Operación Fénix. ¿Y que ganó Colombia? Nada. Santos nombró a Chávez como “su nuevo mejor amigo” porque este le entregó dos guerrilleros que habían desertado de las FARC, absolutamente inexpresivos y que solo tenían valor – para ajusticiarlos por traidores – a las FARC, y con esta acción mediática calculada, ocultar la idea de que en Venezuela es refugio terrorista. Y de Correa acordó la cancelación de la demanda presentada ante la justicia ecuatoriana por la “invasión” al campamento en Angostura, cuando Santos era el ministro de Defensa, durante la operación que dio de baja a Raúl Reyes.

A finales del año pasado fue apresado en Chile Manuel Olate Céspedes, alias “Roque”, miembro del Frente Internacional de las FARC, a quien Colombia pidió en extradición, pero los tribunales chilenos hicieron caso omiso de la solicitud y lo condenaron a arresto domiciliario. También en noviembre de 2010, el Procurador General de la Nación destituyó a la senadora Piedad Córdoba, por haber colaborado con las FARC, con quienes era conocida con el alias “Teodora de Bolívar”, según lo demuestran los datos encontrados en varios correos electrónicos de los computadores de Raúl Reyes.

Recientemente, fue detenido en Venezuela Joaquín Pérez Becerra, “ministro de relaciones exteriores de las FARC”, director del portal de noticias ANNCOL, que sirvió como vocero de las FARC en el Viejo Continente. Este hecho sucedió, no porque Chávez está ayudando en la lucha contra el narcoterrorismo, sino porque no le quedaba otra alternativa, teniendo en cuenta que Santos le advertió que el terrorista capturado estaba en pleno vuelo y su destino era Caracas. Y más recientemente, Santos dijo en España que (como por arte de magia) en Venezuela ya no hay más campamentos de terroristas de FARC y ELN.

El 10 de mayo de 2010 el “Instituto Internacional de Estudo Estratégicos” (IISS), con sede en Londres, publicó un libro con una recopilación de los documentos hallados en los computadores de Raúl Reyes más un DVD que contiene toda la documentación original en español. En este par de documentos de nuevo las relaciones entre Chávez, Correa y las FARC vuelven a ocupar un lugar destacado en la prensa internacional. Debido al escándalo que desató a este libro, cuyo contenido pone en peligro de extinción las “buenas” relaciones entre Colombia y sus vecinos Venezuela y Ecuador, la CSJ se complació en declarar ahora que los documentos ya no tiene valor probatorio porque se obtuvieron ilegalmente. Y con ese fallo todos los terroristas implicados se salvarán, teniendo en cuenta la “invalidez” de las pruebas.

Mientras tanto, esta misma CSJ condenó al coronel Luis Alfonso Plazas Vega y al general Arias Cabrales basada en pruebas…inexistentes y además tiene en proceso otros juicios contra los militares por “falsos positivos”. Es decir, si los autores de los delitos son terroristas o comunistas, hay que negar la evidencia para invalidar el proceso, pero si los acusados son militares, hay que condenarlos aunque no haya pruebas. En este caso si valen los testigos fantasmas, se aceptan grabaciones sin prueba de autenticidad, lo que confirma que también el más alto tribunal del país aplica las tácticas de “todas las formas de lucha” para destruir la democracia y así establecer una dictadura comunista.

Respecto al libro del IISS el Vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, dijo que el gobierno no opina sobre algo que no escribió y la canciller Ángela Holguín dijo con calma que “el Gobierno no hará comentarios” y “hemos decidido dar vuelta a la página”. Simplemente, como si no estuviera en juego el destino de la nación, la seguridad institucional y la democracia en el país.

De inmediato Chávez y Correa le hicieron declaraciones favorables al veredicto añadiendo más mentiras al hecho como, por ejemplo, que la cadena de custodia se rompió, que la información había sido manipulada y que nunca aceptaron las “pruebas” porque no eran más que un montón de infamia en contra de sus países, a pesar del concepto de la Interpol sobre la autenticidad de los documentos.

Así, los terroristas quedarán incólumes, para el deleite de las FARC que sin duda celebraron con bailes y licor, mientras planean asesinar más inocentes. Cuando el más alto tribunal del país va en contra de las leyes y el Estado de Derecho, ¿a quién puede recurrir el común de la gente? ¿Quién va a juzgar los actos criminales y locos de esta alta corte de Justicia? ¿Con qué moral lucharán las Fuerzas Militares contra el terrorismo ahora, si las bajas que se han producido son consideradas “asesinatos” y los verdaderos asesinos son absueltos por una pandilla de malos jueces que deslegitima las evidencias más contundentes y veraces porque no se ha pedido permiso a los cómplices para atacar los enemigos de su país?

Mayo 29 de 2011