ASALTO AL PALACIO DE JUSTICIA, 28 AÑOS DESPUÉS

28 años después de los acontecimientos del Palacio de Justicia

ENTREVISTA AL CORONEL ALFONSO PLAZAS

Por Ricardo Angoso

Junio 13 de 2013

Habiendo tenido una impecable hoja de servicios y siendo uno de los militares con un récord repleto de méritos y brillantes acciones, entre las que destaca la liberación con vida de casi tres centenares de rehenes en la toma del Palacio de Justicia, el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega es hoy un reo de la justicia colombiana a raíz de su condena en el año 2010 por unas supuestas desapariciones acaecidas, precisamente, en aquellos sucesos. En esta entrevista, realizada en el lugar donde cumple condena, niega tajantemente que tengan algo de verdad estas acusaciones y defiende, de una forma apasionada y vehemente, su inocencia y la de los hombres que comandó ese día.

Ricardo Angoso: Tras 27 años de problemas y embrollos jurídicos, ¿en qué estado está su caso?

Alfonso Plazas: En noviembre se cumplen 28 años del más espantoso crimen cometido por grupo terrorista alguno en el territorio colombiano: el holocausto del Palacio de Justicia. Y los autores del crimen no solo están libres, no fueron a la cárcel, sino que han ocupado los más importantes cargos en el Estado colombiano, mientras que los funcionarios que en cumplimiento de las órdenes del gobierno democrático arriesgamos la vida (algunos la perdieron ese día) por mantener el Estado de Derecho estamos privados de la libertad. Y todo esto frente a una comunidad internacional absolutamente displicente y unos organismos supranacionales ineptos y burocráticos. Estamos viviendo en Colombia un “sálvese quien pueda”.

Ricardo Angoso: El tema del Palacio de Justicia en Colombia parece ser muy enredado. ¿Qué es lo que pasa?

El caso del Palacio de Justicia es una columna vertebral con muchas costillas, es un proceso con muchas ramificaciones. El tema principal es que he sido condenado en segunda instancia por un delito que no cometí, y nunca hubiera cometido. Sin pruebas y con unos jueces amparados en una serie de mentiras procesales, dos magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que no conocían el proceso se opusieron a la absolución que proyectó el magistrado ponente que fue quien durante un año y cuatro meses estudió el expediente de 65.000 folios. En el proyecto se decidía mi absolución porque sencillamente no había ninguna prueba en mi contra. Lo que la fiscal y la juez de primera instancia manifestaron es una colección de mentiras. El magistrado ponente además denunció que se trataba de todo un montaje contra una persona inocente. O como lo dicen algunos columnistas es una venganza contra un militar que un momento determinado contribuyó desde dentro del Ejército a impedir que se estableciera, por la vía de las armas, un Estado de corte marxista totalitario en Colombia el 6 de noviembre de 1985. Una nueva Cuba en Colombia, ese era el proyecto, ni más ni menos.

Esta sentencia, en segunda instancia, es firmada por dos magistrados que hicieron sala mayoritaria de dos a uno. Pero eso no fue óbice

para que fuera apelada no solo por mi abogado sino también  por la Procuraduría General de la Nación, y para que el propio Procurador manifestara ante los medios de comunicación que el Ministerio Público no podía permitir que se siguieran profiriendo condenas contrarias a derecho. Fueron admitidas ambas demandas de casación sin objeciones y los trece cargos que formula mi abogado contra esa espuria sentencia ya fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia en su totalidad y sin objeciones, lo mismo que los diferentes cargos que presentó la Procuraduría. Se acepta, entonces, una revisión de las sentencias que se han fallado en mi contra, lo que deja en pie mi presunción de inocencia y me deja como un acusado víctima de un voluminoso error judicial. Todo arranca desde el momento en que la Fiscal Ángela María Buitrago -hoy bajo investigación del Consejo Superior de la Judicatura por las irregularidades den la investigación- comienza a investigar estos hechos.

R.A.:¿Qué expectativas tiene en este momento con respecto a esta situación que vive?

A.P.: La expectativa mía es que la casación va a salir favorable, dado que las circunstancias están dadas. Recordemos que a mí me están condenando por un testigo falso en la primera instancia y después ese mismo testigo se presentó ante el Procurador General de la Nación en persona. En su declaración aseguró que nunca había estado bajo mis órdenes, es decir, que nunca podía haberme denunciado. Se trataba del cabo Edgar Villamizar. Aseguró que no me conocía y que no había estado en los hechos del Palacio de Justicia, es decir, lo mismo que mi defensa y varios columnistas habían sostenido y comprobado. Villamizar nunca había estado en Bogotá y su supuesta declaración no se había llevado a cabo, era un libreto montado por la propia Fiscal Buitrago. Todo era falso y sus declaraciones contra mí no existían. Lo que se había dicho contra el coronel Plazas era un montaje como lo expresó el magistrado que estudió el caso.

El Procurador General de la Nación, impresionado por estos hechos relatados por el supuesto testigo Villamizar y dándole fehaciente credibilidad, pidió que reabriera el proceso contra la Fiscal que me indagó, la señora Ángela María Buitrago. Ella había establecido unas bases argumentales en el sumario que eran falsas, que no se sostenían. La Fiscal me atropelló en todos mis derechos fundamentales. Nunca se me respetó el debido proceso. Desde el mismo momento en que me investigó falseó las pruebas. En  febrero de 2007 me vinculó al proceso en un documento de tres renglones, lo cual es evidentemente irregular. En julio de 2007 me  privó de la libertad sin ninguna prueba ni indicio, con el solo argumento absolutamente subjetivo de que yo era un peligro para la sociedad. En realidad yo si soy un peligro para la sociedad de narcotraficantes a los que he combatido siempre en este país.

Me consideró como una persona peligrosa para la sociedad, y así llevó cinco años detenido sin una sola prueba. Se me consideró un peligro para la sociedad, mientras lo que está ocurriendo es lo contrario: que la sociedad unánimemente está pidiendo mi libertad.

El Procurador General de la Nación, que es el representante del Ministerio Público, es decir del pueblo colombiano, ha pedido en seis oportunidades mi absolución, mi libertad y la revocatoria de las condenas que hay en mi contra en primera instancia y también en segunda. En persona lo ha dicho ante los medios de comunicación. Es un hecho histórico sin precedentes en Colombia  que nada menos que la petición del Ministerio Público en cinco oportunidades, haya sido desatendida por los jueces colombianos. Y ese llamado es desatendido por las instancias judiciales a las que les correspondía atenderlo, es decir, el pueblo y la opinión pública no cuentan. Ha habido cambios en la sociedad a mi favor, ya que la gente de la calle se ha dado cuenta de los atropellos y barbaridades que se han cometido en mi contra. Mi caso es digno de estudio. De hecho ya en muchas universidades y foros es tema de actualidad, pues se han pasado todas las líneas y se han violado todas las normas. Pero así han pasado seis  años y aquí sigo, detenido todavía sin pruebas en mi contra, por unos hechos de los que soy inocente. Y algo más grave, sin haber sido escuchado en el juicio que se me siguió en el cual no me dieron la palabra para defenderme. Tengo la seguridad de que en esta sexta ocasión que es ante la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación va a ser atendido y seré absuelto.

R.A. Ud. ha manifestado en algunos medios que su situación es una venganza del narcotráfico. ¿Puede aclararnos esa afirmación?

Recordemos que el 11 de septiembre de 2011 apareció en el diario El Tiempo una reclamación popular a página entera, pidiendo mi libertad y rubricada por un centenar de personas de alto nivel, en donde se solicita a la justicia colombiana que el coronel Plazas quede en libertad. Firmaron el documento ciudadanos de primera línea de Colombia, una docena de ex ministros de diferentes gobiernos, varios periodistas de opinión e incluso cuatro magistrados que fueron liberados por mis tropas y que estaban en manos del M-19 durante el asalto terrorista al Palacio de Justicia. En esa página se le preguntó a la justicia colombiana “por qué el coronel Plazas aun no está libre” y sigue sujeto a semejante atropello. Va pasando el tiempo y la justicia me sigue reteniendo contra toda lógica jurídica.

Ante estos hechos, yo he llegado a la conclusión que detrás de mi injusta condena y esta situación que no tiene parangón en la historia del país claramente está el narcotráfico. No de otro modo se puede explicar porque entre el año 1985, en que sucedieron los acontecimientos del Palacio de Justicia, y el año 2005, contra mí no hubo ninguna acción judicial ni acusación por estos hechos; en veinte años nada de nada.

Pero, apenas salgo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cargo en el cual le quité más de mil millones de dólares en bienes mal habidos a los capos de la droga, se inicia un proceso con nombre propio contra mí. Hay una clara conexión entre esa responsabilidad que desempeñé y mi privación de la libertad, eso cada vez está meridianamente claro.

R.A.:¿Y qué esgrime la justicia para seguir reteniéndolo en la cárcel?

A.P.: De por medio me retienen con dos sentencias. Si sigue el cauce normal, la casación, este proceso puede prolongarse durante años y yo seguir padeciendo esta situación. Se está pidiendo mi absolución porque existe un complot contra el Ejército en general y contra el coronel Plazas Vega en particular. Es una terquedad por parte de algunos miembros del poder judicial para mantenerme en prisión a toda costa, y creo que este asunto tiene relación con infiltración, de alguna forma, del narcotráfico en sectores de la Rama Judicial.

Entonces, lo único cierto es que llevo seis años en detención preventiva superando a todas luces el plazo razonable que establecen las normas internacionales para retención de personas. Son seis años esperando y aunque soy optimista ante la acción de la justicia, el paso del tiempo es desesperante y la lentitud de la justicia es violatoria de mi derecho a la libertad.

La justicia ya no tiene nada que esgrimir, diferente a que tengo dos sentencias en mi contra, así sean sobre la base de todo tipo de irregularidades y prevaricatos.

R:A Se dice que se han utilizado falsos testigos en su contra, y se le han violado sus derechos, como es eso.

AP.- Han sido cinco falsos testigos, de los cuales cuatro ya fueron descalificados por los jueces. Se ha utilizado el falso testigo Villamizar para continuar con este proceso en mí contra. Aparte de todo lo que le cuento, muchas de las quejas que presenté contra el proceso y el proceder de una fiscal, no se me escuchó. También se me han negado mis derechos fundamentales, mis derechos humanos, que no se le niegan a nadie, como mi derecho a ver a mi padre moribundo quien quería despedirse de mí. Murió preguntando por mí, y la juez me negó la autorización de ir al Hospital.

De la misma forma, fui sacado arbitrariamente de un hospital donde estaba interno por orden de una juez, contrariando las decisiones de una junta médica que no lo permitía. El hospital fue allanado por un organismo que no tenía facultades constitucionales para hacerlo. Fui llevado a una prisión ordinaria  siendo militar.

Denuncié oportunamente a la juez que llevó a cabo esa acción y no pasó nada de nada. Se incumplieron todas las normas legales nacionales e internacionales y mis quejas de carácter penal no fueron atendidas. Me han mantenido en esta situación con todo tipo de tretas y artimañas ajenas a la legalidad.

R.A.:¿Parece que hay una coincidencia de su caso con otros donde se utilizan falsos testigos?

A.P.: Es cierto, se montó un escándalo con otro personaje conocido, Sigifredo López, quien también fue acusado y encarcelado con falsos testigos. Estuvo tres meses en la cárcel, por orden de un funcionario judicial sin ninguna prueba, en definitiva secuestrado por la justicia. Esto fue un escándalo en Colombia. Le acaban de abrir investigación a la Fiscal Martha Lucía Zamora por ese caso, y luego de los tres meses a Sigifredo lo dejaron en libertad.

Pero ¿Y el caso mío qué? Yo he pasado seis años privado de la libertad sin pruebas y en este asunto tan grave nadie dice nada o se alarma. Como soy militar, ¡claro!, se me discrimina. No tiene importancia que me pase seis años en la cárcel a merced de los falsos testigos. Solamente la Procuraduría ha hecho algo en mi favor, pero no le hacen caso. ¿Qué intereses tan grandes hay detrás para que no se atiendan las resoluciones o criterios de la Procuraduría? Además, se protege a individuos o personas que trabajan en la justicia y que han cometido acciones ilegales o contrarias al derecho para mantenerme en prisión. ¿Qué no han hecho conmigo? ¿Por qué las organizaciones de derechos humanos no han dicho ni hecho nada? ¿Cómo funcionan estas organizaciones en Colombia? ¿Por qué no han hecho nada por el coronel Plazas? ¿Es que la izquierda domina a las organizaciones de derechos humanos?

R:A.:¿Y por qué cree que se ensañan con usted?

A.P.: Para mí la razón fundamental es una venganza del narcotráfico por mi labor al frente de la Dirección Nacional de Estupefacientes; haberles quitado a los narcotraficantes mil millones de dólares en bienes no es cualquier cosa, me tienen condenado a muerte. Mi familia tuvo que irse del país gracias a la ayuda del presidente Uribe. Mis hijos, junto con sus nietos, no pueden casi venir a Colombia por que existe un crimen organizado por encima de los poderes del Estado que todavía tienen un gran poder y es capaz de matar. Los barones de la droga son los que realmente tienen el poder en Colombia. Esta lucha de Colombia es contra el terrorismo, contra las FARC, es cierto, pero hoy en día esta organización terrorista es el principal cartel de la droga del país. Ese será el principal problema en el proceso de paz. No creo que la mayoría de los colombianos desconozcan esta realidad; esta es una verdad de perogrullo: las FARC son los principales exportadores de droga de Colombia.

Y también están detrás de mi caso. Los narcos sufrieron las acciones que lleve a cabo contra ellos. Yo les golpee en los dos extremos de la cadena del negocio: les di duro en la producción y les quité los bienes. Se sintieron muy afectados en el tema de la producción y eso según sus criterios criminales, lo tengo que pagar.

R.A. ¿Dicen que uno de los acusadores contra usted es Gustavo Petro, que tiene que decir al respecto?

AP.- Se levantaron calumnias en contra mía por parte de ex guerrilleros como Gustavo Petro (hoy Alcalde de Bogotá), quien llegó a

afirmar que recordaba con claridad como el coronel Plazas le había torturado en la Escuela de Caballería entre el 4 y el 8 de octubre de 1985. Se recordaba de mi bigote, mi uniforme y mis condecoraciones; según él, yo daba las órdenes e instrucciones para que le torturaran. Así lo dijo y se quedo tan ancho. Para fortuna mía, encontré mi pasaporte de la época y pude demostrar, por las fechas y visas que tenía el documento, que Petro mentía. Porque en la fecha en que yo supuestamente dirigía las torturas, quedó comprobado que yo estaba de vacaciones en España. Los sellos de emigración tienen fecha 27 de septiembre de 1985 en El Dorado e inmigración el 28 del mismo mes en Barajas. Y el regreso tiene la emigración en Barajas el 27 de Octubre e inmigración en El Dorado el 28. Los sellos de los aeropuertos dejaban todo claro. El señor Petro se vio obligado a presentarme disculpas públicamente a través del programa de Julio Sánchez Cristo en la W radio. El problema de Petro es que miente con una aterradora facilidad y lo hace siempre que acusa a alguien

Petro, fue detenido por porte ilegal de armas, juzgado y condenado. Y pagó la pena. Y un condenado no puede ejercer el cargo de Alcalde en ninguna ciudad de Colombia, así lo dice la Constitución Política y sin embargo ahí lo vemos ejerciendo el cargo.  La Constitución colombiana es un rey de burlas.

Aparte del narcotráfico, yo creo que hay organizaciones de izquierda, como el antiguo M-19 y las FARC, que están detrás de este montaje, en mi contra. El M-19 fue creado en los años 70 y es la responsable de una serie de crímenes y matanzas pavorosas. Esos terroristas en connivencia con Pablo Escobar asaltaron el Palacio de Justicia quince años después pero fueron derrotados militarmente por la Brigada bajo el mando del general Arias Cabrales, ocasión en la que se rescataron más de 260 rehenes que estaban a manos de los delincuentes. A pesar de todo, los asaltantes asesinaron a varios de los magistrados porque querían cobrar su decisión de aprobar la extradición de los narcotraficantes a los Estados Unidos.

El día del asalto al Palacio, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia se iba a reunir para definir unas demandas de inexequibilidad presentadas por los abogados de las mafias, contra la Ley de Extradición por la vía administrativa.  Y los narcotraficantes, aliados con el M-19, trataban de impedir como fuera la exequibilidad de dicha Ley. Detrás de esta acción, no lo olvidemos, estaba un grupo de narcotraficantes que se llamaban Los Extraditables, cuyo lema era “Más vale una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”. Ese grupo era liderado por Pablo Escobar Gaviria, ni más ni menos. Y a esa gente tuve que enfrentarme como miembro de la brigada que comandaba el general Arias Cabrales y como Comandante de la Escuela de Caballería.

El M-19 pretendía en esa acción militar hacerse con el poder y hacer rendir cuentas al Estado; era una operación de gran calado en la que fueron derrotados militarmente. Y lógico, no pueden olvidar ni al general Arias Cabrales ni al coronel Plazas Vega. Los terroristas del M-19 clamaban venganza. Por ello, me acusan desde cierta izquierda de ser el responsable de unos hechos que son falsos y hay un colectivo de abogados -el José Alvear Restrepo- de esta tendencia que está detrás de muchas de las calumnias que se han levantado en mi contra. Muchos de los miembros de este colectivo, como su presidente Alirio Uribe Muñoz eran miembros del M-19, en la época del asalto al Palacio de Justicia, como también lo era Gustavo Petro. Olvida el señor Petro que él fue condenado por la justicia colombiana por el incendio del Palacio de Justicia, sino que luego lo indultaron. A Petro, que fue un guerrillero del M-19, se le perdonaron todos los crímenes y hoy tiene el cinismo de acusar a los militares que cumplieron con su deber y salvaron al Estado, por los crímenes que él y el movimiento criminal al que pertenece, cometieron.

Luego está René Guarín, que  “identifica” como desaparecidos, sobre unas imágenes de televisión a muchos de los liberados del Palacio de Justicia cuando salían rescatados por las tropas. Guarín quien acusó a los militares de haber desaparecido a su hermana, que trabajaba en la cafetería del recinto judicial, también resultó que era miembro del M-19.  Un periodista bien conocido en Colombia, Ricardo Puentes, descubrió que este acusador había sido capturado en mayo de 1988 cuando con una célula del M-19 secuestraban al industrial Jorge Valencia Ángel. En el rescate del secuestrado la policía dio de baja a un miembro del M-19 y capturó a los demás, entre ellos a René Guarín,  a quien le encontraron la carabina perteneciente a un agente de policía que había sido asesinado año y medio atrás en una asalto del M-19 a la población de Nemocón a cien kilómetros de Bogotá.

Así ocurre con muchos de los capítulos de este caso y casi todos confluyen en el M-19 o en el narcotráfico. Pero es que también la hermana de Guarín, supuestamente desaparecida, ¡era del M-19! Y hay pruebas concluyentes sobre este asunto, tanto de la pertenencia de René Guarín al M-19 y como de su hermana. ¡Pero René Guarín está libre y yo estoy preso!

Sobre los desaparecidos de la cafetería, no los hay. Solamente tenemos una: la guerrillera Irma Franco, pero el resto de los supuestos desaparecidos fueron víctimas del M-19 durante los sucesos del Palacio de Justicia. Sus cadáveres quedaron calcinados y  fueron enterrados sin identificar en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá,  tal como está comprobado en el expediente.

De modo que todas estas personas que la televisión señalaba con círculos rojos no eran desaparecidas, sino personas que estaban saliendo rescatadas por las tropas. Quien las “identificó” ante los jueces fue René Guarín, quien como ya lo explicamos fue guerrillero del M-19.

Hay casos específicos con nombres y apellidos que incluso corroboran lo que estoy diciéndole, como la ascensorista María Nelfi Díaz,

quien estaba en el Palacio y fue rescatada por las tropas. Su imagen a hombros de un soldado  trataron de presentarla como correspondiente a la desaparecida Cristina Guarín, la hermana de René, pero ella misma se identificó en más de siete ocasiones ante los jueces de Colombia, hasta que se le aceptó por parte del Tribunal Superior de Bogotá que Cristina Guarín no está desaparecida, y que la imagen de marras corresponde a la ascensorista Díaz.

También le recuerdo que el Tribunal Superior de Bogotá en su decisión de segunda instancia me retiró los cargos cobre nueve de las once desapariciones que me venían endilgando sin pruebas desde el año 2007. El Tribunal en sentencia del 29 de Enero de 2012 establece que esas nueve personas murieron al interior del Palacio de Justicia a manos del grupo asaltante. En la Sentencia se me responsabiliza de  dos de los desaparecidos, no porque existan pruebas, sino porque me aplican la teoría de Roxin, en la cual se establece que el “hombre de atrás” en una organización criminal debe responder por los delitos cometidos por la organización, y califican al Ejército Colombiano como una organización criminal.

R.A.:¿Usted lo que está diciendo claramente es que hay una conspiración en contra suya?

A.P.: No lo estoy diciendo yo, sino que lo dice el propio magistrado ponente, quien pidió mi absolución: Hermens Darío Lara Acuña.  El único que estudió los 65.000 folios del proceso durante un año y cuatro meses, el mismo del salvamento de voto, que fue derrotado por los otros dos magistrados que por una parte no conocían el proceso y por la otra uno de ellos había sido candidato a una cuerpo colegiado por una coalición política  que incluía al M-19, es decir a los asaltantes del Palacio de Justicia. Como es posible que ese magistrado no se haya declarado impedido?  Cómo es posible que me esté acusando y también juzgando el M-19, por los crímenes que ese movimiento cometió en el Palacio de Justicia hace 27 años? Numerosas fuentes lo atestiguan, yo, simplemente, lo denuncio.

R.A.:¿Y cómo desde el poder judicial se prestaron a esta farsa que denuncia?

A.P.: Muchos miembros de las FARC y de los grupos narcotraficantes se han infiltrado en el poder judicial, y esa acusación que hago está comprobada. O son antiguos defensores de guerrilleros y ex terroristas. Luego hay otro asunto grave: ¿No soy yo militar y no actué como tal durante los hechos del Palacio de Justicia? Entonces, pregunto: ¿por qué soy juzgado por la justicia ordinaria?  ¿por un poder ajeno a mi fuero militar? Es una situación absurda e injusta, pues me deja desprotegido y en manos de magistrados que muchas veces tienen una trayectoria política muy poco independiente. No son neutrales políticamente hablando, sino que tienen intereses claros y conexiones con la guerrilla.

 Incluso el Presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, en un discurso emitido en televisión después de los hechos,  asumió la responsabilidad de la acción militar. Se han violado numerosos preceptos, incluso que se me juzgue por un delito, el de la desaparición forzada, que no existía en el año 1985. Algo que contraviene todas las normas jurídicas nacionales e internacionales, una auténtico atropello. Aquí se han violado todas las Leyes y la Constitución colombianas.

R.A.:¿Cree que con su defensa y tras las últimas revelaciones conseguirá sortear los últimos obstáculos y salir libre?

A.P.: Mis expectativas son positivas y buenas. Espero que la Corte Suprema de Justicia sea más ecuánime y justa. Yo no tengo miedo a ningún juicio, pues tengo mi conciencia muy tranquila, y lo único que temo es el sesgo de los magistrados y jueces, que no actúen limpiamente. Pero creo que, llegado a este punto, los magistrados de la Corte sí van a llegar a una resolución justa de mi causa, así lo espero.

Quiero destacar que se me tiene condenado por una supuesta declaración que es un documento de cuatro páginas y en el cual el nombre del declarante  no coincide con el número de su identificación. El nombre del declarante está errado en seis lugares. La firma estampada no es la del testigo. Contiene no  solo numerosas inexactitudes, sino un sartal de mentiras, ya comprobadas como tales. Dicen que fue un error de mecanografía, ¿cómo se puede uno creer eso en seis ocasiones dentro del mismo documento? Y luego los datos biográficos de este testigo son falsos, es un todo un conjunto de vulgares farsas.

Se me condena con documentos que no contienen una lógica y no pueden constituir por sí mismos una prueba rigurosa y documentada. Y lo más grave: en los proceso contra el general Arias Cabrales la Juez descarta este testimonio por falso, en el proceso contra el General Iván Ramírez la juez también lo descarta como prueba de cargo, establece que no es una prueba válida, y en mi proceso la Procuraduría lo objeta calificándolo como deleznable, sin embargo a mi me condenan con ese mismo testimonio. Donde está la igualdad ante la ley?

R.A.:¿Se ha sentido bien tratado por la sociedad colombiana en estos años?

A.P.: Yo me he visto protegido y apoyado por el país nacional, al decir de Ortega y Gasset.  Es la gente del común que sabe que soy inocente, que sabe que soy víctima de una injusticia. La gente que me conoce, que es mucha, sabe que soy un hombre decente y honrado.

El país político es otra cosa. Muchos de los políticos de este país, y algunos jueces, se pasan por encima las buenas costumbres, la moral y, lo que es más grave, también la verdad. Entonces, si lo que hace el coronel Plazas no es bien recibido en la extrema izquierda, me sacan de la vida pública porque no soy favorable a sus intereses y no me pliego ante su discurso.

El coronel Plazas se acabó convirtiendo en un problema para los narcotraficantes, ya que les quité mucho dinero durante mis años en la lucha desde la Dirección de Estupefacientes. Les gané muchos pleitos de Extinción de Dominio y les golpeé en lo que más le duele: sus propiedades. No se olvide que también hay muchos políticos colombianos que son financiados y apoyados por el narcotráfico, esa es una realidad que no se puede ocultar. Lo mismo ocurre con algunos miembros del poder judicial. Es triste pero sucede. Hay varios en la cárcel.

Yo soy una víctima de esa conspiración y alianza entre los narcotraficantes y algunos responsables del poder político, pero de la misma forma me siento bien recibido y apoyado por la ciudadanía y numerosos columnistas de los medios de comunicación que han escrito a favor de mi caso. Al principio, los medios fueron engañados por algunos sujetos de dudoso proceder por falsos testigos, o por testigos inventados, como el ya citado Edgar Villamizar, cuya declaración ya ha sido desautorizada por él mismo. Sencillamente fue suplantado por un libreto que la propia fiscal se inventó.

La Fiscal que me acusó está en investigación por los delitos de Falsedad ideológica en documento público, Prevaricato y Fraude Procesal. Villamizar se ha presentado ante el Procurador General de la Nación y luego ante el Juez 55 penal de Bogotá y ha manifestado que la declaración con la que me condenan no la suscribió él. Que no me conoce, que no estuvo en los hechos de Palacio de Justicia, porque estaba en el Departamento del Meta a 300 kilómetros de Bogotá y que vio los acontecimientos por televisión.

rangoso@iniciativaradical.org