COLOMBIA: RECONSTRUCCIÓN DESPUÉS DEL TERREMOTO. UNA PROPUESTA CONCRETA

Por Ricardo Puentes Melo

@ricardopuentesm

Noviembre 1 de 2027

Han pasado cerca de dos meses desde que el terremoto sacudió al país y dejó viviendo en la calle a miles de familias que aun no ven nada, ninguna solución – ni siquiera parcial- a su tragedia.

El país regresó a la rumba, a los disfraces, a los cocteles en los clubes, las tomatas frente a las casas con música a todo volumen, los reinados de belleza, los partidos de fútbol, mientras nuestros compatriotas afectados duermen en cambuches, bajo el sol, el frío, la lluvia, todavía de duelo por sus familiares muertos aplastados; no ha solución cercana ni para su sustento, trabajo, vivienda ni salud. Nada, todo parece quedarse en declaraciones publicitadas por las redes, diseñadas por Carlos Suárez y su equipo de influencers que hace un par de noches hicieron una gran fiesta para celebrar que ahora ya tienen el gran pastel burocrático de la televisión pública con el cual pagarán sus servicios. Fue indignante ver la pompa y el derroche de esa fiesta mientras las víctimas del terremoto siguen esperando un mendrugo de pan. ¿Patria milagro? ¿Para quiénes?

Miles de compatriotas siguen viviendo entre escombros, en la miseria, con hambre, frío y desesperanza.

El gobierno de Abelardo dice que ya hay un Fondo Milagro, pero nadie tiene las cuentas claras ni se ha visto nada concreto. Para salir del paso, ahora dicen que ese dinero, como lo donaron particulares, solo los donantes tienen el derecho a saber cómo se donará. Cuento chimbo.

También se plantea un modelo de reconstrucción que se perfila como lo de siempre: contratación masiva con empresas privadas, largas cadenas de intermediarios y el seguro riesgo de que el dinero se pierda en el camino, un sistema “milagro” que, en un país con los altísimos niveles de corrupción que tiene Colombia, eso no es un detalle menor. Es el gran problema central.

Llevo más de treinta años luchando y denunciando, como periodista, el cáncer que corroe al país en todos sus ámbitos: la corrupción, un mal tan espantoso que no nos permite ver lo simple y evidente, y que lleva a los colombianos a endiosar bandidos de toda ralea y colocarlos, si son políticos, a niveles de mesías, salvadores.

Y llevo más de diez años, junto a otros compatriotas, proponiendo ideas, soluciones y caminos desde el movimiento Nueva República que estamos seguros de que son la solución real para nuestros males: Valores morales absolutos contenidos en las Escrituras aplicados al diseño y funcionamiento de una nación.

Durante estos dos meses nos hemos dedicado a pensar en una solución viable que ayude a la reconstrucción del país. Hoy, creemos que hay una alternativa más eficiente, que las promesas de humo del Fondo Milagro, una alternativa más rápida y menos vulnerable a la corrupción: usar al Ejército Nacional, y particularmente a sus ingenieros militares, junto con las propias comunidades afectadas.

La idea me surgió de una de las propuestas del entonces candidato presidencial, el General Gustavo Matamoros, quien quería regresar al “soldado de la vereda”, regresar a un Ejército cercano al ciudadano, al campesino, donde militares y civiles construyeran escuelas, caminos, centros de sanidad. De hecho, fue la idea que más me agradó del general Matamoros, a quien apoyé hasta el final de su candidatura.

El Ejército Nacional de Colombia debe ser el mejor vehículo para reconstruir el país.

No es una idea extravagante. En la historia del país, Rafael Reyes y Rojas Pinilla utilizaron al Ejército para construir carreteras, puentes y aeropuertos que todavía están en pie. Hoy el Ejército tiene el Comando de Ingenieros, batallones de construcción y unidades especializadas en desastres. Ya han participado en demoliciones en algunas de las zonas afectadas. La propuesta es escalar ese modelo de forma ordenada y temporal.

Se debe ampliar el pie de fuerza del Ejército, priorizando jóvenes de las mismas regiones sacudidas, y desplegar unidades de ingenieros en las zonas de mayor daño y de más difícil acceso.

Ellos deben trabajar con las Juntas de Acción Comunal y con los damnificados. Que el soldado, en lo posible, sea destinado a su propia región. Que las comunidades no solo “acompañen”, sino que tengan comités locales de seguimiento con capacidad real de verificar avances, firmar actas y alertar irregularidades, apoyados por interventoría técnica civil y trazabilidad pública.

El Ejército Nacional de Colombia debe ser el mejor vehículo para reconstruir el país.

Las ventajas son muy claras. El Ejército se mueve más rápido y tiene logística propia en regiones donde las empresas privadas tardan en llegar o no llegan.

Se reduciría la intermediación y, por tanto, el margen para la corrupción. El dinero rendiría más y, ganaríamos un elemento de seguridad que no se puede ignorar: al vincular a jóvenes de las regiones afectadas, se les ofrece trabajo y una alternativa real frente al reclutamiento de los grupos armados. La presencia del Ejército en el territorio no solo reconstruye; también recupera control y genera confianza.

Habrá quienes protesten y digan que esto es “militarizar” la reconstrucción o que el Ejército no debe hacer obras. La respuesta es sencilla: no se trata de reemplazar al sector privado en todas las obras ni de convertir al Ejército en contratista permanente. Se trata de usarlo donde es más eficiente —zonas rurales, de difícil acceso y alto riesgo de corrupción— y de hacerlo bajo supervisión comunitaria y técnica civil. El resto puede seguir por la vía tradicional, pero con mejores controles (es decir, se les deja un pedazo de pastel para que los corruptos roben).

El financiamiento para este modelo no requiere crear nuevos impuestos ni inventar partidas. Una fracción pequeña de los recursos del Fondo Milagro, más el presupuesto operativo del Ejército, alcanza. El costo de la supervisión comunitaria es bajo comparado con el ahorro potencial.

La reconstrucción no puede esperar, y el dinero de los colombianos no puede seguir perdiéndose en los bolsillos de “los de siempre”. No se debe postergar la agonía de quienes están a la intemperie. Hay que usar las capacidades que el país ya tiene —el Ejército y las comunidades—.

No es “fascismo” ni nada de eso. Es pragmatismo. Es reconocer que, en las condiciones actuales de Colombia, el modelo tradicional de contratación masiva en zonas vulnerables ha demostrado en la mayoría de las veces que no funciona bien.

La reconstrucción no puede esperar, y el dinero de los colombianos no puede seguir perdiéndose en los bolsillos de “los de siempre”

Aunque la propuesta está muy sustentada con cifras y fechas, dejamos acá lo principal de ella:

Una idea con historia y resultados

No se trata de inventar nada nuevo. En la historia de Colombia, gobiernos como el de Rafael Reyes y el de Gustavo Rojas Pinilla utilizaron al Ejército —y particularmente a sus ingenieros— para construir carreteras, puentes, aeropuertos e infraestructura que aún permanece en pie. Esas obras se hicieron con disciplina, rapidez y menor intermediación. Hoy el Ejército cuenta con el Comando de Ingenieros Militares, batallones de construcción y unidades especializadas en atención de desastres. Ya han participado en demoliciones y apoyo en algunas zonas afectadas. La propuesta es escalar y formalizar ese modelo.

En qué consiste la propuesta

Ampliación temporal del pie de fuerza del Ejército, priorizando jóvenes de las mismas regiones afectadas. Esto no solo aporta mano de obra, sino que evita que esos jóvenes sean reclutados por grupos armados ilegales.
Despliegue de unidades de ingenieros militares en las zonas prioritarias (especialmente Chocó rural y periferias del Eje Cafetero y Valle) para ejecutar demoliciones, rehabilitación de vías, construcción de puentes modulares, mejoramiento de vivienda básica y obras de infraestructura esencial.
Trabajo conjunto con las comunidades: los soldados trabajan con los damnificados y las Juntas de Acción Comunal. Se recupera el principio de que el soldado nacido en la región sea destinado, en lo posible, a su territorio, fortaleciendo lazos de confianza con la Fuerza Pública.
Supervisión comunitaria real: creación de Comités Locales de Seguimiento integrados por JAC, damnificados y líderes locales, con apoyo de veedurías ciudadanas, interventoría técnica civil independiente y trazabilidad pública de los avances. Esto reduce drásticamente el riesgo de corrupción.
Financiamiento con recursos ya existentes: una fracción pequeña de los recursos del Fondo Milagro (supervisión, logística y materiales) más el presupuesto operativo del Ejército. El ahorro frente a la contratación tradicional sería significativo.

Ventajas concretas

Mayor velocidad: el Ejército tiene logística propia, disciplina y capacidad de desplegarse rápidamente en zonas de difícil acceso.
Menor costo y menor corrupción: se reduce la intermediación de contratistas y se aumenta el control ciudadano. El dinero rinde más.
Impacto en seguridad: al aumentar el pie de fuerza y vincular a jóvenes de las regiones, se disminuye el reclutamiento por grupos armados. La presencia permanente del Ejército en las zonas fortalece el control territorial.
Apropiación comunitaria: cuando la gente participa directamente en la reconstrucción de su territorio, las obras duran más y se genera confianza institucional.

Priorización y gradualidad

La propuesta no pretende reemplazar todo el esfuerzo de reconstrucción de un día para otro. Debe comenzar por las zonas de mayor daño y mayor dificultad de acceso (Nivel 1), donde el modelo tradicional ha mostrado más limitaciones, y expandirse de forma gradual. En zonas urbanas complejas se puede combinar con contratistas privados bajo estricta supervisión comunitaria.

Invitamos al Gobierno Nacional, al Congreso, a los alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas, y a la ciudadanía a estudiar y debatir esta propuesta. La reconstrucción no puede esperar, y el dinero de los colombianos no puede seguir perdiéndose en el camino.

Ponemos esta propuesta sobre la mesa para el debate. No como una ocurrencia, sino como una alternativa concreta que merece ser estudiada por el Gobierno, el Congreso y las autoridades locales. La pregunta no es si es perfecta. La pregunta es si es mejor que lo que ya sabemos que no funciona.

En próximas entregas iremos publicando más de esta propuesta, con cifras y respaldo concreto.

Y creemos que el hombre ideal para manejar esto no debe ser un político mentiroso sino un militar que conoce el país como lo conocen los soldados, mejor que nadie.

Y ese hombre podría ser, precisamente, el General Gustavo Matamoros Camacho.

La solución está ahí. Es viable, muy rápida y de bajo costo.

El mayor reto es la voluntad política de hacerlo, si de verdad la clase política quiere hacerlo.