IDEOLOGÍA EN LUGAR DE JUSTICIA EN LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Ideología en lugar de justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Parte I de II

No cabe duda de que una revisión imparcial del proceso por el que Noguera fue condenado revelaría que, para obtener una condena, Ángela María Buitrago introdujo a sabiendas a testigos que habían perjurado repetidamente

Por Lia Fowler*
Diciembre 7 de 2016
@lia_fowler

Cuando, en 2011, condenaron a Jorge Noguera, antiguo director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), acusado de formar parte de una conspiración criminal con grupos paramilitares, él comprendió que no encontraría justicia en el politizado sistema judicial colombiano. La condena se basa en testimonios contradictorios y no contrastados de un delincuente confeso, y sin el menor atisbo de pruebas físicas en contra de Noguera, que recibió una sentencia de 25 años de prisión y se le negó la posibilidad de apelar. De hecho, las violaciones al debido proceso en el caso Noguera podrían llenar muchos tomos.

Así, Noguera desistió de buscar justicia en el sistema judicial colombiano y se dirigió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de reparación. Por desgracia no tuvo más suerte con dicha comisión, donde los casos parecen encontrar solución en la medida en que correspondan a la ideología de la Comisión y no siguiendo el principio de igualdad ante la ley.

El caso de Noguera de la doble instancia ante la CIDH es muy fuerte. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas […]: h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”; un derecho que se le ha negado a Noguera. La propia CIDH ha establecido varios precedentes que respaldan este derecho, incluyendo una sentencia en 2014 contra el Gobierno de Surinam y una en 2009 contra el Gobierno de Venezuela, ambas por negar a los peticionarios el derecho a apelar.

Sin embargo, la petición de Noguera, presentada el 4 de abril de 2013, aún no ha sido admitida por la Comisión, que hace de guardiana de la Corte. Dos años y ocho meses después de su presentación, en diciembre de 2015, la Comisión dio a Colombia tres meses para dar respuesta a la petición. Ocho meses después, en agosto de 2016, la Comisión estableció un nuevo plazo para la respuesta de Colombia hasta el 26 de ese mes. Noguera, privado de su libertad en una cárcel colombiana, no ha recibido ninguna respuesta oficial desde entonces.

La Comisión no respondió a las preguntas sobre la demora indebida en este caso. Pero tanto la labor de Noguera en la lucha contra la banda narcoterrorista marxista FARC —desde la cúpula de un organismo de seguridad— como el historial y los antecedentes de los miembros de la Comisión hacen pensar en un claro conflicto de intereses y un motivo ideológico para su inacción.

A principios de 2015, la CIDH eligió a la ex fiscal colombiana Ángela María Buitrago como uno de los cinco “expertos” del Grupo Interdisciplinario Independiente de Expertos (GIEI) que se formó para brindar asistencia técnica en el caso de la desaparición de 41 estudiantes en Iguala, México. Buitrago, que también fue la principal acusadora en el caso Noguera, siguió trabajando para la Comisión hasta abril de 2016, cuando el gobierno mexicano se negó a renovar el contrato del GIEI.

La trayectoria de Buitrago en Colombia —donde fue bautizada como “la Fiscal de Hierro” por los medios de comunicación serviles— y México deja ver una

pauta de sesgo y mala conducta contra los funcionarios del Estado que investigaron o combatieron a los grupos terroristas marxistas.

Más llamativo es que en 2007 Buitrago procesara al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, acusándolo de la desaparición de once personas durante la toma del Palacio de Justicia de Colombia por el grupo terrorista marxista M-19 en 1985. A Plazas Vega lo condenaron a treinta años de cárcel con base sobre todo en un falso testimonio presentado por Buitrago en el juicio, y en la retención de pruebas de descargo por parte de la acusación. En 2015, la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo eximió de todos los cargos y señaló las irregularidades cometidas en su procesamiento. Pasaron ocho años antes de que recuperara su libertad.

La decisión de la Corte Suprema colombiana refuerza las denuncias de funcionarios mexicanos y grupos ciudadanos, que señalan que la agenda del GIEI y de la fiscal Buitrago intentaba implicar a los militares mexicanos en la desaparición de los estudiantes utilizando información falsa o sin fundamento.

“El GIEI ha probado que no está interesado en contribuir a la búsqueda de la verdad”, dice un comunicado de diciembre de 2015 de Seguridad, Justicia y Paz, una organización cívica centrada en la seguridad pública y la justicia. La organización mostró pruebas falsas aportadas por el GIEI en el caso Iguala y pidió la inmediata terminación de su contrato. El gobierno mexicano estuvo de acuerdo, ya que no extendió el contrato de “expertos”, que debía renovarse en abril de este año.

A pesar de los hechos que se evidenciaron en el caso del coronel Plazas Vega sobre la introducción de pruebas falsas por parte de Buitrago en el juicio, y a pesar de las alegaciones bien sustentadas de mala conducta similar en México, la CIDH defendió firmemente a sus expertos. En un comunicado de prensa de enero de 2016, la Comisión declaró: “El conocimiento, la experiencia, la historia profesional y la integridad ética de cada uno de los miembros del GIEI son ampliamente reconocidos a nivel internacional”.

No cabe duda de que una revisión imparcial del proceso por el que Noguera fue condenado revelaría que, para obtener una condena, Buitrago introdujo a sabiendas a testigos que habían perjurado repetidamente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza el derecho de Noguera a esa revisión. La razón por la que la Comisión ha retrasado cualquier acción durante tanto tiempo podría ser tan simple como un conflicto de intereses, ya que su credibilidad se evidencia en el hecho de nombrar y defender a la “Fiscal de Hierro” como uno de los suyos.

Pero la fiscal Buitrago no es el único miembro de la Comisión que ha mostrado un sesgo similar y una trayectoria dudosa. La ideología izquierdista de la Comisión es generalizada, y se hace evidente en numerosas actuaciones que en lugar de prevenir o corregir violaciones de derechos humanos las han promovido, como en el caso del asesinato de dos líderes comunitarios afrodescendientes, caso que será el tema de la segunda parte de esta serie.

El próximo 11 de diciembre Noguera comenzará su décimo año de privación injusta de libertad. Y en abril habrá completado cuatro años en espera de una respuesta de la Comisión que podría devolvérsela.

*Lia Fowler es periodista estadounidense y ex agente especial del FBI.