NO BASTA PEDIR QUE DEVUELVAN A LOS NIÑOS

No basta pedir que devuelvan a los niños

No podemos permitir que los niños-víctimas salgan de la guerrilla narco-comunista para caer en estructuras siniestras que escapan a la visión de los poderes públicos

Por Eduardo Mackenzie
11 de febrero de 2017

Las Farc quieren perpetuar el control de los niños reclutados y de los niños secuestrados que logren salir de sus filas en los próximos meses. Quieren controlarlos de cerca para que no le cuenten a la prensa qué vida desgraciada tuvieron dentro de esa organización criminal y para que no se pasen, con el tiempo y la reflexión, al campo político contrario.

Para eso inventaron un astuto programa. Lo llaman “Camino diferencial de vida”. Dicen que ese grupo se encargará de “consolidar” los “proyectos de vida” de los menores que dejen las armas. Prometen que a través de ese programa ellos podrán “reintegrar a la sociedad” a esos menores. Pero no habrá la tal “reintegración”: esos niños pasarán directamente de los cambuches guerrilleros, o de las zonas de “normalización”, a ese organismo para seguir siendo adoctrinados por las Farc. ¿Para qué? Para enviarlos enseguida a engrosar las filas de la organización política que las Farc quieren lanzar bajo la cubertura del falso “proceso de paz”.

No basta, pues, con pedirle al narco-terrorismo que devuelva a los niños. Pues una vez “liberados” los menores caerán en una nueva estructura de control que los “educará” de manera cuestionable para luego utilizarlos en otras actividades. Colombia debe abrir los ojos ante los organismos que las Farc están creando para anular el esfuerzo de la sociedad por poner en libertad a los niños-soldados y a los niños secuestrados.

Fue Timochenko, alias de Rodrigo Londoño, jefe de las Farc, quien dio la clave de esa nueva maniobra contra los menores al decir, este 8 de febrero, que los niños serán “trasladados por la Cruz Roja Internacional y por dos delegados de organizaciones sociales” (léase Farc) a lugares desconocidos “una vez todos los guerrilleros lleguen a las zonas veredales transitorias de normalización”. En esos parajes misteriosos, y sin testigos de la sociedad civil, los menores “atravesarán las fases de restablecimiento de derechos, reparación y reincorporación e inclusión social por parte del Estado colombiano”. Ya puede uno imaginar qué se esconde detrás de esas palabras escogidas, como “fases de restablecimiento”, “inclusión social”, etc.

Ese proyecto infame, que reducirá a polvo las esperanzas de la sociedad acerca del rencuentro normal de esos niños-víctimas con sus familias y con el país, tendrá cinco pilotos, ideológicamente homogéneos: Sergio Jaramillo, comisionado para la paz; Clara López, ministra de Trabajo; Joshua Mitrotti, director de la Agencia para la Reintegración, y dos jefes de las Farc: Pastor Alape y Jairo Quintero.

¿Podemos esperar que ese programa tratará con dignidad y respeto a esos niños? ¿Que no les reinculcarán los valores de odio de las Farc? ¿Que les enseñarán los valores democráticos, los únicos que les permitirán reinsertarse realmente a una sociedad liberal? Permítanme dudarlo. El programa ha sido ideado para que funcione sin control alguno, lejos de las miradas de la sociedad, pues el objetivo es que los menores trabajen dentro de una cúpula cerrada.

Paula Gaviria, Consejera Presidencial para los Derechos Humanos y nieta del ex presidente Belisario Betancur, dirigirá el programa “Camino diferencial de vida”. ¿Ella se ha percatado que ese organismo tiene un objetivo oculto y que el respeto de los derechos humanos de los niños será solo una frase sobre el papel? Por el momento ella no ha podido siquiera establecer la lista de niños en poder de las Farc pues Timochenko frena toda información al respecto. De hecho, las Farc han sembrado la confusión más completa para que nadie tenga una idea precisa de cuantos niños están en esas filas y en dónde están. No dan datos exactos de sus cautivos y niegan toda posibilidad de que los organismos aceptados por ellos hagan inspecciones físicas para establecer un balance realista sobre el tema. Hay cifras no confirmadas sobre niñas guerrilleras que estarían embarazadas y podrían dar a luz en las semanas y meses que vienen a 300 bebés en los nuevos campamentos, según los cálculos del Mayor General del Ejército (r) Carlos Fernando Quiroga, quien estima, además, que en las Farc hay 2.500 menores de edad.

En el Viejo Continente, los diarios informan que la reintegración de los niños en poder de las Farc es “la prioridad” de Eamon Gilmore, un ex sindicalista y ex ministro laborista de Irlanda, que ahora está en Colombia en calidad de enviado especial de la Unión Europea para que observe el proceso de paz. Sin embargo, Gilmore también anda por las nubes. Parece no darse cuenta de lo que está ocurriendo con los niños que tienen las Farc. No ha denunciado la actitud negativa de las Farc ante ese expediente pues toda su energía se le va en repetir las consignas y explicaciones que lanza el equipo del presidente Santos. El objetivo de Gilmore, quien estuvo ligado al Official Sinn Féin, el brazo político del IRA, es dar al mundo, a través de las agencias de prensa, una imagen positiva del “proceso de paz”.

Por ejemplo, Gilmore, no ha señalado que hay cosas poco claras en el tema del “Camino diferencial de vida”, ni ha querido criticar siquiera la cifra risible que dan las Farc de los niños que admiten tener, solo 50, cuando son, en realidad, más de 3.600, según el periodista Herbin Hoyos. Gilmore tampoco quiere investigar las informaciones de Radio Caracol en el sentido de que numerosos niños reclutados fueron entregados directamente a sus familias para que salgan de las estadísticas y no hablen con la prensa. Ni una palabra sobre otros niños que han sido dejados sueltos en el monte sin orientación y protección alguna.

El enviado especial de la UE no ha reaccionado contra lo que hicieron en días pasados las Farc en un colegio de Ibagué, cuando la directora del plantel educativo, sin permiso de los padres de familia, sacó a un grupo de estudiantes (entre 9 y 12 años) a una carretera nacional para que hicieran allí la comedia de recibir con alborozo una columna armada de las Farc que pasaba en buses por ese lugar. Jaime Romero, el profesor que denunció esa arbitrariedad, fue expulsado del colegio, sin que el ministerio de Educación Nacional haya hecho nada para reinstalarlo en su cargo. La directora admitió que ella está llevando a cabo un programa conocido como “Plantón por la Paz”, en favor de las Farc. El cual incluye, además de lo descrito, clases de ateísmo y otros temas sulfurosos. El profesor Romero dice que nadie sabe de dónde salió ese programa ni quien lo financia.

Ese episodio permite pensar que las Farc, además de los programas ya conocidos para tratar a los niños que saldrían de sus filas, tienen otros planes clandestinos para los menores que están en los colegios y escuelas, los cuales ya están siendo manipulados, como deja ver lo ocurrido en el colegio de Ibagué. Todo ello permite ver hasta qué punto puede haber milicianos o simpatizantes infiltrados en algunos colegios y escuelas de provincia decididos a utilizar a los menores en actos de propaganda y hasta de reclutamiento de las Farc. Sin embargo, todo el mundo duerme tranquilo. Ni la gran prensa ni los organismos públicos se han interesado en investigar lo que está pasando en Ibagué. Los niños de Colombia siguen en la mayor desprotección.

Ni el ICBF, ni la ONU, ni la UE, ni el gobierno Santos, parecen querer abrir los ojos sobre el expediente de los niños en poder de las Farc, y sobre los peligros que se ciernen sobre los escolares en general. Todos esos actores parecen hipnotizados por la propaganda oficial elaborada desde Bogotá. Luego de que varias personalidades levantaran la voz sobre el tema, la Unicef se contentó con una declaración en enero donde pide a las Farc “acelerar” la salida de menores. La Unicef solo ha recibido 13 niños desde septiembre pasado, cuando Santos y las Farc anunciaron que habían pactado la salida de los niños de las Farc.

En todo caso, nadie se interroga acerca del programa “Camino diferencial de vida”, el cual debería ser examinado de cerca por los verdaderos defensores de derechos humanos en Colombia. Su forma actual es inadmisible. Los pactos dicen que los niños serán entregados a sus familias, y no, como quieren las Farc, a un programa obscuro que funcionará no se sabe dónde. La Fiscalía, la Procuraduría y hasta una comisión de parlamentarios estarían en hora de que entrar a actuar al respecto. No podemos permitir que los niños-víctimas salgan de la guerrilla narco-comunista para caer en estructuras siniestras que escapan a la visión de los poderes públicos.