UN PERIODISTA FORZADO AL EXILIO

Un periodista forzado al exilio

Es inadmisible que algunos, para vengarse contra un periodista independiente, y por proteger ciertos intereses políticos, quieran deshacerse de Ricardo Puentes y destruir el importante espacio de libertad que él ha creado

Por Eduardo Mackenzie

8 de junio de 2015

Un nuevo atropello judicial acaba de cometer la Fiscalía contra la libertad de prensa en Colombia. El periodista Ricardo Puentes Melo, director del conocido portal web Periodismo sin Fronteras, de Bogotá, es objeto en estos momentos de un proceso en el que ha carecido de la posibilidad de defenderse. Las acusaciones contra él no son sólo absurdas sino que, además, el juez de la causa anticipó la pena, e impuso una sanción económica desproporcionada, sin que el proceso haya culminado, al decretar el embargo de la casa donde vivía y trabajaba el periodista.

El juez argumentó que ese embargo está destinado a garantizar el pago de la indemnización que la demandante exige al demandado. En consecuencia, Ricardo Puentes tuvo que abandonar su domicilio y está frente a un juicio que rompe con las garantías procesales más clásicas, entre ellas la presunción de inocencia. Ese proceso pone en peligro la existencia personal, civil y laboral del periodista.

El pleito contra Ricardo Puentes fue instaurado hace casi cinco años  por la ex fiscal Ángela María Buitrago, y sólo hasta la semana pasada el periodista fue informado de que ese proceso existía. La señora Buitrago es conocida por haber dirigido la instrucción del escandaloso proceso del Palacio de Justicia que condenó, en primera instancia, al coronel Alfonso Plazas Vega a 30 años de prisión y a 35 años de prisión al General Arias Cabrales, en junio de 2010, sin que la justicia hubiera podido encontrar prueba alguna de culpabilidad contra ellos.

El derecho a la información, a la libre expresión y a la crítica son libertades fundamentales de todo ser humano. La sociedad democrática protege esos derechos. Los derechos del público a saber lo que pasa, a conocer las opiniones que generan los eventos políticos y sociales, no pueden existir si el Estado o los gobiernos de turno no respetan el ejercicio de la labor periodística y si no reconocen la dignidad profesional de los periodistas.

La persecución que se cierne sobre el periodista Ricardo Puentes es un caso más, realmente escandaloso, de la cadena de abusos que se están cometiendo en Colombia contra los periodistas y contra personas que opinan sobre asuntos públicos (1). Ello muestra, lamentablemente,  que Colombia se está convirtiendo en un país sin libertad de expresión.

Ricardo Puentes es uno de los principales críticos del proceso del Palacio de Justicia. Tras difíciles investigaciones, él reveló lo que ningún otro medio de prensa del país había querido revelar: que en ese proceso hubo graves fallas de procedimiento y de garantías y que en ello Ángela María Buitrago había jugado un papel central. Fue ella la que admitió y explotó contra el interés de los citados militares varios falsos testigos.

Puentes descubrió, además, que la Fiscalía contribuyó durante años a mantener la ficción de “los 12 desaparecidos del palacio de justicia”, ocultando el paradero de los cadáveres y restos óseos de las personas que habían sido asesinadas en la cafetería por los terroristas que asaltaron el palacio de justicia en noviembre de 1985.

Por esas y otras revelaciones el periodista Ricardo Puentes debe enfrentar ahora un proceso que es otro ejemplo de justicia politizada: un proceso que estaba siendo impulsado a sus espaldas y en el que le imponen una sanción económica grave antes de que haya habido una sentencia condenatoria.

Otro detalle curioso: la señora Buitrago presentó su demanda ante la unidad antiterrorista de la Fiscalía, sin que la ex funcionaria explicara qué relación podía haber entre la actividad del periodista y el terrorismo. Esa unidad armó el expediente contra Puentes durante casi cinco años sin decirle nada. Hasta el día de hoy, Ricardo Puentes ignora cuáles son los crímenes de “terrorismo” que creer poder reprocharle la señora Buitrago pues nunca la fiscalía le notificó la demanda, ni lo convocó para que explicara su conducta.

Ricardo Puentes estima que, además, los investigadores violaron su vida privada: “Un técnico me informó que mis teléfonos estaban intervenidos. Escribí a la Fiscalía preguntando si había orden judicial para tal intervención. Me dijeron que no podían responderme a eso”.

En esas condiciones, el fiscal antiterrorista se dedicó a constituir un expediente a hurtadillas y sin preocuparse por saber qué elementos de defensa podían ser allegados al expediente.

Como la documentación recogida por el instructor no encajaba con la acusación, la fiscalía trasladó el caso a otro despacho judicial. Este terminó por reformular los cargos y la semana pasada el juzgado 55 de Bogotá convocó por primera vez a Ricardo Puentes a una audiencia. En ésta él fue notificado de que estaba acusado de dos delitos: “injuria agravada” y “calumnia agravada”, y que fuera de eso debía hacerle frente a otro agravante: la “contumacia” –como si la notificación hubiera sido hecha y como si Puentes hubiera decidido darle la espalda al proceso, lo que no es cierto–.

Tras la audiencia, Ricardo Puentes escribió a una asociación defensora de periodistas para que tomara cartas en el asunto. El periodista detalló que el segundo funcionario, Danilo Arévalo, fiscal delegado 224, no le había notificado la demanda (como no lo había hecho el anterior) y que nunca le habían propuesto ni siquiera la audiencia de conciliación que se estila en esos casos. “Mis derechos a tener un proceso leal, es decir mi derecho al debido proceso fueron, por lo tanto, violados”, estima el periodista.

Ricardo Puentes cuenta que un día recibió una misteriosa llamada telefónica. Como él había recibido otras (intimidatorias en general por los artículos que escribía), le preguntó a su interlocutor quien era él. La voz le dijo que era el fiscal Danilo Arévalo. Puentes le pidió, con toda razón, que le ratificara lo dicho por escrito y de manera oficial pues él había recibido, en el pasado, no sólo amenazas de muerte sino falsas cartas de hostigamiento psicológico. Puentes nunca recibió notificación alguna de Arévalo, como lo exige el código de procedimiento en esos casos. Jamás le envió una citación, “como puede verificarse en la ausencia de sellos y firmas de recibido de las notificaciones que él dijo haberme enviado”, escribió Ricardo Puentes.

En silencio y a espaldas del acusado, el proceso siguió su curso. Los resultados de esa actitud arbitraria resultaron desastrosos para el debido proceso. En la audiencia de la semana pasada, el periodista fue notificado por la juez Nathalie Andrea Motta Cortés que estaba acusado de “injuria y calumnia agravadas”, fuera del agravante de la “contumacia” y que, además, su casa de habitación y de trabajo, de la cual él es propietario, “quedaba embargada desde ese momento y durante seis meses”. Y que, finalmente, si él llegaba a ser condenado corría el riesgo de ser encerrado durante cinco años en una prisión.  La juez negó que le hubieran violado al periodista el derecho al debido proceso por la no notificación de la demanda.

John Saulo Melo, abogado de Ricardo Puentes, consideró que el embargo del domicilio del periodista es una extralimitación tanto de la demandante como de la juez que concedió ese extremo, pues  decretar tal medida antes de que el acusado sea vencido en juicio crea la impresión de que éste ya ha sido condenado.

En la audiencia, el Sr. Arévalo le indicó a Puentes que Ángela María Buitrago, había presentado la denuncia contra él por uno de sus artículos, publicado en septiembre de 2010. El juez omitió toda referencia a la frase o frases exactas sobre las cuales descansa la acusación. Ante esa súbita avalancha de injusticias, y temiendo por su integridad física, el periodista no tuvo otra alternativa que salir del país.

El portal web Periodismo sin Fronteras lucha contra la censura y la autocensura de prensa y al hacerlo encarna el honor de la profesión y presta un inestimable servicio público. Es inadmisible que algunos, para vengarse contra un periodista independiente, y por proteger ciertos intereses políticos, quieran deshacerse de Ricardo Puentes y destruir el importante espacio de libertad que él ha creado. La instrumentalización solapada de la justicia, con operaciones secretas e irrespeto de las reglas del derecho,  métodos dignos de las peores dictaduras, debe ser denunciada y rechazada por las fuerzas vivas del país, antes de que sea demasiado tarde. ¿Hay otros periodistas colombianos con procesos secretos que no les han sido notificados?

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(1).  Citaré sólo tres de los casos más recientes de  abusos y sanciones excesivas del poder judicial en materia de prensa. 1.- El 21 de mayo de 2015, la periodista María Isabel Rueda fue citada a interrogatorio por la Fiscalía General por haber entrevistado a Francisco Santos, candidato a la Alcaldía de Bogotá, el 8 de septiembre de 2014.  María Isabel Rueda estima que tal citación fue un “hostigamiento a la libertad de prensa” y un intento de violación de la confidencialidad de las fuentes de un periodista. Es la segunda vez que la Fiscalía emplea tal método contra Rueda. Ella también fue citada por haber escrito un comentario sobre el  asesinato del líder conservador  Álvaro Gómez Hurtado.  2.- El 1 de junio de 2015, la Fiscalía 49 de Derechos Humanos dejó en libertad a alias ‘JJ’, un hombre que estaba detenido por haber secuestrado, torturado y violado a la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000. 3.- Gonzalo Hernán López Durán fue condenado a 18 meses de prisión por opinar sobre un asunto de interés público en la página web del diario El País, de Cali. La demanda había sido presentada por Gloria Escalante, directora de la Federación Colombiana de Departamentos. Todos los recursos presentados por López han sido rechazados.