¿LEGALIZACIÓN DE LA DROGA..?
En Colombia había y hay hoy necesidad de enfrentar con la fuerza legítima del Estado a los narcotraficantes, guerrillas incluidas
ARGUMENTOS FALACES
Por Rafael Nieto Loaiza
De repente las voces que defienden la prohibición de cultivar y comercializar drogas se han silenciado. Con ocasión del referendo para la legalización de la marihuana en California, no se oye por estos lares sino a quienes creen que la lucha actual es un fracaso y que el ‘prohibicionismo’ debe ser abolido.
Quienes defienden la necesidad de un viraje en el manejo del problema tienen, para nuestro caso, tres argumentos fundamentales. Uno sostiene que “el Plan Colombia está lejos de ser modelo de éxito [… y] la oferta en Colombia continúa igual”. La afirmación es falsa. Si antes del Plan Colombia teníamos más de 180.000 hectáreas de narcocultivos, a fines de 2009 eran 60.000, una reducción de dos terceras partes. Más allá de semejante impacto, es seguro que sin el Plan los narcocultivos se habrían multiplicado, con consecuencias nefastas: el fortalecimiento de los grupos armados ilegales que se nutren del narcotráfico y el aumento de la corrupción y la infiltración de la criminalidad en la política y el gobierno.
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Otro alegato sostiene que la “militarización como fórmula para combatir las mafias y la producción ha sido ineficaz”. Puede ser el caso de Afganistán hoy, pero ciertamente no es la realidad colombiana. El Plan Colombia fortaleció decididamente a la Fuerza Pública y, junto con la política de seguridad democrática, es responsable del desmonte de las autodefensas y de la fragilidad actual de las Farc y el Eln. Aunque suene obvio, hay que repetirlo: la simbiosis entre grupos armados y narcotráfico hacía indispensable que los militares entraran en la lucha contra el narcotráfico. Sin la participación activa de las Fuerzas Militares no hubiesen sido posibles los éxitos actuales. Una aproximación exclusivamente policial habría sido insuficiente. En cambio, la combinación de esfuerzos se tradujo en una reducción del 95% en los secuestros y en 13.000 homicidios menos por año.
[ad#right]Finalmente sostienen que “un capo preso, extraditado o muerto es reemplazado en poco tiempo por otro más poderoso y peligroso que el anterior”. La afirmación riñe con la evidencia. Mucho va del cartel de Medellín, Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela a… ¿alguien recuerda los nombres de los capos de hoy? No, porque su poder y su capacidad de hacer daño han disminuido en forma sustantiva. Sigue habiendo narcos y mafias, claro, pero ya no son los de antes.
Es verdad que de aprobarse el referendo en California sería indispensable dar un debate global sobre el asunto. No pareciera tener sentido que en los países productores, Colombia a la cabeza, nos aboquemos a enfrentar a sangre y fuego el narcotráfico, con un costo enorme en vidas y dinero, y en el mayor consumidor del mundo sea lícito cultivar y comercializar sustancias psicoactivas.
Pero lo cierto es que, más allá de ese eventual debate, en Colombia había y hay hoy necesidad de enfrentar con la fuerza legítima del Estado a los narcotraficantes, guerrillas incluidas. Y de perseguir y desmontar los narcocultivos. Las políticas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo y de salud pública son indispensables, pero insuficientes. La aproximación militar y policial es insustituible. La polémica sobre la eficacia global de las políticas actuales en la lucha contra el narcotráfico no debe empañar nuestra visión del problema. Deben ser nuestras necesidades y problemas los que definan nuestra estrategia y no una gaseosa discusión internacional que, además, no se ha dado.
Octubre 31 de 2010
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