PREGUNTAS SOBRE LA CUMBRE NARCOTERRORISTA EN CUBA

Preguntas sobre la cumbre narco-terrorista en Cuba

Santos facilitó la realización de una reunión en la que los jefes terroristas tomaron decisiones para perfeccionar la coordinación de acciones bélicas de ellos contra el Estado y  la sociedad colombiana

Por Eduardo Mackenzie

14 de mayo de 2015

¿Por qué el presidente Juan Manuel Santos no quiso dar la fecha ni los detalles del insólito encuentro en Cuba de los máximos jefes de las Farc y del Eln?  ¿Por qué Santos oculta sobre todo la fecha  en que él autorizó personalmente ese encuentro clandestino?

Realizado, al parecer, según una radio de Bogotá, entre el 23 y el 27 de abril pasado,  ese “encuentro” le permitió a Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, de las Farc, conversar no se sabe de qué con Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, del Eln.

No es la primera vez que jefes de esas bandas armadas comunistas se reúnen clandestinamente en Cuba. Es, en cambio, la primera vez que un jefe de Estado colombiano patrocina y cubre tal tipo de reunión en un país extranjero y sin decirlo, desde el comienzo, al país.

Esa reunión de una semana entre los jefes del narcoterrorismo, la cual estaba destinada a ser secreta, es decir a espaldas de Colombia, del Parlamento, del ministerio público, de la prensa –aunque los resultados de la misma afectarán los intereses de Colombia–, es sin duda alguna una mala noticia para la seguridad y la tranquilidad del país. Es sobre todo un pésimo precedente. ¿Qué otros actos de ese estilo le ha ocultado Santos al país? La escasa credibilidad del gobierno sale de este asunto peor que antes.

Si Santos se vio obligado a admitir que esa reunión había tenido lugar, y que él la había autorizado, es porque la noticia, bajo la forma de un rumor fundado, había escapado al control de los servicios de Santos.

Lo que falta establecer es el alcance de la responsabilidad del presidente colombiano en los hechos de guerra que se dispararon en Colombia antes, durante o después del encuentro en Cuba de esas dos jefaturas terroristas.

¿La autorización de ese encuentro fue dada antes del 14 de abril de 2015, día de la emboscada en que las Farc mataron a 11 militares en Timba, Cauca?

Si es verdad que Santos autorizó ese encuentro, esa autorización debe constar en un texto oficial de la presidencia pues Santos sugiere que tal autorización fue un acto de gobierno y no una medida clandestina y caprichosa de él. Santos dice que con tal “orden” él pretendía “lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto”. ¿Por qué no muestra ese documento al país? ¿Qué contiene ese documento que la prensa no puede verlo?  Ese documento debe dormir en alguna oficina del Palacio de Nariño. ¿Qué esperan para pedir  una copia las famosas “unidades investigativas” de la prensa?

Esa autorización presidencial ocurrió antes de la ofensiva del Eln en convergencia con las Farc, contra las fuerzas militares colombianas, la cual dejó una docena de muertos y heridos en Boyacá, Caquetá, Cauca y Meta.  Ocurrió antes de la explosión de la mina antipersona y de la aterradora exposición en una escuela del Norte de Santander el 9 de mayo.

¿Santos violó la Constitución y la ley con esa extravagante autorización? ¿Con esa autorización Santos facilitó de hecho la realización de una reunión en la que los jefes terroristas tomaron decisiones para perfeccionar la coordinación de acciones bélicas de ellos contra el Estado y  la sociedad colombiana?

Es interesante ver la reacción del Fiscal Montealegre. Corrió a decir a los medios que el jefe de Estado es “competente” para dar ese tipo de órdenes y que Santos no violó ni la Constitución ni la ley. ¿Lo que dice el Fiscal es palabra divina? ¿No está él apresurándose y dando un visto bueno preventivo para que la cuestión de la legalidad y constitucionalidad de ese acto secreto de Santos no sea examinado por los juristas, magistrados y parlamentarios del país?

Santos disfraza el sentido de sus decisiones. Las  presenta como “actos que buscan la paz”. Pretende que la autorización de la reunión de los jefes terroristas  fue un acto para “lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto”.

El resultado fue lo opuesto: la ratificación del Eln de que no dejará las armas aunque abra negociaciones de paz con el gobierno y, por otra parte, hubo intensificación de la guerra, agravación de los ataques, y  aumento de los muertos y heridos de la población civil y de la fuerza pública. Sólo en el extraño mundo de Subuso eso es “buscar la paz”.

Con las decisiones en cascada que está tomando Santos respecto de los narcoterroristas, las cuales terminan de hecho no en gestos de paz sino en una mejora de las condiciones de la ofensiva militar y política de ellos contra Colombia, Santos está jugando con gran brutalidad y cinismo. El cree que ser presidente de la República lo autoriza a hacer todo y su contrario. Cree que lo inmuniza contra las cuentas que le pedirán un día las víctimas de sus decisiones. Cree que con el respaldo del Fiscal General puede poner en remojo las instituciones del país.

Existe sin embargo una investigación preliminar contra el presidente Santos ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. El abogado Guillermo Rodríguez acusa al actual jefe de Estado de haber atentado contra la seguridad pública, de encubrimiento, abuso de autoridad y traición a la patria, por haber autorizado dos viajes de Timochenko a Cuba en 2014.  El nuevo escándalo de ahora, mucho más grave, por haber patrocinado una cumbre de jefes terroristas en Cuba, vendrá a sumarse a las acusaciones y argumentos que cursan contra él en el despacho del representante Nicolás Guerrero Montaño.

Como van las cosas los parlamentarios, de oposición o no, terminarán por liberarse del control que Santos trata de ejercer sobre ellos. Se toparán con la montaña de abusos y de crímenes que se están cometiendo en Colombia con el pretexto falacioso de que se está “buscando la paz” y de que todos debemos soportar sin chistar las peores  injusticias pues el gobierno está a punto de lograr “el fin del conflicto”.