LA CULPA NO ES DEL PROCURADOR

LA CULPA NO ES DEL PROCURADOR

Por Rafael Nieto Loaiza

 

El Procurador ha sido blanco de permanentes ataques por cuenta de su formación católica y su coherencia ideológica. El grueso de opinadores, de zurda tendencia, le ha dado palo una y otra vez por sus creencias. Ordóñez ha sabido ponerlos en su sitio a través de decisiones que muestran que, más allá de sus convicciones políticas, decide con las pruebas en la mano. Por eso han sido sancionados disciplinariamente desde Teodora hasta Sabas Pretelt. Supongo que tales determinaciones le habrán granjeado nuevos enemigos, a lo largo y ancho de todo el espectro ideológico. A mí, sin embargo, me producen admiración. Hay que tener pantalones para tomarlas y no hay duda de que el Procurador los tiene bien puestos.

Ahora levanta ampolla su posición de pedir la condena de los guerrilleros que comandaron la toma del Palacio de Justicia. No es curioso que los mismos que lo critican ahora sean quienes han aplaudido la pena impuesta al coronel Plazas Vega. Es la posición típica de medir con distinto rasero, según quien sea el objeto de la evaluación. El trato asimétrico es muy propio de la justicia colombiana. ¿Dónde están, por ejemplo, las condenas de la Corte Suprema de Justicia por farcpolítica?

La verdad es que la condena a Plazas fue un exabrupto jurídico y el Coronel un chivo expiatorio: le aplicaron retroactivamente y en lo desfavorable una ley penal, lo sentenciaron por un delito que no existía en el momento de los hechos, usaron una teoría (la del “autor mediato”) que en una democracia sólo es aplicable a organizaciones criminales y no a la Fuerza Pública, la prueba fundamental en su contra fue un testimonio recibido ilegalmente, rendido por un supuesto testigo de quien no hay siquiera certeza de su nombre, que no pudo ser contra interrogado y que, de ser quien decía, no estuvo nunca en Bogotá para la época de la toma. Para rematar, los periodistas Claudia Morales y Ricardo Puentes desnudaron que el gran activista de los familiares de las víctimas es un guerrillero del M-19, hermano de una desaparecida que seguramente también lo era.

Pero el punto no es Plazas, sino la decisión del Procurador. Se quejan los opinadores de que su posición pone en peligro las amnistías e indultos a los guerrilleros del Eme. Ocurre que, sin embargo, quien abrió esa puerta fue el Tribunal Superior de Bogotá, que sostuvo que los delitos por los cuales se acusaba a los guerrilleros eran “de lesa humanidad” y, por tanto, imprescriptibles y no susceptibles de ser cobijados por amnistía o indulto. No es, pues, el Procurador quien pone en peligro las amnistías e indultos de los guerrilleros, sino el Tribunal. Y antes, la Fiscalía General y la Corte Suprema, que han dado vía libre a calificar casi cualquier delito contra la vida, integridad física y libertad de un civil como un crimen de “lesa humanidad”, con el aplauso de quienes hoy critican.

Se quejan también de que el Procurador haya solicitado la extensión de la investigación a los demás miembros del M-19 y en especial a su cúpula. Pues aquí, otra vez, el Procurador sólo sigue la senda trazada antes por la Suprema y otros jueces y fiscales de inferior jerarquía, que han construido una curiosa tesis de extensión de responsabilidad penal para investigar a algunos políticos no sólo por su alianza con los paramilitares sino por los crímenes cometidos por aquellos.

Si con estas decisiones se ponen en peligro la paz pasada y la que aun no ha llegado, la culpa ciertamente no es del Procurador.

7 de febrero de 2011