ALBERTO POVEDA PERDOMO ¿JUEZ Y POLÍTICO?
Alberto Poveda Perdomo ha debido informar a sus superiores acerca de su pasado político tan particular y ha debido declararse impedido para participar en esa deliberación por la buena razón de que el movimiento político al cual él pertenece o perteneció es uno de los principales impulsores del proceso del Coronel Plazas Vega
¿Alberto Poveda Perdomo juez y político?
Por Eduardo Mackenzie
30 de junio de 2013
La defensa del Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega ha sacado a la luz nuevas pruebas que muestran que existen vínculos entre el magistrado Alberto Poveda Perdomo -quien condenó al Coronel Alfonso Plazas Vega- y el partido Polo Democrático Alternativo (comunista).
En los documentos encontrados por la defensa del Coronel Plazas, gracias a varios motores de búsqueda y a la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se puede advertir que el magistrado Alberto Poveda Perdomo sí participó en el año de 2002, cuando no era aún magistrado, en las elecciones a la Cámara de Representantes por el Departamento del Huila, y que lo hizo dentro de una coalición dirigida por el partido extremista Polo Democrático Alternativo, dentro del cual, a su vez, interviene activamente el Partido Comunista de Colombia.
Alberto Poveda Perdomo no fue elegido pues sólo obtuvo 2 264 votos, es decir el 0, 93% del total de votos.
En esa la lista de candidatos, donde aparece su nombre, figura un ex miembro del partido Unión Patriótica (una coalición entre las Farc y el Partido Comunista de Colombia). Esos dos hechos muestran muy claramente la posición ideológica y política muy marcada y asumida por el candidato Alberto Poveda Perdomo en 2002.
Esa condición de ex candidato de una coalición de extrema izquierda fue ocultada cuando Alberto Poveda Perdomo, siendo ya magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, aceptó participar en las deliberaciones destinadas a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado defensor del Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega.
En su calidad de miembro del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Alberto Poveda Perdomo insistió en que fueran rechazados los argumentos presentados por el abogado defensor del Coronel Plazas en el recurso interpuesto contra la condena de primera instancia, a 30 años de prisión, del 9 de junio de 2010, firmada por la juez María Stella Jara Gutiérrez.
El magistrado Alberto Poveda Perdomo ha debido informar a sus superiores acerca de su pasado político tan particular y ha debido declararse impedido para participar en esa deliberación por la buena razón de que el movimiento político al cual él pertenece o perteneció es uno de los principales impulsores del proceso del Coronel Plazas Vega. Desde agosto de 1989, el Partido Comunista, a través de su órgano Voz Proletaria, comenzó una campaña pública de calumnias y falsedades contra el Coronel Plazas Vega. Sin embargo, el montaje judicial que ayudaron a construir el PCC y el Polo Democrático contra el Coronel Plazas se ha derrumbado: ha sido demostrado que todas las acusaciones contra él eran puras manipulaciones ilegales.
Como el magistrado Alberto Poveda Perdomo no se declaró impedido, y aceptó, por el contrario, hacer parte del grupo de tres magistrados nombrados para resolver precisamente el recurso de apelación (Hermens Darío Lara Acuña, Fernando Pareja Reinemer y Alberto Poveda Perdomo), el violó normas y principios importantes del derecho penal destinados a proteger la honestidad y equilibrio de los fallos judiciales. Así, el magistrado Alberto Poveda Perdomo asumió el papel de juez y parte en ese proceso, cosa totalmente prohibida por los principios del Derecho y que viola, además, las reglas de funcionamiento del debate político en una democracia.
¿Un juez no puede tener preferencias políticas? Como ciudadano que es, sí. Lo que no puede es tener en cuenta esas ideas políticas al momento de redactar sentencias. Un magistrado que tiene que resolver una controversia jurídica no puede hacer prevalecer sus propios intereses ni preferencias políticas mediante su fallo y despreciar, por ende, los legítimos intereses del justiciable a beneficiarse de un fallo imparcial. En un Estado de Derecho la imparcialidad del juez o magistrado debe ser no sólo cierta sino evidente. La menor duda al respecto, como en este caso, obscurece la legitimidad de su sentencia y la imparcialidad del proceso en general.
El magistrado Hermens Darío Lara Acuña, quien estudió el expediente de 42 465 folios durante 16 meses, estimó en su ponencia que el Coronel Alfonso Plazas Vega debía ser absuelto de cargos pues en el expediente no había ni sombra de una prueba que pudiera respaldar la condena de primera instancia. Empero, los magistrados Alberto Poveda Perdomo y Fernando Pareja Reinemer rechazaron ese análisis y la ponencia del magistrado Lara e impusieron, por una mayoría mecánica, no por el peso de su argumentación, un punto de vista contrario: ratificar la condena.
En vista de esa situación, el magistrado Lara Acuña redactó un salvamento de voto de 360 páginas donde explica que los dos magistrados citados pretenden darle el carácter de pruebas válidas a dos falsos testimonios. Explica, además, que esos falsos testimonios habían sido invalidados ya por otros jueces (Jara y Trejos) en las sentencias de junio de 2010 y de diciembre de 2011. Esos “testimonios” fueron también rechazados por el magistrado Lara Acuña en su ponencia inicial y en su salvamento de voto. Esos falsos testimonios fueron rechazados también por la Procuraduría General de la Nación.
Lo que dicen los cuatro links. El lector debería examinar los documentos que siguen. El primer link abre la página de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en la cual aparece la lista número 123 de los candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento del Huila, en el año 2002. Esa lista es encabezada por Alberto Poveda Perdomo, quien hace parte de una coalición en la cual está el Polo Democrático:
http://web.registraduria.gov.co/wa_elecciones/sv_inflista?corp=CA&depto=19&lista=123
Este mismo link muestra el segundo, tercero, cuarto y quinto renglón de la lista de la coalición antes mencionada. Allí aparece el nombre de la enfermera Belén Alarcón Alarcón, quien fue la jefe de campaña del Polo Democrático para la gobernación del Huila. Ella es una persona muy importante del Polo Democrático en ese departamento.
El segundo link, un artículo del diario El Tiempo del 13 de marzo de 1994, demuestra que otro renglón de la lista, el señor Pablo Emilio Escobar Polanía, hizo parte de la lista de la Unión Patriótica para esa elección de ese año para la Cámara de Representantes.
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-73730
El tercer link muestra la participación de la enfermera Belén Alarcón Alarcón, dirigente del Polo Democrático, en la elección de 2007 para la Gobernación del Huila. Ella impulsó la campaña de Miller Dussán Calderón.
El cuarto link abre la providencia del Procurador Delegado para la Moralidad Pública, Francisco Javier Farfán Molina, quien confirma en segunda instancia, el 30 de junio de 2004, la sanción disciplinaria (destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por un lapso de cinco años), contra Aracelly Vinazco Valencia.
La sanción fue impuesta a Aracelly Vinazco Valencia por haber utilizado un cargo público para participar en política: ella realizó, el 4 y 5 de marzo de 2002, reuniones de carácter político en las instalaciones de un hospital público en Neiva, siendo funcionaria de dicho hospital. Como dice la providencia, las reuniones eran para favorecer a Alberto Poveda Perdomo, candidato a la Cámara de Representantes para el periodo 2002-2006.
Alberto Poveda Perdomo se salvó de ser sancionado por la Procuraduría pues en ese momento no era funcionario público. Por ser un particular, él ha debido ser investigado por la Fiscalía. Pero no lo fue por razones que ignoramos. Pese a tales irregularidades, Alberto Poveda Perdomo logró llegar a ser magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
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