AQUÍ NO PASA NADA, DICE LA CORTE SUPREMA

LA CSJ DICE: “AQUÍ NO PASÓ NADA”

Por Eduardo Mackenzie

 

Tras maratónica reunión, la Corte Suprema de Justicia eligió, por fin, el nuevo Fiscal General de la Nación en la persona de la abogada y ex congresista liberal Viviane Morales Hoyos, 48 años, en la madrugada del 2 de diciembre pasado. La terna utilizada fue la enviada por el Presidente Juan Manuel Santos, la cual substituyó, en forma irregular,  según algunos juristas, la única terna válida: la segunda que meses antes había presentado el Presidente Álvaro Uribe. Esa misma noche, el pleno de la CSJ eligió también a su presidente en propiedad y a cinco nuevos magistrados.

Todo eso parece haber aliviado a algunos editorialistas. Sin embargo, puede uno preguntarse si el país está en la misma tónica. No lo creo. Esa elección nocturna no cierra, para nada, la discusión sobre la bochornosa aventura de la CSJ en los pasados meses. Aunque la buena voluntad de Viviane Morales parece inmensa, la viabilidad del nuevo periodo que se abre sigue en entredicho.

Durante los últimos 16 meses, la CSJ se desvalorizó ante la opinión pública. En ese periodo, la crisis de la justicia colombiana se hizo patente. Las declaraciones del magistrado Augusto Ibáñez, ex presidente de la CSJ,  sobre “la era de los jueces” anunciaron que ésta abría, sin motivaciones claras,  un proceso de lucha frontal contra el poder ejecutivo y contra el poder legislativo, y avanzaba hacia la conformación de un nuevo estilo  de poder. Más perspicaz de lo que algunos creen, la opinión pública adivinó que comenzaba a cristalizar un gobierno de los jueces, es decir, un desvío detestable del sistema democrático.

En esos 16 meses, la CSJ se metió, ella sola, en un conflicto devastador: ella se negó a cumplir el precepto constitucional de elegir el Fiscal General de una terna presentada por el presidente de la República. Ella nunca explicó, realmente, el por qué de ese acto de rebelión. Ella dejó ver que su única motivación era política: el grupo dirigente de la CSJ detesta al jefe de Estado elegido dos veces por los colombianos. Por eso impidió durante año y medio la elección del Fiscal General.

Con ese acto de rebelión, la CSJ se puso por encima de la Constitución, obró a su manera, sin respetar nada ni nadie. Augusto Ibáñez se inventó exigencias que la Constitución rechaza. Para resumir: la CSJ abolió la Constitución y puso en peligro el edificio institucional del país. Los efectos se vieron enseguida: aumento de la criminalidad en todo el país,  incremento del terrorismo Farc, decisiones judiciales aberrantes por doquier, investigaciones contra los congresistas que  votaron el referendo y cambio súbito de posición sobre el fuero de éstos.

También hubo campañas de satanización y de represión judicial contra el estamento militar y el poder legislativo y contra el presidente de la República. Hubo maniobras contra la libertad de la prensa: unos magistrados pidieron la cabeza de importantes periodistas. Otros llegaron al extremo de pedir a obscuros activistas españoles, en enero de 2010,  que difundieran en Europa las peores inmundicias contra el gobierno colombiano.

Ahora el magistrado Jaime Arrubla Paucar, nuevo presidente de la CSJ, nos cuenta  que con la elección del 2 de diciembre ellos “le cumplieron al país”.  Si interpreto bien sus palabras, el pretende que los ciudadanos quedamos en deuda con él.

Muchos  colombianos queremos, por el contrario, saber qué pasó en esos 16 meses. Pues la cosa no está clara y lo que sigue tampoco está claro. La clique que abolió la Constitución sigue en sus cargos y  nada garantiza que no volverán a lo mismo. ¿Qué garantías tiene el país de que no obrarán así? ¿Qué obstáculos jurídicos existen contra una desviación tan grave? Por lo que vimos en estos 16 meses, ninguno. ¿Qué sanción hubo tras el motín constitucional? Ninguno. ¿Qué reparación está prevista para enmendar lo que hicieron? Ninguna.

Esa rebelión de la CSJ, algo que nunca había ocurrido en Colombia, desequilibró el sistema penal. Hubo derrota institucional y derrota del concepto del Estado de derecho. ¿El país debe quedarse callado? “Siga su camino, amigo, aquí no pasó nada”. ¿Esa es la orden?  Difícil será acatarla. El último capítulo de esa crisis es el malestar que existe, a justo título, sobre la falta de garantías de la justicia. El escándalo del asilo político logrado por María  del Pilar Hurtado no hizo sino sacar a flote algo que ya estaba latente.  

¿Qué se puede concluir de la negativa de la CSJ a abrir investigación penal a la ex senadora Piedad Córdoba, cuyos lazos con las Farc son probados, para que los amigos de ésta puedan incrustarla como parte civil en la investigación que le abrieron al ex presidente Uribe? ¿Eso son garantías?

¿Qué pensar de la juez Jara, premiaba con viaje de estudios en Alemania por haber condenado al coronel Plazas Vega sin tener pruebas contra él y teniendo, en cambio, todos los elementos que prueban su inocencia?  ¿Es eso un Estado de derecho?

El presidente Juan Manuel Santos y la Fiscal Viviane Morales deberían ver con realismo lo que ocurre. La caza de brujas contra el ex presidente Uribe y sus ex colaboradores, y la vendetta contra el Procurador General Ordóñez, muestran el fondo del abismo. Y revelan que toda veleidad de independencia del mismo jefe de Estado, y de la nueva Fiscal General, será castigada. La anómala correlación de fuerzas creada por los hechos de estos 16 meses de Constitución abolida, hace posible todo eso.

5 de diciembre de 2010