BALTASAR GARZÓN, OTRO ENEMIGO QUE SE SUMA CONTRA EL EJÉRCITO

Baltasar Garzón, otro enemigo más que se incorpora al sistema judicial para atacar a nuestras Fuerzas Militares

Por Jaime Ruiz Barrera – BG (r) Ejército Nacional

Julio 7 de 2.012

Es inexplicable que el Presidente de la República, nuestro Comandante en Jefe, en contubernio con el Fiscal General de la Nación, patrocine la vinculación de este nefasto y peligroso personaje a nuestro cuestionado sistema judicial. De todos es bien sabido que su posición de izquierda radical lo ha convertido en enemigo acérrimo de todo lo que tenga que ver con organizaciones militares de cualquier país, particularmente con las de la mayoría de los que forman parte del actual sistema interamericano.

Los tribunales españoles lo expulsaron recientemente de la carrera judicial, por extralimitación de sus funciones y por habérsele comprobado el uso habitual de procedimientos ilegales en sus investigaciones, especialmente en lo relacionado con interceptaciones telefónicas. Fue inhabilitado por once años como responsable del delito de prevaricato, el peor que puede cometer un funcionario judicial en ejercicio de sus funciones.

Este personaje, a quien el Secretario General de la OEA, lo nombro como asesor de derechos humanos, aún no ha renunciado a su cargo y aceptó de inmediato, su vinculación al sistema judicial colombiano.

Durante los años 2005 y 2006, logró manipular unos procesos judiciales que se adelantaban en los EE.UU. por hechos de corrupción contra importantes directivos del Banco Santander de España, motivo por el cual recibió fraudulentamente una suma aproximada a un millón doscientos cuarenta mil dólares. Por este hecho, se le sindicó de cohecho y extorsión, y algún tiempo después resulto absuelto por vencimiento de términos y prescripción.

En enero de 2011, cuando el Presidente de la Republica, anunció la vinculación de esta persona a las actividades judiciales del país, el Procurador General de la Nación, tuvo un enérgico pronunciamiento, señalando la inconveniencia de esta decisión, por tratarse de un personaje en situación sub júdice, y además supremamente cuestionado en distintos sectores del ámbito internacional.

Distintas ONG internacionales de izquierda radical, con notoria influencia a nivel mundial, adelantan en forma permanente una gran campaña de respaldo a través de distintos medios, exigiendo a la comunidad internacional, que cese “la injusta persecución” de que supuestamente es víctima este repudiado personaje.

Como funcionario de la OEA ha realizado algunas vistas a varios países del sistema interamericano, encabezando grupos de veedores internacionales para adelantar averiguaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. En repetidas ocasiones ha afirmado públicamente que “no descansara hasta tanto logre acabar con todas aquellas lacras responsables por la violación de los derechos fundamentales del hombre”. Ese siempre ha sido su estribillo de combate.

Recientemente en una visita realizada al Ecuador, donde fue muy criticado por distintos sectores de la oposición, fue

esplendorosamente homenajeado en la sede de nuestra propia embajada, por parte de la Secretaria General de UNASUR, María Emma Mejía. Todo esto demuestra a plenitud, el interés muy particular de este gobierno, de congraciarse con la izquierda radical, nacional e internacional, para favorecer extrañas y desconocidas pretensiones, con algunos sectores de esta peligrosa línea ideológica.

El pasado 4 de julio, se consolidó de manera definitiva el compromiso de este ex juez con la Fiscalía General de la Nación para asesorar la entidad en todo lo concerniente a investigaciones relacionadas con la violación de derechos humanos, sin descartar, tal como ya lo anunció, llevar algunos casos a la Corte Penal Internacional.

Trabajará en la antigua sede del DAS en el centro de la ciudad de Bogotá, donde desde hace algún tiempo funciona la temible Unidad de Derechos Humanos, en coordinación constante con varios colectivos de abogados, dedicados a escudriñar eventuales violaciones relacionas con este tema y especialmente en aquellas en las cuales puedan aparecer miembros de la fuerza pública involucrados.

También se anunció, que actuará como asesor especial del gobierno en la aplicación de toda la normatividad jurídica relacionada con la ley de víctimas, restitución de tierras, ley de justicia y paz, justicia transicional y marco jurídico para la paz.

En declaraciones recientes, destacó la necesidad de “buscar la verdad y reparación” reconstruyendo la memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Para este propósito, señaló la necesidad de proporcionar rebajas de penas y otros beneficios judiciales para aquellos miembros de la fuerza pública que, estando involucrados, denunciaren conductas penales de otros miembros, en especial aquellos responsables de operaciones contra los grupos armados ilegales.

Como se puede ver, de ahora en adelante la Fiscalía General de la Nación adquirirá nuevos aires para perseguir a los miembros de la fuerza pública que, en defensa de este país, arrojen resultados y produzcan, no bajas, sino homicidios en combate (https://www.periodismosinfronteras.org/los-militares-son-homicidas-para-mindefensa.html). Si en este momento tenemos cerca de trece mil combatientes tras las rejas por este tipo de decisiones judiciales, ahora es de suponer, que tales cifras se incrementaran significativamente, en honor de las organizaciones terroristas que nos acechan.

¿Y del Fuero Militar qué?. ¿Qué podremos esperar sin la protección jurídica para ganar esta guerra?