DECLARACIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO SOBRE PROCESO DE PAZ

DECÁLOGO

PARA UNA PAZ CON EFICACIA, JUSTICIA Y DIGNIDAD

Declaración pública del  Centro Democrático

El Centro Democrático reafirma ante la opinión pública que uno de los principios fundamentales de su ideario político es la aplicación legal y efectiva de la autoridad del Estado para neutralizar la acción de los violentos. Sin embargo,  está abierto a la realización de diálogos como camino para lograr la paz en Colombia. Pero esos diálogos no pueden  realizarse de cualquier manera ni a cualquier precio. Rechazamos, en consecuencia, la falsa división del país que pretenden algunos, entre radicales militaristas y amigos del diálogo.

El gobierno de la Seguridad Democrática realizó extraordinarios avances en mejorar la seguridad para todos los colombianos sin distingo, en recuperar la soberanía del Estado sobre todo el territorio nacional, en garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, en defender el imperio de la Ley, y, en resumen, en pacificar el país por medio del ejercicio legítimo de la autoridad. Simultáneamente, promovió con éxito  la desmovilización individual y colectiva de los integrantes de grupos terroristas, producto de la cual abandonaron las armas decenas de miles de ellos, y desarrolló una política social que incluía programas de consolidación territorial orientados a generar desarrollo, empleo, ingreso y seguridad social a las comunidades más azotadas por la violencia, así como la normalización institucional de las regiones liberadas de la presencia terrorista.

 Al mismo tiempo, mantuvo abierta la puerta a los diálogos de paz con los grupos violentos, pero siempre y cuando estos aceptaran y  cumplieran unas condiciones inamovibles que garantizaran el logro de una paz con justicia y dignidad: cese previo y definitivo de la violencia; agenda limitada a acordar las condiciones de desmovilización, reinserción y desarme; y verdad, justicia y reparación a las víctimas.

Desafortunadamente para el país, el gobierno del Presidente Santos se ha desviado de este rumbo y  está realizando en La Habana unos diálogos con el grupo terrorista de las FARC, en unas condiciones inaceptables para el pueblo colombiano: diálogos en medio de la violencia y el terrorismo; negociación de la agenda nacional con un grupo terrorista que no tiene ninguna representatividad social ni legitimidad política; garantías de impunidad para sus crímenes atroces y de lesa humanidad; promesas de elegibilidad para criminales que no pasarán ni un solo día en la cárcel; y no entrega de armas de los terroristas.

El gobierno de Santos jamás recibió un mandato para realizar diálogos en semejantes condiciones. Junto con la inmensa mayoría de la opinión pública nacional, el Centro Democrático rechaza la forma y el contenido de las conversaciones de La Habana, y reitera una vez más ante toda la ciudadanía los principios y condiciones que deberían respetarse para que el Estado, en representación de toda la sociedad, adelante conversaciones de paz con cualquier grupo violento.

1. El cese previo del terrorismo es una condición irrenunciable para cualquier diálogo de paz

El Centro Democrático jamás realizará diálogos con grupos terroristas en medio del asesinato diario de policías y soldados, de reclutamiento forzado de menores, de atentados contra la infraestructura económica, de siembra generalizada de minas quiebra-patas, de extorsión indiscriminada contra la población, y de actividades de narcotráfico de esos grupos.

Si los terroristas quieren que el Estado les conceda la posibilidad de realizar diálogos para su desmovilización, su reinserción y su desarme, es absolutamente necesario que previamente cesen de manera definitiva sus acciones violentas contra el Estado y contra la sociedad.

Los terroristas están estratégicamente derrotados por el Estado, y éste les hace una concesión cuando acepta realizar con ellos diálogos de paz. Pero esta concesión no puede ser de ninguna manera gratuita: debe tener como condición el cese del terrorismo, que deberá ser garantizado por la concentración de esos grupos en zonas previamente delimitadas, con mecanismos que permitan hacer verificable la cesación de sus actividades criminales. La Fuerza Pública debe seguir operando en todo el  territorio nacional para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

2. La agenda de diálogos debe limitarse exclusivamente a la reinserción, la desmovilización y el desarme de los grupos terroristas

Negociar el agro colombiano con las FARC, es como negociar el sistema financiero con los asaltantes de bancos. Los terroristas no tienen la representación de ningún sector de la población colombiana; al contrario, son aborrecidos por el pueblo. Los diálogos para desmovilizar a los grupos terroristas no son escenarios válidos para tratar los problemas públicos. La democracia colombiana tiene instancias y mecanismos legítimos para procesar los temas de la agenda nacional. Los temas sociales, económicos, políticos e institucionales son del Estado y de la sociedad,  no se deben tratar con el terrorismo.

Es absurdo e inaceptable que en los diálogos de paz se negocie el país entre un Estado avalado por la abrumadora mayoría de los colombianos, y unos grupos terroristas que son repudiados por el 99 por ciento de la población. Los diálogos de paz  deben tener como temas únicos, exclusivos y excluyentes, las condiciones de desmovilización, reinserción, desarme y sometimiento a la justicia de los grupos terroristas.

No se entregará ni un solo milímetro del territorio nacional a los terroristas. La política de Zonas de Reserva Campesina debe revisarse para impedir que ellas sean utilizadas como enclaves de criminalidad, santuarios del terrorismo, sometimiento de la población, e imperios del atraso y la pobreza.

Una Asamblea Nacional Constituyente no es fuente de derecho si en ella participan terroristas que no se hayan desmovilizado, entregado las armas y saldado sus cuentas con la justicia.

3. La verdad, la justicia y la reparación a las víctimas deben ser ingredientes fundamentales de los acuerdos de paz

No puede haber paz  con impunidad. Es inaceptable que como resultado de unos acuerdos de paz los criminales no paguen ni un solo día de cárcel, y que se les premie con curules en el Congreso de la República. El perdón, sin el cual no hay paz, requiere que no haya impunidad, pues esta desmoraliza a la sociedad, genera mal ejemplo, y produce rencor y nuevas violencias.

En aras de la paz la justicia puede ser flexible y conllevar  suspensión de procesos judiciales por delitos que no sean violaciones graves a los derechos humanos, así como rebajas de penas para delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, con la condición de que los responsables confiesen la verdad,  reparen a sus víctimas y haya compromiso de no repetición.

En Colombia no puede haber víctimas de primera y de segunda categoría. Las víctimas deben ser actores principales de todos los procesos de justicia transicional derivados de la desmovilización y desarme de grupos terroristas, y todas ellas deben recibir un mismo tratamiento, independientemente del grupo irregular que haya sido su victimario. Las víctimas de las guerrillas deben tener el mismo tratamiento y las mismas garantías que las víctimas de los paramilitares.

Las Fuerzas Militares piden justicia, no impunidad ni perdón. Sus problemas jurídicos deben ser resueltos por fuera de los diálogos de paz e independientemente de ellos. No se puede equiparar a las fuerzas legítimas del Estado con los terroristas.

4. Los condenados por delitos de lesa humanidad o por graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser elegibles

El Congreso no se puede llenar de criminales de lesa humanidad. Una de las formas de garantizar que en el futuro no se vuelvan a cometer en Colombia delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos alegando pretextos políticos, es cerrando definitivamente la posibilidad de que sus responsables puedan ser elegibles a cargos públicos. A la sanción penal hay que agregar la sanción política y moral que significa la no elegibilidad permanente y definitiva.

Los crímenes atroces, el secuestro, los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo y el narcotráfico no serán considerados delitos conexos al delito político. La elegibilidad se reservará para quienes sean condenados exclusivamente por los delitos de rebelión, sedición y asonada, excluyendo para el efecto los delitos conexos como lo determinaba la Constitución de 1991, antes de la adopción del Marco Jurídico para la Paz.

No se tolerará de ninguna manera la combinación de las formas de lucha. Los partidos políticos democráticos deben expresar muy claramente su rechazo al terrorismo y condenar el uso de la violencia con pretextos políticos. Es inaceptable la conversión de las FARC, como tales, en partido político. Un grupo terrorista, autodenominado ejército del pueblo, no puede transformarse en partido político. Distinto es que integrantes de ese grupo, incursos solamente en delitos políticos, puedan participar activamente en la vida pública.

5. La entrega de armas es una condición indispensable para la reinserción de los terroristas

Es inaceptable que al final de unos diálogos de paz los terroristas mantengan sus armas criminales en su poder de forma definitiva, tal y como lo ha aceptado el gobierno del Presidente Santos. Los acuerdos de paz con grupos terroristas deben robustecer el principio de que el monopolio exclusivo de las armas lo tiene el Estado.  De ninguna forma es aceptable que un grupo irregular se reserve el derecho a mantener en su poder las armas con las que cometieron  crímenes contra la sociedad y contra el Estado. La sola dejación de las armas no es aceptable, se requiere una entrega de armas total y verificable.

6. El perdón hay que merecerlo

El perdón no puede ser gratis, el perdón hay que merecerlo: confesando la verdad, manifestando arrepentimiento, reparando a las víctimas y aceptando el castigo de la justicia. La reconciliación nacional requiere que la sociedad  acoja de nuevo en su seno a quienes  trasgredieron las reglas de la democracia y la convivencia civilizada, otorgándoles perdón por sus actos. Pero  el perdón no puede ser automático, ni se puede otorgar por el simple hecho de que el violento se resigne a dejar de matar.

7. Promover la desmovilización individual para desarticular el terrorismo

En forma simultánea con el ejercicio de la autoridad, el Estado debe acometer ambiciosos programas para incentivar el abandono voluntario de las armas por parte de los integrantes de grupos terroristas. A quienes se acojan a estos programas se les debe brindar toda la protección del Estado, facilidades para su reinserción, y formas expeditas de saldar sus cuentas con la justicia, al mismo tiempo que se incentiva su colaboración efectiva con las autoridades para desarticular el terrorismo.

8. La política social debe contribuir a la pacificación del país

La política social es un factor fundamental para la pacificación del país. Se deben extender masivamente programas que han obtenido reconocimiento internacional por su eficacia, como es el caso de las Familias Guardabosques, que permiten integrar a los beneficios del desarrollo a familias campesinas de zonas marginadas y azotadas por la violencia, brindándoles oportunidades de empleo e ingreso,  acceso a la educación y la seguridad social, y comprometiéndolas con el apoyo a las autoridades, restándole así caldo de cultivo al terrorismo que se nutre del abandono y la pobreza de ciertas comunidades.

Se renovarán los esfuerzos del Estado para desarrollar programas de consolidación institucional en los territorios que hayan sido liberados de la presencia terrorista con el fin de proteger a la población, normalizar las regiones, promover su desarrollo y evitar el retorno del terrorismo.

9. Reparación expedita a las víctimas de la violencia

La reparación a las víctimas de la violencia no debe ocasionar incertidumbre ni deteriorar la confianza inversionista en el campo. Hay que apelar a instrumentos legales expeditos ya probados, como es el caso de la extinción de dominio de aquellos bienes que hayan sido adquiridos como producto de la violencia o del narcotráfico, para devolvérselos a sus legítimos propietarios o adjudicarlos a las víctimas de la violencia. De igual manera, la reparación a las víctimas se debe realizar preferentemente por la vía administrativa, en función de la capacidad fiscal del Estado. Los bienes expropiados a los grupos terroristas deben contribuir de manera sustancial a la reparación de sus víctimas.

10. La paz es un asunto de soberanía nacional

La paz del país no puede estar subordinada a los intereses de gobiernos extranjeros.  La paz es un asunto interno de Colombia, que debemos resolver los colombianos de manera soberana, sin injerencias externas. La facilitación internacional no es un ingrediente indispensable para realizar diálogos de paz. Sin embargo, en el caso extraordinario de que se requiera, esta debe estar conformada por países o instancias internacionales que garanticen absoluta neutralidad e independencia.

Los gobiernos o entes internacionales que hayan mostrado en el pasado  alguna simpatía o realizado apoyo a grupos terroristas, no deben hacer parte de la facilitación internacional. El chavismo, que ha apoyado y patrocinado a los terroristas criollos, no tiene ninguna autoridad moral  ni independencia para ser patrocinador de la paz en Colombia. Para los colombianos es inaceptable que el actual gobierno se doblegue ante el fraude y la violencia dictatorial en Venezuela por el interés de mantener diálogos espurios con los terroristas.

Bogotá, 6 de mayo de 2013