SANTOS, LA DIGNIDAD DE COLOMBIA NO SE DEFIENDE CON TWITTERS
Hacer respetar el buen nombre, y garantizar la seguridad de un ex presidente de Colombia, hace parte de las obligaciones constitucionales del presidente la República quien debe, además, según el artículo 189-6 de la Constitución colombiana, defender “la honra de la Nación”
Santos, la dignidad de Colombia no se defiende con twitters
Por Eduardo Mackenzie
7 de mayo de 2013
La violenta campaña actual de insultos histéricos de Nicolás Maduro contra el ex presidente Álvaro Uribe, en la que trata a éste de “asesino” y de querer perpetrar un atentado en su contra, pone en peligro, evidentemente, la vida del ex Presidente Álvaro Uribe. Con mucha razón el ex jefe de Estado colombiano denunciará esos hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pedirá la protección jurídica de ese organismo. No será una gran protección, es cierto, pero algo es algo. Pues el gobierno de su propio país, presidido por Juan Manuel Santos, ha sido incapaz hasta este momento de pronunciarse contra la infame acometida del mandatario de facto de Venezuela.
En un nuevo acto de cobardía ante la tiranía chavista, el presidente Santos prefiere encerrarse en su Palacio de Nariño y quedarse callado. Una semana después de la avalancha de insultos contra Uribe, y ante las críticas que por ese silencio le llueven de todos lados, incluyendo una carta muy acertada del ex presidente Andrés Pastrana en la que le recuerda cuáles son sus deberes en este asunto, Juan Manuel Santos hizo, por fin, un esfuerzo supremo: redactó un corto mensaje para ironizar contra Uribe. Santos estima que “la dignidad de los ex presidentes se defiende mejor, no a gritos ni con insultos públicos, sino por los canales diplomáticos correspondientes”.
Pero Uribe no se está defendiendo a gritos y nadie le ha pedido a Santos que salga a gritar insultos en la plaza de Bolívar contra Nicolás Maduro. Se le ha pedido que se comporte como un jefe de Estado de Colombia. Sin embargo, él sigue paralizado. Pues lo de los “canales diplomáticos correspondientes” resultó ser otro gazapo. En efecto, la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, se reunió unos minutos con el embajador de Venezuela en Colombia, Iván Guillermo Rincón, luego de lo cual continuó el pávido silencio oficial y la prensa no ha logrado saber siquiera qué discutieron. En todo caso, la ministra Holguín se abstuvo de presentarle al diplomático venezolano una nota de protesta.
Ese silencio del presidente Santos y de su ministra de Relaciones Exteriores es infame. Muestra que el pueblo colombiano está solo y no tiene a nadie en estos momentos al frente del Estado que sea capaz de defender sus intereses. La agresión de Maduro contra Álvaro Uribe y contra Colombia obliga a pensar que las obscuras negociaciones en La Habana entre las Farc y Santos, de las cuales Maduro es padrino, nada bueno le preparan a Colombia. Los insultos de Maduro hieren la sensibilidad de los colombianos, salvo, claro está, la del pequeño círculo de acólitos cínicos y liofilizados que perdieron todo sentido del honor y del amor por su país y que están ahí para maquillar las peores traiciones.
Las gesticulaciones de Nicolas Maduro no son de orden personal. Pueden ser el anuncio de medidas aun más peligrosas contra Colombia. Pues Maduro, presidente de facto de un país vecino, controlado por la dictadura cubana, está dando signos de cada vez de mayor desequilibrio mental. El hombre dice que habla con el espíritu de Hugo Chávez y que éste se le aparece en forma de pajarito. Sin presentar la menor prueba, dice que “paramilitares colombianos” se han infiltrado en Venezuela para liquidarlo. Eructa que el presidente Obama está financiando “grupos violentos” para “provocar una guerra civil” en Venezuela. La situación de Maduro no es envidiable. El se cree ungido por el pueblo en las elecciones del 14 de abril de 2013. En realidad, no es más que un monigote de la dictadura cubana que debe dar la cara ante un vasto crimen: el fraude electoral del 14 de abril que todo el mundo repudia.
En su calidad de jefe de Estado, Juan Manuel Santos es el responsable de la política exterior de Colombia (art 189-2 de la Constitución colombiana). Las diferencias políticas que pueden existir entre él y el Ex presidente de Colombia no pueden ser invocadas como pretexto para justificar el silencio de la Casa de Nariño ente la violencia verbal de Nicolas Maduro.
Hacer respetar el buen nombre, y garantizar la seguridad de un ex presidente de Colombia, hace parte de las obligaciones constitucionales del presidente la República quien debe, además, según el artículo 189-6 de la Constitución colombiana, defender “la honra de la Nación”.
No fue otra cosa lo que hizo el presidente Álvaro Uribe, con notable éxito, cuando autoridades judiciales y el Gobierno de Ecuador intentaron montar un proceso penal contra el ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, tras la muerte del terrorista alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano.
Una parte grande de la ciudadanía le exige al presidente Santos unirse a los jefes de Estado y a los parlamentarios del continente que han objetado las irregulares elecciones de Venezuela y que califique, por fin, de inadmisibles los actos de violencia desatados en estos días dentro del propio hemiciclo contra los parlamentarios de oposición en Venezuela. Le piden que rechace la brutal represión de las manifestaciones de los jóvenes de oposición venezolanos, quienes han sido atacados, heridos y, en algunos casos, muertos ante las brutales arremetidas de la policía al servicio del régimen de Nicolás Maduro.
Colombia debería respaldar la declaración de la Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), quien considera que en las elecciones presidenciales de Venezuela del 14 de abril “se perpetró un fraude electoral por parte del Gobierno venezolano”, lo cual fue seguido “por una feroz ola represiva para acallar las protestas que se suscitaron”.
A Maduro le podría ir mal si pisa tierra colombiana. No solo miles de colombianos repudian desde ya su presencia en nuestro país sino que Jaime Granados, el abogado del ex presidente Uribe, pidió a la Procuraduría que estudie la posibilidad de que “un órgano de la justicia imparcial” le exija cuentas a ese energúmeno “por las calumnias y amenazas irresponsablemente proferidas” contra el ex presidente colombiano.
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