EL CALVARIO DE RICARDO PUENTES

El calvario de Ricardo Puentes

No hay en Colombia un portal web que critique con mayor independencia y pugnacidad –y hasta insolencia–  el falso “proceso de paz” del gobierno de Santos, la corrupción de la justicia y la actividad criminal de las Farc, que Periodismo Sin Fronteras. Es eso lo que no soportan los que agreden a Ricardo Puentes

Por Eduardo Mackenzie

18 de febrero de 2014

Las agresiones contra el periodista Ricardo Puentes Melo,  denunciadas en mi artículo del 21 de diciembre pasado, continúan y se agravan. Sin embargo, la investigación que adelantan periodistas independientes acerca del por qué y quién está moviendo los hilos de esa sucia operación contra el director editorial del portal web Periodismo sin Fronteras está avanzando.

Los rudos hechos acaecidos a finales de diciembre muestran que en la operación destinada a  destruir a uno de los periodista de investigación más valientes de Colombia están involucrados tres  empleados distritales de Bogotá, un alto funcionario del gobierno de Santos, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y, sobre todo, la ex fiscal Ángela María Buitrago, la misma que utilizó de  manera cínica tres falsos testigos para condenar al Coronel Plazas Vega, en un proceso criticado por muchos como el más grande fraude procesal que haya conocido Colombia.  Destituida en septiembre de 2010 por las irregularidades que cometió,  esa ex fiscal tiene ahora contactos curiosos con gente de la Personería de Bogotá  de donde están saliendo, precisamente,  los hilos más sombríos de la conjura contra Ricardo Puentes, el

periodista que más ha contribuido a demostrar las ilegalidades de la Fiscalía en el proceso del Coronel Plazas. “Estoy seguro que detrás de todo esto está el tema del Palacio de Justicia, Ángela María Buitrago y el Colectivo Alvear Restrepo”, subraya Ricardo Puentes.

También se supo que si bien el objetivo inmediato de esa gente es lograr la muerte civil de Ricardo Puentes, el objetivo máximo de ellos es, como se verá, enlodar el nombre del ex presidente y candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez.

Quienes están sufriendo más con esa operación de hostigamiento son los niños y la esposa del periodista. Pues la fase actual de la estrategia de los instigadores consiste en usar la familia de Puentes contra él mismo, al precio que sea. El 28 de diciembre de 2013, por ejemplo, los hijos de Ricardo fueron sacados intempestivamente de su hogar sin el permiso de sus padres. Los autores del rapto, quienes robaron además los alimentos y las computadoras del periodista,  fueron a buscar orientación a la Fiscalía General. La primera persona que vieron allí fue la ex fiscal Ángela María Buitrago, quien ahora es abogada litigante. ¿Esas personas se habían concertado? No lo sabemos. Lo cierto es que la Buitrago les dijo que ella “tenía denunciado” a Ricardo Puentes y que les recomendaba  entablar inmediatamente, ante un fiscal, una demanda contra él por “violencia intrafamiliar”.  Esas personas acogieron la sugerencia, pero la demanda no fue aceptada pues no había la menor prueba de semejante delito.

Orientados  por la ex fiscal, pasaron entonces a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Allí afirmaron que el periodista había propinado “golpizas” a sus hijos. La idea era que un fiscal, ante tal acusación, firmara ahí mismo una orden de captura contra Puentes. Pero fracasaron de nuevo por la carencia de pruebas. Se comunicaron telefónicamente entonces con la Personería, donde la Buitrago tiene amigos (ella trató en vano,  en febrero de 2012, de ser elegida personera de Bogotá).

Allí, una funcionaria, María Luisa Correa, les dio instrucciones para que llamaran a la línea gratuita de la entidad y, además, les pidió trasladarse a la Comisaria de Engativá para que hablaran con Diego Fernando Castro, otro empleado de la Personería. Este les solicitó presentarse al día siguiente con los niños a la Comisaría del barrio Puente Aranda para que expusieran la historia de la “violencia intrafamiliar”.   Y así hicieron. Pero como fueron incapaces de presentar pruebas de las supuestas “violencias” no les recibieron la denuncia, lo que hizo montar en cólera a Diego Fernando Castro y María Luisa Correa, quien prometió –y así lo hizo- “apersonarse” del caso. Sus excesos de intervención hacen pensar a Ricardo Puentes en que allí hubo un descarado tráfico de influencias.

La falta de pruebas se explica: nunca hubo la tal “violencia intrafamiliar”. Puentes no ha maltratado a sus niños ni a su esposa. Pero como se trata de estigmatizarlo, esa infame calumnia puede hacer milagros.  Al proponer eso la Buitrago probó, una vez más, su falta de escrúpulos y su odio por el periodista. Al emplear sus fichas dentro del Distrito para golpear a personas inocentes ella pone en peligro la vida de muchos pero también le hace correr riesgos a sus fichas (todos  militantes o simpatizantes de dos partidos de extrema izquierda, el Polo Democrático y Progresista)  pues tales ilegalidades podrían desembocar en procesos penales. Ricardo Puentes entabló una demanda penal ante la Fiscalía por esos hechos el 22 y 29 de enero de 2014.

Este episodio tiene un sub fondo adicional aún más siniestro, que muestra hasta qué grado de abyección pueden llegar los castristas criollos cuando intentan destruir a un adversario.  Para atacar a Puentes esa gente explotó un hecho de la vida íntima de éste y de Andrea, su esposa. Hace unos meses, ellos entraron en discordia por un problema de celos. Miriam López Castañeda, la madre de Andrea, quien le profesa desde siempre un odio visceral a su yerno por no ser izquierdista (ella es ferviente seguidora de Gustavo Petro) aprovechó esa brecha para ajustar cuentas con Ricardo. “Con los documentos que saqué del apartamento – le dijo Miriam a su hija- los enemigos de ese hp de su marido van a disfrutar mucho”, puntualizó el día que ocurrió el robo de computadores, memorias y documentos de la residencia de Puentes. Andrea había roto con su madre varios años atrás por diversas razones pero, deprimida y desorientada,  cayó de nuevo bajo la tóxica influencia. Miriam, en efecto, la convenció de que abandonara  su hogar y huyera con sus hijos y le abriera a su marido un proceso penal por algún delito grave.  Sin calcular el alcance de eso, e ignorando que detrás de ese afán había una operación política, Andrea obedeció. Pero cuando vio los excesos que estaba cometiendo su madre y constató, sobre todo, el sufrimiento de sus hijos, quienes no entendían por qué los separaban de su padre, se arrepintió. Regresó al hogar, retiró la demanda el 7 de enero de 2014, y le describió a su marido las intrigas tejidas por Miriam y sus compinches.

Fue así como Miriam, secundada por su hijo Ronald Torres López y por la concubina de éste, Eugenia Velázquez Díaz, se llevaron los niños en un carro el 28 de diciembre. Andrea se opuso, además, a que sacaran objetos del apartamento. Pero ante la brutalidad de su madre, ella cedió y los siguió. En los días siguientes, cuando fue incitada a presentar denuncia, ella evocó el verdadero motivo de su querella: un acto de infidelidad de su marido. Ella fue incapaz de seguir el consejo que le habían dado la ex fiscal Buitrago y Diego Fernando Castro: convertir ese hecho en un delito de “violencia intrafamiliar”. Por eso la demanda fue rechazada tres veces. “Por infidelidad no se castiga a nadie en Colombia” fue la respuesta de los funcionarios que la atendieron.

Miriam no aceptó que su hija saliera de sus manos. El 11 de enero, la amenazó. Le dijo que podría sufrir “represalias” de parte de sus amigos de izquierda si no colaboraba contra Ricardo. Al mismo tiempo, le prometió que, en cambio, si ayudaba, le darían un empleo, a Andrea, en la administración distrital o en la Alcaldía de Bogotá. Andrea rechazó todo. Horas después, pese a haber retirado la demanda, la Fiscalía la citó a una audiencia para el 15 de enero. Ella anunció que no iría, pues su denuncia ya no existía, pero la Fiscalía insistió: debía ir pues iban a tratar “el tema de la vulneración de los derechos de sus hijos”.

Dos días más tarde, funcionarios de la Comisaría de Familia entraron a su domicilio. Dijeron que iban a ver “el estado de los niños”. Lo hicieron y no encontraron nada anormal. No obstante, el hostigamiento continuó.  Citaron a Andrea a otra audiencia y, la víspera, dos agentes del ICBF llegaron al hogar para “evaluar”, de nuevo, a los niños. Y citaron a la pareja a rendir una “versión libre” ante Zonia González, Comisaría de Familia de Fontibón. Esta audiencia se complicó. Andrea descubrió que la González, sin advertirle, había citado a su madre y a Ronald Torres, quienes se mostraron muy agresivos con ella. En cambio, a Ricardo no le fue permitido entrar al recinto. Al final, las precisiones dadas por Andrea no fueron vertidas con exactitud en el acta. De suerte que el 28 de enero ella envió una carta a la Comisaria González para protestar y reiterar lo que había dicho: que fue su madre y Eugenia Velázquez quienes  insistieron en huir con los niños y hurtar los computadores de Ricardo, documentos confidenciales, unas USB y los alimentos, el 28 de diciembre. En esa audiencia, Andrea supo que su madre había presentado otra demanda contra Ricardo Puentes.

El 4 de enero, víspera del día de cumpleaños de Irene, la niña supo que no podría ver a su papá pues Miriam y Ronald se oponían a

eso. Mientras tenían en su poder a los niños,  esos dos personajes les repetían, sobre todo a Irene, 13 años,  que su papá es un “malvado que podría hacerles daño”. Otro día, cuenta Ricardo, “Miriam le quitó a mi hijo unas gorras alusivas al respaldo al Procurador General Alejandro Ordóñez y en homenaje a las víctimas de la guerrilla y le dijo que la gente de la guerrilla era buena y que ‘luchaba por el pueblo’, que todo lo que yo escribía contra la guerrilla era pura mentira.”

Ese criminal intento de lavado de cerebro de los menores fue lo que motivó a Andrea para romper de nuevo con su madre y a llamar a su esposo para que viniera a rescatarlos. En la brutal discusión que desató ese gesto, Ronald intentó llevarse a la fuerza a Sarah, otra hija de Andrea. En cuanto a Miriam, ella gritó que se estaba organizando un “frente” contra Ricardo, con funcionarios como Andrés Villamizar y el director del ICBF y otros “enemigos” de Ricardo, para “atacarlo judicialmente y en los medios de comunicación”. Cuando el  periodista llegó el 5 de enero y recuperó a sus hijos y a su esposa, Ronald lo agredió.

Esta es la situación atroz que están enfrentando esos niños y esos padres de familia desde octubre de 2013, cuando  Andrés Villamizar, jefe de la Unidad Nacional de Protección,  retiró la escolta que tenía el periodista. A eso se agregó la extravagante intervención del ICBF,  organismo que, en lugar de poner fin a tales atropellos, se agita y simula actuar pero le echa leña al fuego. Pues el substrato de toda esa movilización es político.

Ricardo me explicó al respecto: “Según me comentó Andrea, desde hace meses, María Luisa Correa y Diego Fernando Castro le habían recomendado a Miriam y a Ronald que trataran de que yo involucrara en algo al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, que trataran de que yo dijera que él está financiando de alguna manera mi trabajo como periodista, lo cual no es cierto”. Ronald, en efecto, durante una conversación que él grabó secretamente, le preguntó a Ricardo si el ex presidente le estaba pagando. Puentes agregó: “Según le comentó Miriam a Andrea, el mismo director del ICBF los guió en este sentido, asegurando que el gobierno tenía un interés muy especial en mi caso y que la ficha clave para destruirme era mi esposa”. En todo caso, antes de que estallara esa crisis, Miriam le dijo a su hija que “todos los funcionarios involucrados en eso habían recalcado que la pieza clave era ella y que sin ella no se podía hacer nada para destruirme”. Incluso le contó que “el director del ICBF la felicitó por haber logrado que Andrea me abandonara”.

Al momento de redactar este artículo, Ricardo y su esposa deben hacerle frente a cuatro fiscales: uno atiende la denuncia de Andrés Villamizar contra Ricardo Puentes; otro, la fiscal 238, tiende la denuncia de Puentes contra Villamizar. Otra fiscal, Lina Giraldo, de la unidad especial de la Fiscalía para temas de violencia intrafamiliar, atiende la denuncia de Miriam contra Ricardo, y otra, la fiscal 239 Luisa Fajardo, atiende la denuncia de Ricardo Puentes contra Miriam, Ronald, María Eugenia, y los servidores públicos involucrados en las falsas denuncias en su contra. Esto, sin contar otras denuncias que según cuenta Puentes, tiene encima por cuenta del Colectivo Alvear Restrepo y del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Yesid Ramírez Bastidas.

¿Qué quiere decir todo esto? Que la célula familiar se ha convertido en terreno de experimentaciones  para reprimir a los militantes de oposición. Por el momento, ese tipo de hostigamiento está en una fase inicial. Se lo está ensayando contra el periodista Ricardo Puentes. Pero es una advertencia para todos: quien critique el proceso de paz y la reelección de Santos será tratado así. ¿Otros opositores han vivido lo que está viviendo Ricardo Puentes y su familia? Sería bueno saberlo. En todo caso, los estragos que esto genera son inmensos y muestra que  Santos, en vista de la crisis de su gobierno, está adoptando métodos  inadmisibles, dignos de la Stasi, del KGB y de los verdugos cubanos, para luchar contra sus censores, calificados por él de “irracionales que quieren persistir en la confrontación”. A ellos, dice Santos, les dará “garrote”, como lo acaba de anunciar este 7 de febrero, en lenguaje brutal que recuerda el utilizado por Nicolas Maduro en Venezuela.

¿Qué es Periodismo sin Fronteras? Es un espacio de libertad en un mundo que tiende a acallar las diferencias.  No hay en Colombia un portal web que critique con mayor independencia y pugnacidad –y hasta insolencia–  el falso “proceso de paz” del gobierno de Santos, la corrupción de la justicia y la actividad criminal de las Farc. Es eso lo que no soportan los que agreden a Ricardo Puentes.

Esto prueba que hay  operadores y activistas, de facciones extremistas conocidas, que logran introducirse a hurtadillas en el seno de las familias para recabar información, azuzar los unos contra los otros,  ampliar las fisuras sentimentales  internas,  para ejercer con esas palancas una verdadera violencia contra las familias y acusar, precisamente, de eso a sus víctimas. Son hábiles y brutales y llegan a trazar estrategias de castigo contra miembros de esas familias, manipulando a quien se preste a eso. Lo peor: los niños son convertidos en rehenes, en armas en manos de actores sin entrañas que dirigen una guerra sucia de nuevo tipo contra la oposición.

La cosa es gravísima. Nunca antes se había visto algo así en Colombia. La pasividad equivale a colaborar con esos actores. La oposición, y todos los sectores que defienden la Constitución, deben saber que estas cosas están ocurriendo. Es necesario alertar y denunciar estos hechos en todas partes, en el parlamento, en los sindicatos, en la educación, en los medios de información. Hay que derrotar y condenar esos planes antes de que se generalicen.