EL SOLILOQUIO DEL FISCAL MONTEALEGRE

El soliloquio del Fiscal Montealegre

Montealegre se yergue como juez único, como el solo vocero del derecho. Su palabra no es la de un protector leal de la ciudadanía. Es la de un censor que golpea con sentencias brutales

Por Eduardo Mackenzie

9 de diciembre de 2014

Eduardo Montealegre, el Fiscal General de la Nación,  ha vuelto a hacer un ruidoso pronunciamiento político que extralimita y desconoce de manera ofensiva las funciones estrictas que le fija a su despacho la Constitución colombiana en su artículo 251.

Ningún Fiscal General, como tal, está autorizado a torcer la acción penal, ni a desconocer la ley ni el bloque de constitucionalidad, so pretexto de que hay que sacar adelante, de alguna manera, no sé qué determinado proyecto político del poder ejecutivo.

Eso es lo que precisamente está haciendo el Fiscal Montealegre al declarar que “políticamente” es “partidario” de que a una categoría especifica de la criminalidad colombiana –los jefes de un movimiento narcoterrorista conocido judicialmente bajo la sigla Farc–, no se le apliquen las normas penales.

La frase completa del funcionario, que causa escalofríos por su carácter politiquero, rotundo e inapelable, fue esta: “Quiero señalar que soy partidario jurídica y políticamente de que los miembros de la guerrilla, sus máximos dirigentes y los guerrilleros desmovilizados, aun cuando hayan sido o sean condenados por graves violaciones a derechos humanos, por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra; que aun cuando se produzcan este tipo de sanciones en el marco de la justicia transicional todos los guerrilleros desmovilizados, incluyendo a la dirigencia de la Farc tiene que tener la oportunidad hacia el futuro de participar en política y de que se abran para ellos las vías democráticas y electorales de participación”.

Lo que dice Montealegre desde su nube es que el poder judicial, tras una eventual firma de paz entre Santos y las Farc, no contemplará la posibilidad de castigar con penas de cárcel a los autores de crímenes de guerra ni a los autores de crímenes de lesa humanidad. Que esos individuos tendrán abiertas las puertas para que se conviertan, de la noche a la mañana, en dirigentes del país. Quiere decir que no habrá respeto a los derechos de las víctimas, ni habrá verdad para nadie. ¡Qué horror! Ello contradice la juridicidad colombiana e internacional. Ello impugna lo que dice la propia Corte Constitucional colombiana, lo que dicen grandes juristas, como Alejandro Ordóñez Maldonado, el Procurador General de Colombia, y Fatou Bensouda, la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Sin olvidar lo que subraya José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Ong americana Human Rights Watch.

El Fiscal pretende pasar por encima de todos. Fatou Bensouda hizo saber el 1 de diciembre de 2014 que “la Fiscalía (de la CPI) ha informado a las autoridades colombianas que una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aún en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubieran sido consideradas genuinas”.

Todos ellos dicen que la ley y el bloque de constitucionalidad colombiano, que incluye normas internacionales de derecho público suscritas por Colombia mediante la firma de tratados, exigen excluir la impunidad sobre todo ante crímenes atroces e imprescriptibles, como los antes citados, y que para ello es necesario aplicar claramente a los jefes de las Farc penas de privación de libertad por los crímenes que ellos cometieron.

La perorata contra lo anterior es una intervención en política porque Eduardo Montealegre habló como Fiscal General y no como un ciudadano más que emite una opinión cualquiera que no lo compromete sino a él. Lo que hizo Montealegre fue hablar para comprometer la posición de la Fiscalía General en una operación política que es de competencia exclusiva del poder ejecutivo.

La declaración de Montealegre es una imbricación o injerencia abusiva del poder judicial sobre las actuaciones y políticas del poder ejecutivo. El poder judicial no fue erigido por los constituyentes para que le sirviera de comodín en ciertas coyunturas al poder ejecutivo o al poder legislativo. En una democracia cada una de las ramas del poder público es independiente y es un límite al poder de los otros poderes. Cada poder debe respetar las esferas de los otros poderes y hacer que cada poder respete sus atribuciones. Todo intento para concentrar esos poderes es un paso hacia la dictadura.

Lo que hace Montealegre es incursionar y confortar alegremente al poder ejecutivo, con el pretexto de ayudar al presidente Santos a sacar adelante su línea sobre las Farc. El Fiscal mezcla todo en un solo costal y al hacerlo viola sus obligaciones como funcionario público. El resultado es que el ordenamiento constitucional y los derechos y garantías de los ciudadanos salen maltratados.

Montealegre agravó su caso al decir: “Una de las grandes causas que ha generado la violencia en Colombia, además de la exclusión económica y de las grandes desigualdades, ha sido la exclusión política de muchos sectores. Si queremos hacer un proceso incluyente, un proceso que consolide la paz en Colombia y cree mecanismos reales para desarticular la violencia, no podemos mantener en la Constitución normas que consagren exclusiones políticas perpetuas para miembros de la insurgencia que hayan participado en política”.

El Fiscal detesta la Constitución actual, quiere cambiarla por otra que premie el crimen. Su versión de la historia, es, además, falsa. La violencia

en Colombia no fue generada  por la “exclusión económica”, ni por la “exclusión política”. Esa fue, más bien, la superchería creada por el PCC y las Farc para justificar su acción criminal.  El PCC nunca fue excluido: participó en elecciones, estuvo en el Congreso, tuvo prensa legal, locales, librerías, centros culturales, infiltró los sindicatos y las instituciones que quiso sin que ningún poder público los sacara de allí. La real “exclusión política” es la que ellos practicaron siempre, hasta hoy: todo lo que no sea manipulable por el PCC y las Farc debe ser demolido. La frase del Fiscal General no tiene nada de jurídico: es una pieza clave de la propaganda de las Farc.

Es evidente que el Fiscal General asumió el compromiso de sacar adelante la tesis del Gobierno sobre la llamada negociación de paz. Pero la Fiscalía y el Fiscal General están vedados para hacer eso, para asumir compromisos políticos. La única función de ellos es iniciar e impulsar la acción penal en Colombia, no impulsar o malograr procesos políticos. El Fiscal Montealegre da a entender que está jugando audazmente para hacer posible que las Farc acepten dejar de matar colombianos. En realidad, su injerencia a favor de la impunidad para esos criminales hace imposible toda paz duradera y toda reconciliación.

El Fiscal Montealegre tiene, pues, su verdad, que no es la verdad de los demás. Tiene su derecho, que es la inversión del derecho de los otros. Tiene sus convicciones, que él hace pasar por opciones “jurídicas”. Su autoridad implica la desposesión de la competencia de los otros. Montealegre se yergue como juez único, como el solo vocero del derecho. Su palabra no es la de un protector leal de la ciudadanía. Es la de un censor que golpea con sentencias brutales. El olvidó algo: para pontificar y ser acatado se requiere ser pontífice. Montealegre no lo es. Sus palabras dividen la comunidad nacional en lugar de unificarla.