EL ÚLTIMO DESVARÍO

El último desvarío

Por Plinio Apuleyo Mendoza

Diciembre 11 de 2011

No sobra decirlo. No sobra reiterarlo. Le cabe toda la razón a María Isabel Rueda cuando afirma que nuestro Ejército está desmoralizado y “empanicado” por los riesgos que una obtusa justicia ordinaria, contaminada por sesgos políticos o ideológicos, hace correr a oficiales y soldados. El mayor temor que los acecha no es el de pisar una mina o recibir un tiro en el fragor de un combate, sino el de quedar detenidos por una injusta medida judicial.

Si uno quisiera ilustrar con un ejemplo los monumentales errores que la justicia ordinaria comete contra los militares, bastaría citar el caso del general Jaime Uscátegui, condenado a cuarenta años de prisión por la supuesta masacre de Mapiripán, hoy convertida en una fábula que el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo logró acreditar para obtener el pago de millonarias indemnizaciones, ordenadas al Estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con destino a familiares de muertos que no están muertos sino vivos.

Si el caso del general Uscátegui hubiese quedado en manos de la Justicia Militar, los cargos por el delito de omisión contra él no hubiesen tenido el menor sustento por una razón muy sencilla: Mapiripán no dependía de la Séptima Brigada, de la cual era comandante, sino de la Brigada Móvil número 2 y del Batallón Joaquín París bajo su mando. Se trata de una maniobra tan extravagante y minuciosa que me animaría a pedir hospitalidad de este diario para contársela a los lectores en una página de Debes Leer. Es una real novela policíaca cuyos inspiradores en la sombra fueron las propias Farc.

En este y en muchos otros casos, el botín de las indemnizaciones mueve al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo a adelantar toda suerte de argucias para configurar un crimen de Estado. Lo que no lograrían si existiese el fuero militar, lo consiguen con magistrados, fiscales o jueces de dudosa ortografía. Ahora esperan que se ratifique la condena impuesta al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Nadie se explica cómo la ponencia del magistrado Hermes Darío Lara que pedía la absolución de Plazas por falta de pruebas, en un informe de mil páginas producto de un año y medio de cuidadoso estudio de su caso, no haya sido aceptada por los dos magistrados que componen con él la llamada sala de decisión. ¿Tienen alguna nueva prueba que justifique su decisión? ¿Siguen creyendo que Édgar Villarreal sí firmó la supuesta declaración (negada por él ante el Procurador), la ahora derrumbada única prueba que sirvió de base para la condena de Plazas? La perplejidad es muy grande. Juristas respetables y conocidas personalidades que conocen muy bien este caso exigen hoy una aclaración.

Si llegara a ratificarse tan monumental injusticia, el escándalo rebasaría el ámbito nacional para llegar a los estrados internacionales. Una conocida ONG norteamericana, The Inter American Institute, que reúne a juristas de muy alto nivel, estudió cuidadosamente el caso de Plazas Vega y acaba de enviar una carta con 25 preguntas al Tribunal Superior de Bogotá. Su presidente, el conocido escritor y filósofo brasileño Olavo de Carvalho, no vacila en escribir: “Hoy, la comunidad internacional se encuentra expectante sobre el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega en los hechos del Palacio de Justicia. Según parece, la justicia colombiana ha cometido el más aleve crimen contra una persona inocente, violando todos los principios vigentes en la jurisprudencia internacional a lo largo de muchos siglos.”

¡Cuidado! Es el primer trueno de una tempestad que puede dejar por los suelos la imagen de nuestro país y de sus instituciones. La última palabra para impedir tal desastre la tiene la Corte Suprema de Justicia.