ESTÁN DERRUMBANDO EL ESTADO DE DERECHO

Están derrumbando el Estado de Derecho

Por Eduardo Mackenzie

20 de febrero de 2012

La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que condena al Coronel Plazas en segunda instancia ha desatado una gran ola de comentarios y protestas en la prensa y de críticas hasta en altos centros de poder.  Esa decisión  no ha recibido una sola defensa propiamente dicha, mientras la diatriba y la cólera alcanzan a numerosos periódicos y páginas web del país.

La sentencia inicua del TSB, rechazada hasta por el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, marca una época. Es como si estuviéramos al comienzo de una importante ruptura: saliendo de un periodo de descontento marcado de la sociedad civil ante la actuación del poder judicial y entrando en una fase de fuerte radicalización contra las manifestaciones más desafiantes de esa justicia que va de escándalo en escándalo y que ahora, en 2012, ya no trata siquiera de ocultar el carácter ultra arbitrario de ciertas sentencias y que se burla cínicamente de la Constitución y de las leyes colombianas.

Por otra parte, la opinión pública rechaza cada vez con más fuerza el insoportable triunfalismo y la soberbia de algunos dirigentes del M-19, organización que asaltó y destruyó el Palacio de Justicia en 1985, que se felicitan al ver en la cárcel a los militares que defendieron el Palacio de Justicia y el Estado de Derecho. Esa inversión y perversión total de la justicia es inaceptable. El clamor de los ciudadanos aumenta para ver que esos ex terroristas sean por fin juzgados.

Los excesos de la justicia politizada está llevando al poder judicial a una fase de peligroso aislamiento. Quienes creen que la dictadura judicial colombiana es invulnerable pueden estar cometiendo un gran error.

La sentencia que desató la nueva ola de protestas revela una intención ilegal de sus autores: condenar sin pruebas a un inocente (el Coronel Alfonso Plazas), sancionar a un ex presidente de la República que no figuraba en ese proceso (Belisario Betancur), y humillar a una institución que tampoco era parte en el proceso del Coronel Plazas: el Estado y las Fuerzas Militares de Colombia. Días después de la proclamación de esa sentencia aparecieron nuevos elementos de juicio sobre las motivaciones y consecuencias de la misma.

Enumeremos algunos.

1. Alberto Poveda Perdomo y Fernando Pareja, los operadores judiciales que firmaron la sentencia de 608 páginas contra el Coronal Plazas, están en el TSB para realizar unas tareas políticas precisas y no para impartir justicia. Habría que revisar las actuaciones anteriores en el TSB de esas personas.

2. Esos dos operadores judiciales son, como algunos medios lo revelaron en febrero de 2012, sin ser desmentidos, militantes disciplinados de un partido extremista, el Polo Democrático. No se puede descartar que esa condición fuera conocida por quienes obraron para cooptarlos al TSB. Poveda Perdomo fue candidato a la Cámara de Representantes en 2002 por una coalición de extrema izquierda. La llegada de ese tipo de funcionarios al TSB es el resultado de una actitud de descontrol y laxismo en el sistema de cooptación de los magistrados de Colombia.

3. Al redactar esa sentencia, para lo cual tuvieron que pasar por encima de la realidad del expediente, ellos cometieron varios delitos, entre ellos el de prevaricato, por el cual serán investigados algún día.

4. Para aceptar cometer esa infamia ellos tuvieron que haber recibido garantías al más alto nivel, pues sabían que tal actuación es pasible de sanciones administrativas y penales. Sin embargo, en los próximos meses sus padrinos tendrán que destaparse, cuando las demandas lleguen y éstos tengan que salir de la sombra para frenar las acciones. La prensa deberá estar muy atenta a los detalles de tal evolución.

5. El día en que El Tiempo publicó la noticia de que el TSB confirmaría la condena, los operadores dieron a entender que, en efecto, estaban exigiendo “garantías”. ¿Qué tipo de garantías? ¿Quién se las otorgaría? ¿A cambio de qué?

6. El Polo Democrático es una organización particular. El no encarna la izquierda democrática en Colombia. Esa formación está dominada por jefes de dos organizaciones que dispusieron de aparatos armados: el M-19 y el Partido Comunista. Ninguna de esas dos formaciones ha roto políticamente con ese pasado criminal. Históricamente, todas las facciones de izquierda del país han sufrido las presiones, amenazas y violencias de las FARC y del PCC, para que marchen a su lado y ejecuten las tareas que éstas les dictan. Esas facciones deben servir, en última instancia, a los planes de las FARC y del PCC. Esas facciones, al no ser autónomas ni independientes, no pueden ser catalogadas como “izquierda democrática”.

7. En esas condiciones es perfectamente lógico que los citados operadores judiciales hayan ratificado la condena del Coronel Plazas Vega, un inocente, y hayan tratado de golpear el honor de un ex presidente, del Ejército y del Estado colombiano.

8. El país no puede esperar que miembros, activistas y jefes del Polo Democrático impartan justicia. Si son militantes, como lo ha denunciado la prensa, ellos están en la imposibilidad moral e intelectual de fallar en Derecho. Para un militante marxista la prioridad es sacar adelante sus tareas políticas. El Derecho y la ley son puestos al servicio de éstas y no al revés. Para ellos es impensable obrar de otra manera.

9. La consecuencia objetiva de la actuación de esos operadores en el TSB fue minar aún más la moral del Ejército e impedir que se haga justicia al Coronel Alfonso Plazas Vega, pues su inocencia ha sido demostrada varias veces: por el mismo magistrado ponente, Herminsul Lara, del TSB, así como por el Ministerio Público, por los abogados de la defensa y por el periodismo independiente.

10. Poveda y Pareja impusieron su punto de vista en la sentencia sin penetrar racionalmente en el expediente, sin justipreciar la sentencia de primera instancia, y sin valorar la ponencia de segunda instancia del magistrado Herminsul Lara. Como lo demostró Jaime Granados, abogado del Coronel Plazas, la prueba de tales desmanes es que esos dos operadores pretenden darle el carácter de pruebas válidas a los falsos testimonios invalidados por dos jueces (Jara y Trejos), en las sentencias de junio de 2010 y de diciembre de 2011, y por el magistrado ponente Herminsul Lara.

11. Poveda y Pareja firmaron ese texto para realizar otra tarea no menos chocante: levantar una muralla de desconfianza entre la justicia civil y las fuerzas militares.

12. Las fuerzas armadas colombianas son el único recurso de que dispone el Estado y el pueblo colombiano en su lucha contra su enemigo depredador histórico, las Farc, y contra el narco-terrorismo y contra los designios imperialistas del Estado venezolano-chavista en el continente.

13. Con su sentencia, Poveda y Pareja tratan de excluir toda posibilidad de juzgamiento a los dirigentes supérstites del M-19 que, como Gustavo Petro y Antonio Navarro, nada hicieron en 1985 dentro del M-19 contra la orden de recibir dinero de Pablo Escobar para derribar el gobierno de Belisario Betancur, masacrar a las Cortes, a sus magistrados y empleados, para destruir sus archivos y asesinar a los que fuera necesario para cumplir esos abyectos designios.

14. Poveda y Pareja trataron de crear un precedente que abriría la vía a sucesivos actos ilegales de humillación de las Fuerzas Militares y del Estado colombiano, a pesar de que el ordenamiento jurídico colombiano excluye ese tipo de sanción.

15. Los dos operadores trataron de legitimar el uso de falsas pruebas, y de los más estrafalarios trucos ilegales para desviar la instrucción del proceso del Coronel Plazas Vega, para que ese proceso sirva de modelo a seguir en los otros procesos penales en donde están involucrados altos militares, policías y personalidades políticas y miembros de la sociedad civil que luchan contra las amenazas subversivas que se ciernen contra la democracia colombiana.

16. Como el M-19 y Pablo Escobar no pudieron derrocar a Belisario Betancur, el fallo de los operadores quiere que esa obra de destrucción física, política y moral sea ejecutada, 26 años después, por la Corte Penal Internacional, ignorando que ese tribunal no tiene competencia para juzgar este asunto ni los eventos ocurridos antes de su creación, y prescindiendo del hecho de que la CPI no fue creada para servir de instrumento vengativo de los narco-terroristas.

17.La sentencia de los señores Poveda y Pareja pone a Colombia ante un dilema. Si  lo hecho por esos dos operadores judiciales no es repudiado, y si la justicia no  recupera la confianza que ha perdido en el corazón de los colombianos mediante una sabia decisión de la próxima sala de casación, el debido proceso y, más precisamente, el Estado de derecho colombiano habrá dejado de existir. Dejar en pié la sentencia de Poveda y Pareja equivaldrá a decir que los enemigos del Derecho le han abierto a éste una tronera y que los colombianos podrán ser juzgados mediante los métodos más bajos, ilegales y fraudulentos. Ya nadie podrá aspirar a ser tratado con equidad y honradez en los estrados colombianos. Es lo que constata el Procurador General, Alejandro Ordoñez, cuando dice: “No hay General, no hay oficial que vaya a salir indemne de esta guerra jurídica y política. […] No habrá ex presidente que logre quedar por fuera de esa tesis jurídica que hace parte de una guerra jurídica contra el Estado. […] El Presidente Santos también está corriendo los riesgos de que se le aplique esa tesis jurídica. Es una guerra jurídica dentro de una guerra política contra el Estado colombiano”.

18. En Colombia no habrá izquierda democrática leal a la Constitución hasta que el PCC y las FARC no sean excluidos de la vida política. Esas dos organizaciones han ejercido un severo control sobre las agrupaciones que se dicen de izquierda, mediante  la propaganda, pero también mediante el chantaje y la violencia. El PCC y su brazo armado desmantelaron el PSR de María Cano en 1929 y desde entonces han infiltrado con éxito dispar todas las formaciones políticas, de derecha y de izquierda, para servirse de ellas.