FRANCIA AMENAZADA Y SIN NUEVA LEY ANTITERRORISTA

Francia amenazada y sin nueva ley antiterrorista

Los servicios de inteligencia no pueden siquiera rastrear sin autorización previa de un juez los teléfonos celulares de los sospechosos de terrorismo, ni ponerles micrófonos, ni instalar dispositivos de geolocalización en los vehículos

Por Eduardo Mackenzie

15 de marzo de 2015

Dos meses después de las históricas manifestaciones del 11 de enero de 2015 en las que millones de franceses repudiaron los tres atentados islamistas cometidos entre el 7 y el 9 de ese mes en París contra el semanario Charlie Hebdo, una tienda frecuentada por personas de ascendencia judía y varios empleados y policías, lo que en total dejó sin vida a 18 personas y a 12 más heridas, y de que la ciudadanía expresara en las calles su voluntad de defender las libertades y el orden republicano, subsiste un serio malestar en la población pues el gobierno socialista de Manuel Valls no ha logrado darle una  respuesta legislativa adecuada al grave desafío que representa el extremismo djihadista.

A eso se agregan las amenazas contra Francia y contra los Judíos, lanzadas hace unas horas en un video del llamado Estado Islámico.  La respuesta del presidente François Hollande fue la de confirmar hoy que mantendrá los patrullajes de 10 000 militares en todo el país (7 000 de ellos protegen los edificios públicos y los lugares de culto). Hollande admite que  la amenaza de ataques terroristas contra Francia “sigue siendo alta”.

Eso pone de relieve el hecho de que probablemente fue un error aplazar hasta no se sabe cuándo el gran debate parlamentario que muchos esperaban  sobre la lucha antiterrorista, y la no aprobación hasta hoy de la ley-marco de inteligencia, la cual está en preparación desde hace medio año. Nada de eso ha ocurrido hasta hoy a pesar de las promesas oficiales.

“La cuestión no es saber si habrá otros atentados sino cuándo. Por eso es una cuestión de urgencia absoluta dar a nuestros equipos  de investigación los medios de actuar en el marco administrativo”, declaró hace unos días Frédéric Péchenard, ex director de la Policía Nacional de Francia.

Ante ese vacío jurídico, los servicios de inteligencia no pueden siquiera rastrear sin autorización previa de un juez los teléfonos celulares de los sospechosos de terrorismo, ni ponerles micrófonos, ni instalar dispositivos de geolocalización en los vehículos. “La amenaza terrorista  se ha multiplicado 60 veces pero los medios para combatirla no han crecido”, se lamenta Péchenard, quien ahora es miembro de la dirección nacional del partido de oposición UMP. El explica que  desde la aparición del Estado Islámico en Siria e Irak las redes islamistas armadas en Europa, y en Francia en particular, han aumentado de manera exponencial. Reveló que sólo en Francia hay 1 300 personas ligadas de alguna manera a esas zonas de combate y que cerca de 3 000 personas están “en proceso de auto radicalización vía internet”.

Es verdad que el primer ministro Manuel Valls anunció,  en enero, un aporte presupuestal específico de 273 millones de euros y el enganche de 1 400 hombres más para reforzar las células de investigación de la policía nacional. La oposición objeta sin embargo que, de todas formas, ese nuevo personal, que debe ser formado y entrenado, estará en capacidad de trabajar en el terreno dentro de dos años y que, por otra parte, la policía municipal (20 000 agentes en todo el territorio) está en su gran mayoría desarmada.

Decidido a impedir un recorte de recursos de la Defensa nacional,  el ministro del ramo, Jean-Yves Le Drian, anunció que presentará esta tarde la actualización de la ley de programación militar para adaptar los efectivos de ese ministerio a la situación actual.

En cuanto a la investigación judicial acerca del grupo que rodeaba a los atacantes dados de baja en enero, ésta continúa. En efecto, cuatro personas del grupo de Amedy Coulibaly, el asesino de una mujer policía y un barrendero en Montrouge, y autor del sangriento asalto contra el Hyper Cacher, fueron puestos bajo control judicial este 9 de marzo. Dos de ellos son Emmanuelle, una mujer gendarme de 34 años, y su amante Amar Ramdani, ya encarcelado por un caso de tráfico de drogas y de armas en España. Según la policía, éste último podría haber ayudado a Coulibaly a preparar sus ataques. En todo caso, los teléfonos de los dos hombres indican que éstos habrían estado  juntos en los mismos lugares los días fatídicos del 6, 7 y 8 de enero. Emmanuelle, adscrita al fuerte de Rosny-sous-Bois, en el departamento vecino a Paris de Saint Denis, fue suspendida de funciones en febrero pasado.

La prensa afirma que ella se había convertido al islam y que portaba un chador cuando no estaba en servicio. Ella podría haber ayudado a Amar buscándole datos judiciales confidenciales en uno de los computadores de la Gendarmería. Ramdani y Coulibaly se habían conocido años atrás en prisión. Más recientemente, la gendarme  intentó pasar ilegalmente correo a la prisión donde se encuentra Ramdani. En uno de los textos, los investigadores encontraron un plan de viaje a Charleroi (Bélgica), ciudad donde, precisamente Coulibaly compró armas. Otros dos individuos vinculados a Coulibaly son vistos como presuntos cómplices  y también quedaron bajo control judicial.