FRANCIA: MAGRO ARSENAL JURÍDICO CONTRA EL YIHADISMO

Francia: magro arsenal jurídico contra el yihadismo

A cuatro meses de las elecciones primarias de la derecha y a nueve meses de la elección presidencial, Hollande y Valls quieren despedazar el campo de la derecha, y atraer de nuevo al redil socialista a sus aliados habituales, comunistas, verdes y radicales

Por Eduardo Mackenzie
21 de julio de 2016

El laxismo y la ceguera oficial continúan vigentes en Francia. Insensible al clamor popular que pide mano dura contra el terrorismo islamista, especialmente tras la matanza de 84 personas en Niza, el presidente François Hollande frenó, a través de su primer ministro Manuel Valls, todo lo que pudo para que el nuevo plan de seguridad, negociado con la oposición en la Asamblea Nacional, sea magro y mezquino. Tras siete horas de acalorado debate parlamentario con la derecha, el compromiso que salió de eso sólo consta de tres puntos: la prolongación del estado de urgencia hasta enero próximo, la posibilidad de realizar allanamientos sin permiso de un juez y la posibilidad de explotar los datos que se encontraren en computadores y teléfonos decomisados.

Con ese arsenal jurídico mínimo el tándem Hollande-Valls piensa enfrentar la guerra bestial que Daech le ha decretado a Francia.

El primer ministro Valls tuvo que aguantar una silbatina de los diputados cuando sugirió que su gobierno había hecho “todo lo necesario” contra el terrorismo. Cinco días después de la masacre de Niza y ocho meses después de la matanza en el Bataclan y en el Hyper Cacher, en Paris, ese balance es, para muchos, inaceptable. El partido gaullista Los Republicanos (LR) propone desde hace meses una serie de medidas que, sin ser milagrosas, podrían mejorar la lucha antiterrorista y proteger más eficazmente a la población: reforzar el estado de urgencia, aumentar el poder de los prefectos, utilizar el derecho a hacer allanamientos administrativos, crear centros de retención para los yihadistas que regresan a Francia, expulsar a los extranjeros condenados por haber cometido delitos, poner brazaletes electrónicos a los sospechosos de poder atentar contra la seguridad nacional, cierre de las mezquitas salafistas, expulsión de los imanes extranjeros que predican el odio anti francés y antisemita, inculpar a los que consultan los portales web islamistas y detener provisoriamente a los menores involucrados en delitos relacionados con la empresa terrorista.

Solo tres de esos puntos fueron adoptados en la noche del martes pasado. Manuel Valls se mostró reacio en ese debate a adoptar una “legislación de excepción” alegando que ello equivaldría a “abandonar el Estado de derecho”.

Nada de eso, repuso Gérard Larcher, presidente del Senado. “El Senado presta gran atención al respeto de las libertades, pero también busca de forma permanente la eficacia”, declaró. E insistió: “Estamos en estado de guerra. El Estado de derecho debe ajustarse al estado de guerra”. El momento más candente ocurrió cuando Laurent Vauquiez, de LR, ante la insistencia de Valls sobre la inconveniencia de adoptar un arsenal represivo consecuente, le lanzó: “Usted invoca la libertad personal de los terroristas. No hay libertad para los enemigos de la República”.

La carga fue violenta y generó protestas en la bancada de izquierda, pues alude forzosamente a un caso de conciencia que agrieta la credibilidad de Hollande: si su gobierno no hubiera derogado una disposición del gobierno anterior, durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, el terrorista que masacró a 84 personas en Niza no habría podido cometer esa atrocidad: en su calidad de delincuente extranjero, él habría sido expulsado de Francia tras haber sido condenado, en marzo de 2006, por actos violentos cometidos contra un particular. No lo fue pues, lamentablemente, la ministra de Justicia de Hollande, Christiane Taubira, campeona del laxismo, desbarató, por puro sectarismo, casi toda las reformas penales de la era Sarkozy.

En realidad, la lógica jurídica no es lo que explica el angelismo suicida de Valls. La virulencia del discurso gubernamental contra la oposición, contra sus propuestas antiterroristas, incluso contra el informe de la comisión parlamentaria Fenech-Pietrasanta, se debe, temen algunos observadores, a egoístas cálculos políticos.

A cuatro meses de las elecciones primarias de la derecha y a nueve meses de la elección presidencial, Hollande y Valls quieren despedazar el campo de la derecha, y atraer de nuevo al redil socialista a sus aliados habituales, comunistas, verdes y radicales, y reparar las profundas divisiones en el seno del PS, el cual está en crisis, pierde militantes y cuenta hasta con fracciones muy hostiles al gobierno Valls en la Asamblea Nacional. Toda concesión en el terreno de la seguridad sería vista, calculan ellos, como un triunfo de la derecha y de la extrema derecha, y como una capitulación ante tales formaciones, lo que reduciría aún más el escaso margen que tendría François Hollande –en caso de sea de nuevo el candidato de la izquierda–, de llegar a la segunda vuelta en la elección presidencial.

Tal estrategia explica por qué, antes del atentado de Niza, muchas concesiones fueron hechas en materia de (in)seguridad, en la perspectiva de impedir que la brecha no se amplíe aún más en el campo izquierdista.

Los resultados de tal política fueron desastrosos pero lo que más indigna a la opinión pública es ver que la catástrofe de Niza no ha llevado a Hollande a reconocer de sus errores. “El tríptico emoción, comunicación y banalización, a partir del momento que nos alejamos de la tragedia, ya no funciona”, denunció Eric Ciotti. El diputado LR, señala así el pernicioso trabajo de cierta prensa de izquierda, escrita y audiovisual, que insistía, al comienzo, en el carácter no islamista del atentado de Niza, tesis que derrumbó el procurador François Moulains. Este explicó las fases de la rápida radicalización islamista del terrorista, quien había comenzado a planear su matanza siete meses antes de este 14 de julio. Ciotti apunta igualmente contra la tentativa de la misma prensa de censurar, cuando no de desvirtuar y ridiculizar las exigencias de la oposición. La prensa adicta al gobierno sugiere, por ejemplo, que la masiva rechifla contra Valls en Niza fue instigada por la “extrema derecha fascista”, cuando fue, en realidad, una reacción espontánea de la gente ante la ira desatada por la ausencia de fuerza pública en la terrible noche del atentado.