FUERO MILITAR Y BAJAS JUDICIALES

El Fuero Militar y las “bajas judiciales”

Por Jaime Ruiz Barrera – Brigadier General (R ) – Presidente Nacional de ACORE

Mayo 04 de 2012

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar, se convirtió, de un momento a otro, en un asunto de gran actualidad y de gran interés nacional e internacional, atrayendo por primera vez la debida atención y la inmensa preocupación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

ACORE ha asumido, como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta importante y urgente iniciativa.

Conjuntamente con el Cuerpo de Generales y Almirantes, hemos venido participando en diferentes foros y reuniones con distintos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia, y parlamentarios de las Secciones Primeras de Cámara y Senado, encontrando una respuesta muy favorable frente a esta preocupante inquietud.

A mediados del pasado mes de abril, el proyecto que cursaba en el Senado después de cuatro exitosos debates, se cayó por decisión de la bancada de gobierno que antes lo apoyaba, y que finalmente no lo aprobó con el argumento de que el proyecto que cursa actualmente en la Cámara de Representantes sobre el mismo tema, es el que se debe respaldar “por ser más completo, tener más posibilidades de éxito en su trámite y quizás menos riesgos de objeción constitucional”. Este proyecto ha sido aprobado en dos debates por una gran mayoría, y próximamente pasara a la Comisión Primera del Senado para continuar su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios que, según los ponentes, podrían concluir a finales del presente año con una ley estatutaria posterior, que iniciaría su trámite a partir del próximo semestre.

El proyecto establece la creación de una defensoría técnica financiada por el Estado, el fuero especial carcelario, la competencia exclusiva de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Humanitario (Derecho de Guerra), la competencia exclusiva de la Justicia Ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad y genocidio, la conformación de un Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar, la creación de un Tribunal de Garantías Penales, la conformación de una Comisión Mixta para dirimir conflictos de competencia, y la instauración de la Justicia Penal Policial.

Según la opinión de algunos parlamentarios, este proyecto deberá ser corregido en términos de redacción y precisión de algunos conceptos, para evitar dudas de interpretación en cuanto a funciones y definiciones muy claras de competencia por parte de la Comisión Mixta y del Tribunal de Garantías Penales, para que su actuación, favorezca plenamente a los miembros de las Fuerzas Militares.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tradicionalmente tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, y posiciones políticas cambiantes, ACORE ha planteado como segunda alternativa, y en forma paralela, propiciar también a través de las instancias respectivas, la revocatoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Consejo de Estado del acto administrativo entre Mindefensa y Fiscalia General, que suspendió temporalmente la aplicación del artículo 221 de nuestra Constitución, el cual establece con mucha claridad todo lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de los Militares por actos relacionados con el servicio, a través de Tribunales o Cortes Marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

Consecuente con lo anterior, ACORE continuará trabajando en ambas direcciones, buscando el respaldo requerido para agilizar sus respectivos tramites.

La grata impresión respecto a estos últimos acontecimientos, es que por fin se entiende la importancia y la gravedad que

esto representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren en este momento, de la total y necesaria protección jurídica que les permita cumplir adecuadamente su misión institucional, frente a la constante y creciente agresión terrorista.

Paradójicamente, Colombia tal como lo dicen algunos comentaristas de la prensa nacional, es quizás el único país del mundo que ahora reconoce internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexplicablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la Republica en defensa de su soberanía e instituciones.

Lo más preocupante es ver la forma tan descarada como un sistema judicial evidentemente politizado, persigue sin tregua a nuestros militares, más no así a quienes conforman los grupos armados ilegales, para quienes hay muy pocos procesos y los que por casualidad existen, reposan en distintos despachos judiciales durmiendo el sueño de los justos.

El concepto generalizado de nuestros combatientes, es que en el momento actual los juzga el enemigo, y que por tanto, no cuentan con ningún tipo de garantías jurídicas ni procesales.

¡Quién lo creyera..! Mientras nuestras tropas se desmotivan gradualmente por la constante persecución de los jueces, la moral y el triunfalismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan.

Desde el momento en que entró en vigencia el nefasto convenio OSPINA-IGUARÁN, con el cual proporcionaron el puntillazo final a nuestro fuero y a la Justicia Penal Militar,  la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente quince mil bajas a las Fuerzas Armadas colombianas, no en combate, sino en sus propios estrados. Nuestros mejores combatientes, los mejor entrenados, los más capacitados, los más condecorados, actualmente incursos en sus arbitrarios e infames procesos, quedan automáticamente neutralizados, puesto que su condición sub-judice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de centinela en sus propias instalaciones.

Estas son las cifras que corroboran lo que aquí categóricamente se afirma: Hay ya casi cerca de tres mil militares tras las rejas, alrededor de diez mil procesos súper activos cursando en diferentes despachos judiciales, y dentro de estos procesos, cerca de quince mil imputados por causa o razón de inexplicables denuncias. Estas son las famosas “bajas judiciales” que nos ha producido el enemigo a través de este diligente sistema judicial.

Y por si esta persecución no fuera poca, la antigua Fiscal General de la Nación, habilitó antes de irse las viejas instalaciones donde funciono el antiguo DAS en el centro de la Ciudad de Bogotá, con cientos de funcionarios dedicados exclusivamente a investigar y armar procesos con la ayuda de reconocidos colectivos de abogados de la extrema izquierda, contra miembros de las Fuerzas Militares, especialmente Oficiales de alto rango, a quienes se les pretende acusar por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

En aras del equilibrio y del más elemental principio de igualdad, la obligante pregunta es:

¿El nuevo Fiscal de la Nación, de marcada tendencia izquierdista, quien ya se ha declarado públicamente enemigo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cualquier determinación que se tome en tal sentido, habilitara de la misma manera dependencias similares, también con cientos de funcionarios para investigar y armar procesos contra militantes y auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos terroristas que actúan en el territorio Nacional?

Finalmente, surgen otras preguntas, cuyas respuestas son bastante preocupantes:

¿Cuántas otras “bajas judiciales” nos producirá este sistema mientras dure la vigencia del convenio OSPINA-IGUARÁN y no podamos recuperar la plena vigencia del Fuero Militar?

¿En qué momento la Fiscalía General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter investigativo y no en un instrumento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de la Republica para la defensa de este País?

Sobre este último interrogante, aparecen en estos días dos sorprendentes anuncios periodísticos, según los cuales, una de las pruebas contundentes que favorece la defensa del Coronel Alfonso Plazas Vega sobre la suplantación de un testigo por parte de la Fiscalía General de la Nación, quiere ser invalidada, curiosamente por “técnicos” del mismo organismo, sustentando un dudoso concepto de cotejo de firmas que ha sido públicamente cuestionado por carecer de asidero científico y probatorio creíble. Y por otro lado, la inexplicable solicitud de una funcionaria de la misma Fiscalía, en el sentido de pedir a la Corte Suprema de Justicia, la ratificación de la condena proferida contra el mismo Oficial, y la negación del recurso de casación que legalmente le asiste, con el único propósito de evitar que se revise el proceso y se pueda comprobar una vez más, todas las irregularidades cometidas.

¿Hasta cuándo tanto acoso y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?