LA CAPITAL EN BARRENA

Petro elimina de su equipo de trabajo a todos quienes osan contradecirlo, generando una enorme inestabilidad en la administración

La capital en barrena

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza

Noviembre 05 de 2012

Tal vez por su temperamento soberbio, colérico y con tendencias autoritarias, tal vez porque nunca había tenido experiencia administrativa, Petro no solo no ha corregido el rumbo sino que ha profundizado en sus errores.

Elimina de su equipo de trabajo a todos quienes osan contradecirlo, generando una enorme inestabilidad en la administración y perdiendo el valor fundamental que tiene para un gobernante contar con distintos puntos de vista.

Y sigue tomando decisiones a las carreras, sin estudios previos, sin evaluación de sus impactos y, sobre todo, sin consideración alguna por el efecto en la vida de los ciudadanos afectados.

Ayer, por ejemplo, se supo que el comercio situado en la Carrera Séptima, está en crisis por cuenta de la peatonalización que, a la topa tolondra, decretó el Alcalde. Las ventas han caído entre el 30 y el 80% y hay locales que han anunciado su cierre. En otros la solución temporal, a la espera de un milagro, ha sido el despido de trabajadores. El resultado es que menos personas transitan por la avenida, los almacenes colapsan, aumenta el desempleo y la zona, al perder vitalidad, se deteriora aun más.

Juan Manuel Santos y Gustavo Petro

Pero hay peores decisiones de Petro. Uno es el de volver al manejo estatal de las basuras. Torciéndole el cuello a un fallo de la Constitucional, el Burgomaestre decidió acabar con las concesiones a las empresas privadas y que el gobierno de la ciudad asuma la recolección. No importó que no hay empresa estatal preparada para hacerlo, que la experiencia de la vieja Edis fue un desastre de corrupción y politiquería, y que los recursos que se destinen a esa tarea dejarán de ir a salud o educación, por ejemplo. O a las tareas de saneamiento de agua potable, ampliación de cobertura del suministro y recuperación del río Bogotá, que son funciones de la Empresa de Acueducto, a la que Petro asignó la labor de recolección. ¿Si no ha podido con lo que sí es de su resorte, podrá ahora con lo que nunca ha hecho ni debe hacer? Más allá de las consideraciones de eficacia, preocupa la tendencia de hacer crecer la burocracia estatal y de atacar al sector privado. La experiencia muestra que el aumento del tamaño y funciones del estado se traduce siempre en mayor corrupción y clientelismo, para meterle mano a la nueva nómina.

La Empresa de Acueducto está también en el centro de otra polémica, más callada pero quizás de peores consecuencias: el control del acceso al agua y su uso para frenar desarrollos inmobiliarios. El propósito de recuperar el centro ampliado de la ciudad no puede conseguirse a costa de las viviendas de interés prioritario y de interés social, ni obstaculizando el desarrollo de la periferia de la ciudad y los municipios circunvecinos. Los resultados han sido un enfrentamiento con el Departamento y un frenazo en seco de proyectos inmobiliarios que habrían significado cerca de cien mil soluciones de vivienda para los estratos más bajos. Y, cuando se terminen los proyectos que estaban en marcha antes de la llegada de Petro, habrá un traslado de los recursos a ciudades como Barranquilla y Villavicencio y una disparada del desempleo, en especial entre aquellos que, como los trabajadores de la construcción, no tienen alternativa porque no cuentan con formación alguna. El Gobierno nacional debería preocuparse por semejante impacto y no solo por las viviendas gratuitas que se querían asignar a la capital.

En esa misma línea de despelote está la decisión de acabar con los barrios residenciales y las restricciones de uso zonal. Petro cree que el “polifuncionalismo” es la solución. De prosperar semejante engendro tendremos burdeles y residencias, comercio e industria, una al lado de la otra. Un verdadero desastre urbano, el colapso de cualquier esfuerzo de planificación y un deterioro seguro de los pocos barrios que se han salvado y de su valor inmobiliario y, sobretodo, de la calidad de vida de una ciudad que, desde que la tomo la izquierda y con excepción de algunas políticas sociales de Lucho Garzón, va en una caída libre de graves consecuencias no solo para la ciudad misma sino para el país.

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