LA ECONOMÍA CRIMINAL DE LOS QUE HABLAN DE PAZ

La economía criminal de los que hablan de paz

Por Pedro Javier Rojas Guevara. Analista político y militar.

Octubre 28 de 2012

Corría el año año 2.000 y en aras de conseguir la soñada y necesaria paz, 42.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional se encontraban “cedidos” de buena fe al crimen y al terrorismo. Dicha porción de nuestra Patria, denominada erróneamente por el Gobierno de turno como “zona de distensión”, esta última, palabra que etimológicamente significa “aflojar, relajar, disminuir la tensión”, muy común en la diplomacia, pero totalmente opuesta a lo que allí hacían sus huéspedes farianos, pues contrario a “distensionar”, las FARC tensionaron al País y le demostraron que son fieles a su “plan estratégico” que ya cumplió 30 años y continúa vigente e “incólume” como bien lo dijo alias Mauricio El médico, recientemente desde La Habana. Justamente, iniciando el nuevo milenio este grupo armado al margen de la ley aprovechó su “cuarto de hora” y llevó a cabo en la zona en cuestión, una versión más del denominado “Pleno Ampliado del Estado Mayor Central” que bautizaron “Con Bolívar por la paz y la soberanía nacional”; sugestiva y engañosa consigna, como de costumbre utilizando el nombre del Libertador de manera equívoca e irresponsable.

Pues bien, en ese encuentro propio de sus lineamientos político-organizativos aprobaron dos afrentosos temas; los estatutos y el programa del Partido Comunista Clandestino PC3, y además “promulgaron” las “leyes” 002 y 003; la primera el mayor acto de extorsión descarada en la historia de las FARC, y la segunda, según el grupo criminal, para la “eliminación definitiva de la corrupción administrativa”. Es decir, en pleno proceso de paz se abrogaron la facultad de hacer leyes, exclusiva del Congreso y se atrevieron a hacerlas públicas e intimidar a los colombianos, en especial a quienes tuviesen un patrimonio superior a un millón de dólares, con la advertencia de que “a partir de la fecha, los cobijados por ésta ley, deben presentarse para cumplir esta obligación. Un segundo llamado aumentará el monto del tributo”.[1] Inverosímil pero ocurrió.

Concordante con lo anterior, existe un tema obligado y recurrente que es objeto de análisis continuo por parte de los organismos de seguridad e investigación del Estado liderado por la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) y por supuesto con el concurso de la Fiscalía y su Unidad Nacional contra el lavado de activos y la extinción del derecho de dominio. Se trata precisamente de las finanzas de las FARC; el origen de sus recursos, sus inversiones, sus cuentas bancarias en Colombia y el exterior, en fin, todo el andamiaje económico clandestino que le permite a la organización subversiva entre otras cosas, patrocinar plataformas, marchas y todo tipo de actividades relacionadas con la organización de masas, una de sus estrategias más efectivas y antiguas. En tal sentido, llegaron recientemente noticias de una gira por Europa (Alemania, Noruega y Dinamarca), convocada por la JUCO[2], semillero de “talentos” de las FARC, donde militaron los adolescentes Cano, Reyes, Márquez y otros más.

En ese orden de ideas, creemos ingenuamente que se financian exclusivamente del narcotráfico. ¡Craso error!, la minería ilegal en primer orden, seguida por el secuestro y la extorsión, se constituyen también en fuentes fundamentales de recursos para esta guerrilla y demás grupos armados hoy por hoy. Así las cosas, la “minería criminal, el nuevo narcotráfico”, como la denominó el titular de la cartera del Medio Ambiente hace unos meses, es una de las aristas de la economía fácil y rápida, necesaria para los grupos terroristas. El tráfico del oro en cabeza de las FARC, en municipios como Caucasia y Tarazá en Antioquia, es una realidad insoslayable, que ya ha sido objeto de numerosos artículos en periódicos internacionales, así como también en canales de televisión, que lo refieren como “ la guerra del oro en Colombia”. Los cabecillas del bloque del Magdalena Medio, entre ellos uno conocido con el alias de Jairo Mechas, controlan y manejan cantidades impresionantes del metal precioso que negocian en kilogramos, para la adquisición de armas, municiones, explosivos y toda clase de pertrechos, principalmente. Indudablemente, es un negocio redondo, pues cobran un porcentaje a mineros legales e ilegales, que oscila entre cinco y ocho millones de pesos al mes por retroexcavadora, y una cifra que fluctúa entre 100 y 200 millones de pesos, por el sitio de explotación. Los primeros, quienes poseen el permiso gubernamental, la mayoría de las veces no denuncia por temor a retaliaciones de los delincuentes, y los segundos, los que embrujados por la ambición de la riqueza arriesgan hasta sus vidas, menos lo hacen pues infringen la ley y no quieren alborotar el avispero, como decimos en Colombia.

Entretanto y así no lo quieran admitir quienes hablan de paz, ¿Cómo van a ocultar las relaciones de 19 de sus frentes y columnas con la producción de cocaína, según datos e informaciones corroboradas por la Policía antinarcóticos colombiana y la DEA? ¿Cómo se explica entonces que por lo menos 50 mandos de la estructura estén pedidos en extradición por el gobierno estadounidense? Indudablemente las FARC del Caguán no son las mismas, perdieron más de la mitad de sus hombres y ya no tienen el poderío militar, ni el prestigio político de hace 10 años, sin embargo su retórica es idéntica. Ya no es la “ley 002” la que sorprende, sorprende la petición atrevida y sagaz de que Trinidad integre el equipo negociador de la contraparte; ya no tienen en armas 22.000 hombres, tan solo cuentan con un poco más de 8000; ya no controlan el 33% del territorio nacional, pero si hacen presencia en el 1.2% del mismo; antes tenían a sus comandantes históricos vivos y rozagantes, hoy cinco del autodenominado “secretariado” están muertos gracias a la acción efectiva de las Fuerzas Armadas, y hay uno del llamado “Estado Mayor Central”, que se encuentra extraditado en los Estados Unidos, acompañado por varios mandos medios, entre ellos los conocidos con los alias de Sonia, Gafas y César.En el fondo las FARC no han cambiado NADA, su discurso soberbio marxista-leninista es igual, todo lo niegan y además lo disfrazan. Sin duda, la Fuerza Pública los ha debilitado y éste hecho fue factor determinante para que hoy estén sentados en una mesa de negociación; lo único novedoso es que cambiaron el camuflado por la corbata.