LA FALSA BUENA IDEA DEL SENADOR ROY BARRERAS

La falsa buena idea del senador Roy Barreras

Por Eduardo Mackenzie

10 de febrero de 2012

¿A qué juega el senador Roy Barreras con su propuesta sobre el caso del Coronel Alfonso Plazas Vega?

El legislador del partido de la U pretende que la reciente propuesta del ex presidente Álvaro Uribe de votar una reforma constitucional que ponga fin a la injusticia que se está cometiendo contra el Coronel Alfonso Plazas Vega y contra el General Jesús Armando Arias Cabrales, condenados a largas penas de prisión por su actuación en la defensa del Palacio de Justicia en 1985, en juicios donde se violaron todas las reglas del Derecho y donde se emplearon falsas pruebas, “no es viable, como tampoco lo es la idea de una ley de punto final, perdón y olvido”.

Roy Barreras estima que los “estándares internacionales”, es decir los obscuros preceptos extranjeros ante los cuales nuestra Constitución debe arrodillarse, tampoco lo permiten. Para Roy Barreras la única salida es aplicar a esos altos oficiales la llamada “justicia transicional”.

¿Pero quien dijo que esos oficiales están buscando leyes de “punto final” que los favorezcan, o que se dicte un decreto de amnistía, o que se invente alguna salida de “perdón y olvido” para ellos? No, ellos piden otra cosa, mucho más sana y directa: que la justicia colombiana cumpla con su deber, que revise los fallos y que los tribunales de instancia actuales, con la legislación vigente, los declare inocentes. Ellos no están pidiendo que les hagan favores, ni que se hagan maromas con sus expedientes, ni que se improvise una legislación de circunstancia para sacarlos de la cárcel por la puerta de atrás.

Ellos son ciudadanos que, a justo título, se saben inocentes, pues su actuación en el Palacio de Justicia fue legal y sus abogados lo han probado de manera reiterada en los procesos. Ellos piden que las instancias judiciales colombianas corrijan los errores e ilegalidades que ciertos operadores judiciales cometieron contra ellos y los declaren inocentes. “No necesito amnistías, sino mi absolución”, dijo el coronel Plazas a un diario de Bogotá el 8 de febrero de 2012. ¿No es muy digna de respeto esa actitud?

Pero como el senador Barreras no cree en la inocencia de esos héroes de la República él les propone tan sólo una hipotética “rebaja de penas”, como dice El Espectador (8 de febrero de 2012). El parlamentario propone que la suerte de esos oficiales quede dependiendo de él, de su proyecto de reforma que se tramita en el Congreso, y que él llama “marco legal para la paz”.

“Aun siendo culpables, merecen una solución jurídica en el marco de la justicia transicional. Y en el supuesto de ser inocentes, lo que merecen es regresar a su casa”, dice Roy Barreras. Ese enfoque es confuso. ¿En el supuesto de ser inocentes? ¿No ha visto el senador lo que revela el magistrado Herminsul Darío Lara Acuña en su salvamento de voto? ¿No ha visto cómo los dos otros operadores, Alberto Poveda y Fernando Pareja, cruzaron la línea roja al firmar un fallo perverso y demente, por ser político y antijurídico, en donde reutilizan pruebas descartadas por todo el mundo (incluidas dos jueces: María Stella Jara y María Cristina Trejos) y en donde pretenden imponer sanciones que no existen en Derecho y a personas que no estaban siendo juzgadas?

Si creyera en la inocencia de ellos, el senador Barreras no antepondría sus intereses personales (sacar adelante su inconveniente proyecto de “justicia transicional”) sino que pediría, como hacen miles de colombianos, que la Corte Suprema de Justicia regrese al buen camino y haga respetar la ley.

El texto de Roy Barreras aprobado hasta hoy en comisiones no ofrece nada a los militares pues solo cobija, como dice la prensa, “a los grupos armados ilegales que se acojan a un proceso de negociación”. Habría que rediscutir el proyecto, volver al texto inicial que incluía a los llamados “actores del conflicto”, dentro de los cuales él incluye erróneamente a los militares y policías de Colombia. Interpretando las declaraciones del senador Barreras, El Espectador concluía: “Eso sí, la justicia transicional aplicaría para los militares a cambio de la verdad, por ejemplo, decir dónde están los desaparecidos del Palacio. A cambio tendrían rebaja de penas.”

Se ve que detrás de todo esto lo que hay es un pedido disimulado de que los inculpados digan “donde están los desaparecidos”. Ellos, sin embargo, han hablado muy claro al respecto. Lo de los “desaparecidos” es una leyenda fabricada por el M-19. El senador Barrera debería actualizarse al respecto y lanzar esa pregunta a la Fiscalía, pues en sus subterráneos es donde están, desde hace años, los cuerpos de esos “desaparecidos”, como explicó el doctor José Vicente Rodríguez Cuenca, jefe de antropología forense de la Universidad Nacional de Bogotá.

La justicia transicional parte de un principio muy discutible: los “actores del conflicto” son culpables o no, pero eso no es central. Todos ellos terminan no siendo juzgados, ni castigados, ni absueltos, en virtud de una cierta “filosofía” que pretende que “la suerte del criminal importa poco”, mientras lo que cuenta es “resolver el conflicto”, “atender a la víctima”, reconciliarla con su victimario, para que hagan la paz. Es una justicia excepcional, “de reparación”, dicen, cuyo objetivo no es la justicia en sí, sino llegar a un nuevo modus vivendi, que permita hacer la transición entre una guerra civil y un apaciguamiento. Es una “justicia” que puede ser aplicada por magistrados y por no magistrados.

Esa justicia es un artefacto reciente que se aplica (con resultados mediocres) a algunos países africanos que han tenido genocidios y matanzas inmensas, y guerras civiles verdaderas, y donde la justicia es rudimentaria o inexistente y los hechos criminales no son investigados o casi, pues el tiempo ha pasado y el desorden institucional fue enorme. Entonces esa “justicia” deja sin proceso a la gente, a la inocente como a la culpable. Es lo que han hecho o tratan de hacer en Uganda (primer país donde fue experimentada esa “justicia” en 1974), en Sudáfrica, Ruanda, República Democrática del Congo, Burundi, Ghana y Sierra Leona.

¿Quién puede estar interesado en que los militares que salvaron al país en 1985 reciban ese tratamiento y no reciban una sentencia que los declare, por fin, inocentes? ¿Quién tiene interés en que las aberraciones judiciales de hoy no sean objeto de sanciones?  ¿Quién tiene interés en poner en un signo de igualdad entre los que asaltaron y destruyeron el Palacio de Justicia y quienes defendieron el Estado democrático? Los héroes militares tienen derecho a una verdadera declaratoria de inocencia y a actos de reparación por parte de un tribunal colombiano. Ese derecho no puede ser trocado por una salida exótica, de medio pelo, originada en una legislación digna de países donde no hubo Derecho, ni Estado de Derecho, o donde éste se derrumbó de veras.