LA GUERRA JURÍDICA

LA GUERRA JURÍDICA

Por Enrique Gómez Hurtado*

 Dentro del campo abierto del concepto maoísta que afirma la necesidad de utilizar “todas las formas de lucha”, sin tener en cuenta ningún principio moral, ético o de interés para la sociedad, la utilización de la “guerra jurídica” se ha convertido, quizá, en el principal instrumento que hoy utiliza el narco-terrorismo subversivo.  Es hoy la “forma de lucha” principal. En un país en el que esté vigente el concepto de Estado de Derecho, la utilización deshonesta y tramposa de un poder judicial connivente con el delito y ampliamente contaminado por los muchos productos corruptores que genera hoy nuestro organismo social, está produciendo amplios resultados favorables a quienes tienen como tarea el derrumbamiento de la institucionalidad, para luego colocar en su remplazo la entelequia  de la revolución marxistoide, que necesariamente ha de fracasar y que aquí, como en tantos lugares, principia por crear el desorden necesario que se convierte en campo adecuado para el fortalecimiento del narcoterrorismo, siempre con disfraz político.

La seguridad democrática ya no tiene como principal adversario a los grupos armados, hoy gravemente quebrantados por la acción de las fuerzas armadas y el rechazo por parte de una ciudadanía que, gracias al esfuerzo de ellas, ha encontrado la libertad para manifestarlo.

El enemigo más eficaz y peligroso lo vemos claramente instalado en los campos de batalla de la bien denominada “guerra jurídica”, en los que las fuerzas de la democracia están perdiendo la mayor parte de los encuentros, con el efecto profundamente desmoralizante de la sensación de desamparo y, en casos, de abierta hostilidad, que quienes están en el frente de la lucha sienten cuando se dan cuenta de que el Estado Institucional por el cual combaten, los ataca por la espalda, utilizando precisamente los instrumentos que, gracias a su heroico esfuerzo, aún conserva en su poder.

No debemos perder de vista que el  poder judicial es uno de los tres componentes fundamentales del régimen democrático y, por lo tanto, si es utilizado como instrumento para destruirlo, la eficacia de estas acciones, que se generan dentro del Estado mismo, es inmensamente superior a lo que pueda lograrse atacándolo desde afuera.

Quienes adelantan esta tarea están colocados en los principales puestos estratégicos para lograr sus propósitos. Desde ellos provienen los aberrantes procesos adelantados contra el General Arias Cabrales, el Coronel Plazas y todas las flagrantes injusticias que pueden encontrarse la infame investigación de los hechos del Palacio de Justicia (la fiscal que las cometió ha sido “removida” del cargo, para que pueda aspirar a la Corte Suprema). También el proceso sobre el incidente de Santo Domingo, en el Meta, que sirvió de pretexto para inventar un “falso positivo” (¿genocidio?), completamente montado sobre pruebas y testimonios producidos en la “fabrica” de los mismos, que para el efecto operan los “colectivos” y demás adlateres que “combaten” en la guerra jurídica. En el infundio han sido implicados miembros de la Fuerza Aérea que no hicieron cosa distinta a cumplir con su deber. Y esto sólo a manera de ejemplo, porque el ataque es general y abierto y la connivencia de la justicia cada vez más amplia. Se ha logrado ensombrecer así la actividad militar con indudable eficacia inhibitoria para su acción.

Ya nos anuncia el tal “colectivo de abogados”, instrumento fundamental en esta campaña, la apertura de procesos contra altos funcionarios del Estado, empezando por el presidente Uribe. La improcedente denuncia es de presumir que será aceptada y con ello obtienen los conspiradores una noticia de carácter mundial, con altos efectos desestabilizadores.

La amenaza es seria. Cuentan los demandantes, de antemano, con la colaboración de no pocos jueces y fiscales, con la facilidad adquirida para que se acepten toda clase de falsos testimonios y versiones de hechos que jamás sucedieron y cuantos elementos probatorios sea necesario inventar para lograr sus propósitos. Los procesos que se adelantan en torno a la compensación a las victimas se han convertido en otro pingüe negocio de los empresarios de la guerra jurídica, por medio del cual obtienen las importantes sumas que se le extraen un Estado que no se sabe defender. La maquinaria montada por abogados y miembros del poder judicial carcome con grande eficacia las bases de la institucionalidad democrática y se financia y lucra con ello.

La tarea encaminada a fortalecer la subversión y debilitar la capacidad de reacción de las instituciones democráticas está logrando que las fuerzas armadas se encuentren enfrentadas a la gravísima perspectiva de que cualquier operación que lleven a cabo será convertida inmediatamente en un “falso positivo”, con las falsas denuncias necesarias, que requiere todo un proceso defensivo de efectos paralizantes, estimuladas en no pocas ocasiones por el aparato judicial connivente.

Se pretende, y parcialmente se está logrando, convencer a la opinión, sobre todo la internacional que no está en capacidad de juzgar, de que la acción de nuestras fuerzas armadas tiene motivos aviesamente criminales y que requieren prueba en contrario para demostrar su inocencia. Creada esa atmosfera, el trabajo destructivo de abogados y jueces se facilita grandemente. Lo estamos viendo en los últimos días: el narco-terrorismo ha incrementado notoriamente su acción violenta (¿notificación  al presidente Santos?) y cuenta de antemano con que no faltará un “colectivo” que cumpla con su encargo de judicializar de inmediato a quienes cometan la “arbitrariedad” de salir a defender a Colombia.

*Enrique Gómez Hurtado fue senador de la República. Miembro del partido Conservador

Septiembre de 2010