LA SIGNIFICACIÓN DE LA INSIGNIFICANCIA

Por Annette Tessmann

18 de octubre de 2013

Hay muchas organizaciones de derechos humanos. Unas son valientes, realistas y actúan con cautela, sobre todo cuando se trata de acusar a alguien de haber cometido un crimen. Tal acusación requiere una investigación previa. Otras Ongs carecen de la prudencia necesaria y no se las puede tomar en serio. Pero en una democracia hay espacio para todos.

Algunas organizaciones están utilizando ese espacio bien, con ideas y acciones para mejor defender los derechos humanos. Pero hay otras que no saben qué hacer para darse el nombre de “defensores de derechos humanos”.

Pienso esto a raíz de las acusaciones de la CECDH contra el General en retiro Freddy Padilla de León.

Las ejecuciones extrajudiciales son unos de los peores crímenes. Decir que los autores de ese crimen se encuentran en las filas de las Fuerzas Militares impacta mucho y causa un daño inmenso a esas Fuerzas Militares. Con esa afirmación algunos tratan de convertir esas Fuerzas Militares en blanco permanente de críticas. Muchas veces los acusadores ni siquiera sienten la necesidad de probar sus acusaciones. El daño es hecho antes de que exista una investigación judicial seria.

Como ciudadana alemana me da vergüenza ver que una Ong alemana, el CECDH, lanza ese tipo de acusaciones con gran imprudencia e irresponsabilidad. El CECDH pretende mostrar al Ejército de Colombia como una horda de bárbaros. Las Fuerza Militares de Colombia están expuestas a todos los tipos de guerra, los convencionales y los no convencionales. Debe afrontar toda clase de peligros, incluido el de ser secuestrados. ¡Hay militares y policías colombianos que han permanecido secuestrados en la selva durante más de catorce años!

El General Freddy Padilla de León descubrió las ejecuciones extrajudiciales, como fenómenos aislados, en el año 2008, y puso en conocimiento de eso al entonces ministro de Defensa de la época, Juan Manuel Santos y al presidente de la República de la época, Álvaro Uribe Vélez. Esos responsables políticos y militares tomaron medidas para que tales delitos fueran sancionados. Más de una docena de altos mandos militares fueron destituidos inmediatamente. Hoy en día se sabe que a ninguno de esos mandos militares destituidos se les pudo demostrar que tenían la menor responsabilidad penal en eso. Es un hecho que vale la pena tener en cuenta.

Se puede decir, entonces, con un poco de conocimiento de la realidad colombiana, que el CECDH debería considerar a esos responsables políticos y militares no como enemigos sino como unos aliados en la tarea de aclarar los “falsos positivos”.

Si es indispensable rendir homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, también debe ser indispensable rendir homenaje a los militares inocentes que fueron acusados sin que tuvieran nada que ver con esos crímenes y que siguen estando indefensos ante las injustas acusaciones y las críticas de un grupo privado alemán que se auto-define como defensor de los derechos humanos y que no considera necesario presentar pruebas válidas de lo que dice.

En Colombia, a pesar de las negociaciones de paz todavía hay minas antipersonas de las Farc. ¡Hay que ver el desfile de los militares en silla de ruedas! Muchas veces las Farc infectan sus bombas con materiales fecales para que un soldado, si no es asesinado por esa bomba, pueda sufrir una infección lenta y dolorosa. Las Farc hasta instalan sus bombas en los árboles para que les exploten en la cara a los soldados. ¡Qué bajeza!

Lo que quiero decir es que con acusaciones infundadas, o derivadas de estadísticas traficadas, se termina respaldando, inconscientemente o, en el peor caso, conscientemente, a los grupos terroristas que hacen eso.

Atender y darle crédito a las acusaciones de unos grupos no estatales que hacen presión internacional ha llevado al gobierno colombiano a tener actitudes erradas.

Si un Estado es capaz de negociar durante años con los terroristas de las Farc, debe ser también capaz de hablar con sus propios funcionarios y, en este caso, con su embajador acreditado ante Austria, antes de pedirle la renuncia. ¿Qué utilidad tuvo la afirmación posterior del Presidente Santos de que el general Padilla es inocente y que no hay ninguna acusación contra él? El daño ya estaba hecho.

El que un grupo privado lance una acusación grave mediante un dossier sin ninguna prueba, demuestra a qué nivel tan bajo cayeron las cosas.

Realmente no habría sido necesario dedicar mucha atención al dossier del CECDH por su falta de contenido probatorio. Austria había sido muy clara al negarse a declarar al general Padilla como “persona non grata”, como lo había pedido ese grupo privado.

Con su actitud pasiva el Estado colombiano ayuda de alguna manera a esos grupos que no aportan pruebas y sólo pueden contar con el miedo que inspiran palabras tan fuertes como “derechos humanos” o como “falsos positivos”. Pero el acusador no puede tener razón sólo porque inspira miedo o incertidumbre entre los funcionarios de un Estado. Toda esa actividad apunta, en realidad, contra el propio Estado, contra la ciudadanía, contra su fuerza pública y contra la imagen internacional de un país.

Esa costumbre que consiste en excluir a los militares de las garantías que consagran los derechos humanos es una contradicción en sí. Esos grupos privados actúan como si los militares no fueran seres humanos sino un mal necesario y por eso, por esa falsa valoración, creen que ellos no tienen derechos y que es posible acusarlos de cualquier cosa y en cualquier parte del mundo.

La divulgación del dossier del CECDH hace necesario defender a aquellos que nadie quiere defender. La historia de las dictaduras militares en América Latina no puede confundirnos cuando se trata de unas fuerzas militares que son acusadas sin fundamento.