LAS COMPROMETIDAS CORTES COLOMBIANAS

Las comprometidas Cortes colombianas

Por Mary Anastasia O’Grady

The Wall Street Journal, New York

12 de diciembre de 2011

(Tomado de WSJ.com/Americas)

Los combatientes estadounidenses en la guerra contra las drogas citan a Colombia como un ejemplo de victoria en la batalla contra las redes criminales del narcotráfico. Los colombianos, sin embargo, conocen el tema más a fondo.

En una carta fechada el 1º  de diciembre y dirigida a la Presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Ileana Ros-Lehtinen, Enrique Gómez Hurtado, miembro del Partido Conservador y ex Presidente del Senado de Colombia, y Rafael Nieto Navia, antiguo magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antiguo Magistrado del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y Ruanda, advertían que la paz relativa alcanzada en Colombia en los últimos años no es segura.

Una “gran preocupación”, escribieron Gómez y Nieto, es “el resurgimiento del narcoterrorismo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las bandas criminales”. Dicen además que el secuestro se está incrementando, la extorsión y los ataques a los oleoductos continúan, los pueblos y ciudades son acosados, y los niños son asesinados o reclutados a la fuerza para integrar las filas rebeldes.

Porqué los gangsters todavía tienen el espacio que necesitan para operar, puede ser explicado como el segundo fenómeno que los respetables Gómez y Nieto describen. “el deterioro del sistema judicial”. No se trata de algo accidental dicen quienes escriben:

“Nosotros advertimos sobre la infiltración de agentes del narcoterrorismo en nuestro sistema judicial así como en Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en las cuales bajo la fachada de defensores de derechos humanos, apoyan acciones para atacar las instituciones democráticas”

Estas son acusaciones muy graves y no se hacen sin ofrecer ejemplos de lo que se presenta como claros errores de la justicia. “Un caso emblemático” que mencionan es la condena contra dos oficiales del Ejército por el delito de desaparición forzada en el rescate de rehenes del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1985. Los respetables Gómez y Nieto no resumen el caso en su carta, pero vale la pena revisarlo.

El infame asalto al Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero de izquierda conocido como M-19 fue una acción, en representación del Barón de las Drogas Pablo Escobar, para obligar a la Corte Suprema de Justicia a decretar la extradición como inconstitucional. Los rebeldes destruyeron el sistema de seguridad mediante el asesinato de dos vigilantes  y asumieron el control del edificio. Los militares irrumpieron en las instalaciones y fueron capaces de rescatar a más de 200 personas. Los guerrilleros, no obstante, tomaron rehenes y prendieron fuego para destruir los archivos de las Cortes. Cuando el humo se disipó, todos los rebeldes estaban muertos como también lo estaban entre 40 y 50 rehenes cuyos cuerpos calcinados fueron enterrados antes de ser identificados. Once personas nunca fueron encontradas.

El Comandante de Brigada del Ejército Jesús Armando Arias, y el oficial a cargo

de uno de los batallones que entraron al Palacio, el Coronel Alfonso Plazas, fueron catalogados como héroes luego de la masacre. Un Tribunal investigó el caso en 1986 y culpó de la carnicería al M-19.

La izquierda no se dio por vencida. Más adelante, dos declaraciones juramentadas por separado fueron usadas para acusar al ejército en la desaparición de las 11 personas cuyos restos no fueron encontrados. La primera declaración jurada notarizada, presentada por el ex policía Ricardo Gámez en 1989, fue desechada cuando se supo que no había estado en el edificio durante la crisis y no podría haber sido testigo. El documento fraudulento había sido llevado ante la Procuraduría por un sacerdote jesuita muy conocido por sus acusaciones contra el Ejército y sus políticas de izquierda. Ni Gámez, ni el sacerdote sufrieron consecuencia alguna por sus actuaciones en este caso.

En 2007, otra declaración juramentada supuestamente firmada por el Cabo Edgar Villamizar fue utilizada para poner al Coronel Plazas en prisión y luego condenarlo. El General Arias fue encontrado culpable por asociación. Sin embargo, durante el proceso de apelación, Villamizar apareció en persona y declaró que él no estuvo en el edificio aquel día y los investigadores reconocieron que la firma en la declaración juramentada no era la suya. De todos modos, un Tribunal compuesto por tres jueces en Bogotá determinó el mes pasado, por dos votos contra uno, que la condena debía mantenerse.

Difícilmente se trata de un caso aislado. Cientos de uniformados colombianos han sido condenados sobre la base de testimonios poco confiables aceptados por la Corte.

En otra noticia reciente, la fiscal general de la nación, Viviane Morales, volvió a casarse con su ex marido Carlos Alonso Lucio, quien resultó ser un antiguo miembro del M-19 y ex asesor tanto del ELN como de los paramilitares. Estaba en la cárcel la primera vez que se casaron.

En otras palabras, el marido de la fiscal general ha pasado años retozando con el tipo de gente que se supone que su esposa tiene que investigar.

Uno se pregunta con asombro cómo los estadounidenses hubieran reaccionado si Mabel Walker Willebrandt, la asistente del Fiscal General de EE.UU. durante la “Prohibición” (de contrabando de licor), se hubiera casado con Al Capone… Los requerimientos para que el gobierno colombiano se manifieste al respecto, realizados a través de su Embajada en Washington, no tuvieron respuesta.

Fue la Corte Suprema de Justicia de Colombia la que eligió a Morales como Fiscal General, a partir de una lista de nominados presentada por el Presidente Juan Manuel Santos. Esa Alta Corte ha tomado otras incomprensibles decisiones, incluyendo una que establece que las pruebas tomadas de los computadores del líder de las FARC, Raúl Reyes, que fueron incautadas durante una operación de Comandos en 2008, no pueden ser admitidas por la Corte.

Si el sistema judicial colombiano ha sido infiltrado por delincuentes, como lo denuncian los señores Gómez y Nieto, la nación no ha ganado ningún parte de guerra contra las drogas. Los terroristas sólo han cambiado de trinchera