MANIOBRAS DESESPERADAS

MANIOBRAS DESESPERADAS

Por Eduardo Mackenzie

René Guarín desató una nueva campaña de odio contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, pocos días después de que éste recibiera la cuestionada y surrealista condena, en primera instancia, de 30 años de prisión. Furioso porque el Inpec (la policia de prisiones) había trasladado al Coronel a la Escuela de Infantería de Bogotá, y no a la cárcel de la Picota, el hermano de Cristina Guarín, una de las personas que perdieron la vida en la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985 del Palacio de Justicia, acusó al Coronel de “desacato”. Es el mundo al revés: el traslado a la guarnición militar fue una decisión del Inpec, y de nadie más.

En su carta al Inpec del 18 de junio de 2010,  la juez María Stella Jara Gutiérrez ordena  trasladar al Coronel Plazas Vega “a un sitio de reclusión”. Allí la juez no dice que el Coronel debe ser llevado a una cárcel. Al usar la fórmula “sitio de reclusión” la juez indicó, con precisión, que Plazas debía ir a una guarnición militar pues así lo determina la ley. Una resolución vigente habilita a la Escuela de Infantería para servir como lugar de reclusión de los militares que son objeto de un proceso penal. Allí se encuentran, por ejemplo, el general Uscátegui y el general Arias Cabrales. Allí estuvo, hasta su absolución, el Almirante Arango Bacci.

La juez Jara había intentado, en agosto de 2009, trasladar a la Picota al Coronel Plazas violando su estatuto militar. Fracasó. El coronel regresó al Hospital Militar, pues su estado de salud lo exigía. Pero la violencia y arbitrariedad utilizada en ese traslado reveló el alto contenido emocional que impregna ese proceso y la subjetividad más que culpable sobre la que reposa el fallo del 9 de junio de 2010.

René Guarín conoce perfectamente estas cosas. Sin embargo, él no vaciló un minuto al mentir ante varios periodistas bogotanos. El quería que difundieran, como algunos hicieron, su desorientador punto de vista. Lo hizo de manera consciente y deliberada. Y arrastró a ello a Cecilia Cabrera, otra familiar de un “desaparecido”. Y Guarín agregó: “El fallo es claro al decir que la reclusión debe ser en una cárcel, pero la Escuela de Infantería no es una un sitio de reclusión particular”. Falso. La sentencia del 9 de junio de 2010 no aborda el tema del lugar de reclusión. Guarín lo sabe. Sus abogados lo saben. Lo que busca Guarín es impresionar a los periodistas dóciles y desorientar a la opinión pública.

Guarín agregó otra enormidad: “Vamos a escribirle al Tribunal Superior de Bogotá, para que tenga en cuenta este desacato (sic) por parte del coronel Plazas de la sentencia para que le confirme los 30 años que le dio la juez tercera especializada”. ¿Cuál desacato? En ese traslado nadie desacató a nadie. Incapaz de criticar directamente a la juez Jara Gutiérrez por no haber hecho lo que él quería, Guarín ataca de manera cobarde al coronel Plazas. Lo mismo hizo Cecilia Cabrera, quien estimó que ese traslado “es una burla a la justicia”.

De ese episodio hay que sacar una conclusión: cuando se es capaz de mentir tan descaradamente, y en materia tan grave, es porque se ha mentido antes, y, sobre todo, a lo largo de este proceso.

Acostumbrados a obrar a sus anchas, y a diseminar en diarios y radios informaciones falsas, esos personajes insultan ahora a la misma juez Jara y al Inpec. Creyendo haber ganado la partida, con la sentencia del 6 de junio, quieren ir más lejos. Esa voracidad no conoce límites. ¿Por qué ese interés desmedido en que el Coronel Plazas vaya a dar a la Picota, infestada de matones y narco terroristas, gente que él combatió con determinación? ¿Por qué Guarín está gritando ahora que el Coronel Plazas debe ser llevado a una cárcel muy lejos de Bogotá que él llama “cuatro bolas”?

¿Qué se está tramando con esos alaridos?

La campaña de Guarín, quien se mueve entre Bogotá, Madrid y Bruselas, financiado no se sabe por quién, es la de un desesperado. Es comprensible. Probablemente el juez de segunda instancia rechazará la sentencia de la juez Jara Gutiérrez. Pues estamos ante una paradoja: el mayor argumento a favor de la inocencia del coronel Plazas Vega se encuentra en la sentencia de Jara. Los colombianos deberían leer ese documento. Es verdad, son 302 páginas y la prosa no es bella, ni amena, ni fluida. Se encuentran allí tecnicismos, neologismos, giros jurídicos desuetos y teorías rarísimas como el de la “culpabilidad mediata” (lejana). Pero no importa. Esa sentencia, si se la lee con atención, ofrece una verdad: el coronel Plazas es inocente, y la juez no encontró prueba alguna contra él.

El mismo Guarín sabe que lo que cuenta es la venganza. Guarín dijo el 18 de abril de 2010, antes de la sentencia, que ésta tendría poco que ver con la justicia, que sería otra cosa: “Hablar de justicia en un caso como este es muy difícil teniendo en cuenta que es un proceso que comenzó 20 años después de haberse perpetrado el crimen, donde la justicia comienza a actuar tardíamente.” (Ver www.elperiodico.com.co, 18 de abril de 2010).

La juez utilizó, sobre todo, dos testimonios totalmente anómalos: el de Tirso Sáenz y el de Edgar Villamizar. Ambos son falsos de toda falsedad. La juez rechazó el primero (pues éste reveló que había pedido dinero y ventajas procesales a cambio de su falso testimonio), y acogió el segundo, el más ilegítimo y deshonesto. Cualquier otro juez habría anulado ese proceso por la presencia de tales “pruebas”. La Procuraduria General pidió por eso absolver a Plazas. El juez de segunda instancia no tiene más salida que rechazar ese fallo. Guarín y sus amigos lo saben y eso los desestabiliza.

Villamizar es un testigo fantasma. La propia juez nunca lo vio ni lo interrogó. Tampoco la defensa. Su testimonio fue firmado con una firma y una identidad falsas. No se sabe siquiera dónde el fantasma rindió a la fiscal su “testimonio”. Pues en los registros de entrada a la Escuela de Caballería del 1 de agosto de 2007 su nombre no aparece. El fantasma nunca aclaró eso, ni se presentó jamás al juzgado. Su testimonio es un anti-testimonio. ¿Por qué sólo 22 años después de los hechos del Palacio apareció (fugazmente) ese testigo tan sospechoso? ¿Quién mueve los hilos de ese grotesco títere? El fantasma no dice siquiera que vio a Plazas secuestrar ni apresar a nadie. No afirma que fuera testigo de que Plazas diera una orden en ese sentido. La juez no pudo probar que ese fantasma hubiera estado en la refriega del Palacio de Justicia. Esos dos días él los pasó en el batallón Vargas de Granada (Meta). El pretende haber sido transportado el día del incidente en un helicóptero para 14 personas. Las fuerzas militares colombianas no tenían en 1985 ese tipo de helicópteros. Sus helicópteros sólo podían llevar 5 ó 6 tripulantes. Ninguno de los combatientes de la fuerza pública  vio al fantasma en la refriega. Ese es, sin embargo, el testigo de cargo clave sobre el cual descansan las 302 páginas de la sentencia de la juez Jara Gutiérrez.

La prensa no pudo siquiera preguntarle a la juez por qué falló con un material probatorio tan endeble, pues ella se fue del país sin dejar dirección. Ese proceso es, pues, una montaña de injusticias y de enigmas. Es el escándalo más grande de la historia judicial de Colombia. Ese fallo es una mancha infamante para toda la rama judicial, la cual será lavada por el juez de la segunda instancia.

Junio 30 de 2010