¿MARCO PARA LA PAZ O PARA LA VIOLENCIA?
Al establecer semejantes beneficios futuros para los criminales, les asegura que sin importar la naturaleza y gravedad de los actos terroristas que cometan hoy, mañana el Estado estará presto para beneficiarlos penalmente y enviarlos felices a sus casitas
¿Marco para la paz o para la violencia?
Por Rafael Nieto Loaiza
Junio 03 de 2012
La noche del atentado, cuando se lloraba a los escoltas asesinados y se atendían las heridas de Fernando Londoño, y mientras que un General de la Policía señalaba a las Farc como autoras del bombazo, el presidente Santos sugería que una fantasmal “extrema derecha” sería la responsable y batallaba en el Congreso para impulsar el “marco jurídico para la paz”.
Semejante actitud exculpatoria solo se explica por el afán de Palacio de impulsar un proceso de paz. Con ese propósito quiere una reforma constitucional que le permita escoger los terroristas a los que no se perseguirá penalmente y a los que, ya condenados, se les suspenderá la pena. De acuerdo con la reforma, no importa si los beneficiados son responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra.
Esta fuera de duda que la reforma, el “marco jurídico para la paz”, es un mecanismo de impunidad. De acuerdo con ella, responsables de los crímenes más atroces y horrendos podrán no ser investigados o, si ya hubieran sido declarados penalmente responsables, podrán disfrutar de la libertad sin apremio alguno.
La reforma es un retroceso en relación con los avances en verdad, justicia y reparación obtenidos en la ley de justicia y paz. En ella se establecían penas mínimas que, aunque no proporcionales a los delitos cometidos, al menos consagraban la privación de libertad por varios años.
El doble estándar no es gratuito. Responde a una inclinación de sectores que creen que hay “condiciones objetivas” para la violencia y que los que delinquen contra el Estado están movidos por fines altruistas y merecen un tratamiento privilegiado. Por el contrario, las sociedades contemporáneas entienden que la violencia es el verdadero conflicto y que la motivación política de un crimen es un agravante de la conducta y no razón para justificarlo o darle tratamientos penales favorables. En fin, este Gobierno es uno más en la larga lista de quienes han ofrecido indultos y amnistías a los subversivos.
Tampoco sorprenden las posiciones de la izquierda ni el silencio de las oeneges que la respaldan. Lo que sí indigna es la hipocresía de tantos dirigentes políticos y opinadores, entre ellos un número importantísimo del partido Liberal, que se rasgaban las vestiduras por los beneficios a los paras y que hoy empujan sin vergüenza alguna el proyecto de impunidad del Gobierno.
Con todo, ni la impunidad en que quedarán crímenes gravísimos, ni el doble estándar ni la hipocresía de tantos, son lo más grave de la iniciativa presidencial. Lo peor es que la reforma no solo no contribuye a los propósitos de paz que supuestamente la mueven sino que consigue el efecto exactamente contrario. En efecto, al establecer semejantes beneficios futuros para los criminales, les asegura que sin importar la naturaleza y gravedad de los actos terroristas que cometan hoy, mañana el Estado estará presto para beneficiarlos penalmente y enviarlos felices a sus casitas. En realidad la reforma impulsa la violencia de los terroristas.
Y si con eso no bastará, desmotiva a la Fuerza Pública. ¿Para qué combatir a los criminales si después el Estado les liberará sin importar la naturaleza de sus crímenes? ¿Para qué jugarse la vida por un Estado que después premiará a sus enemigos? Es decir, el “marco para la paz” alcanza lo contrario: impulsa a los terroristas a seguir delinquiendo y, al mismo tiempo, descorazona a quienes nos defienden.
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