POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, OTRA VEZ

Politización de la justicia, otra vez

Se postula y se elige no a los mejores, sino a quienes son más cercanos ideológica y personalmente y lo mismo hacen el Consejo de Estado y la Corte Suprema

Por Rafael Nieto Loaiza

Marzo 15 de 2015

La imagen de la Corte Constitucional venía en negativo desde julio del año pasado. Desde entonces, según Gallup, la diferencia entre quienes opinan desfavorablemente de la Constitucional y quienes tienen una percepción positiva solo se había ensanchado. El escándalo reciente habrá reforzado esta tendencia.

Advierto que ese no es mal que solo aqueje a esa Corte. Las opiniones ciudadanas sobre la Suprema o la Fiscalía son aun peores. ¡De un tiempo para acá, las percepción ciudadana sobre la administración de justicia es aun más mala que la del Congreso!

No cabe duda de que la administración de justicia atraviesa la más profunda crisis de su historia. Hay abuso de poder, cruce de favores, amiguismo y clientelismo judicial, despilfarro de los recursos públicos en viajes y francachelas, malas amistades. Hay tramitología engorrosa y procesos infinitos. Hay una peligrosa ineficacia en la persecución y castigo del delito. Hay arbitrarios cambios de jurisprudencia y una gravísima inseguridad jurídica que llena de incertidumbre a ciudadanos y abogados. Hay peleas entre las altas cortes y feroces grupos dentro de ellas. Hay un deterioro de la calidad de los magistrados y las excepciones, que las hay y formidables, solo confirman la regla. Hay, ya nadie lo duda, corrupción.

Y hay politización de la justicia, que abandonó su pretensión de neutralidad y toma partido, con frecuencia de manera descarada. Muchos ciudadanos creen, probablemente con razón, que el aparato judicial no les da garantías y que, incluso, los persigue en razón de su posición política y su ideología.

La culpa está en la constituyente del 91 que, con la mejor intención pero fatales consecuencias, le dio funciones electorales a las cortes: eligen al Fiscal General, ternar candidatos para Procurador y Contralor, y escoger al Registrador. No es poca cosa. Esas entidades tienen hoy más poder que nunca.

Pero no solo por esas funciones la justicia se ha politizado. Parte de la responsabilidad cae también en las propias cortes. Por un lado, si bien el Consejo de Estado ha sido riguroso en su tarea de estudiar la pérdida de investidura de los parlamentarios, la Suprema ha abusado, con el aplauso ignorante de los medios, de su función de juez de los parlamentarios. La coincidencia en la misma sala penal de las funciones de investigación y juzgamiento y la ausencia de una segunda instancia, no han hecho sino agravar los problemas. Y no ayudó para nada que los magistrados decidieran sepultar las pruebas sobre la farc política de los computadores guerrilleros y en cambio se ensañaran con políticos cercanos a la derecha. Como resultado de todo, los congresistas entendieron que, para su propia supervivencia, era indispensable tener amigos entre los magistrados.

Por el otro, la Constitucional decidió ensanchar sus tareas y arrogarse funciones legislativas e, incluso, constituyentes. El núcleo del poder legislativo se desplazó del Congreso, elegido popularmente y con control político, a la Constitucional, cuyos miembros no tienen representación ni control alguno y que ahora define, con frecuencia de manera arbitraria y por la mera inclinación ideológica de la mayoría coyuntural de sus miembros, el ordenamiento legislativo y la posibilidad de reformar la Constitución. De nuevo, los parlamentarios entendieron que tenían que buscar representación el más alto tribunal. Se postula y se elige no a los mejores, sino a quienes son más cercanos ideológica y personalmente. Y lo mismo hacen, hay que decirlo, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, que buscan, afanosamente, que ex magistrados de sus salas sean después miembros de la Constitucional.

Para rematar, agréguese que los políticos decidieron usar el sistema judicial para neutralizar a sus competidores (la judicialización de la política) y, ahora, el reciente y peligrosísimo uso de la Fiscalía como herramienta de la campaña electoral y como martillo para la persecución política de los contradictores.

¡Entre la corrupción y la politización de la justicia, la crisis institucional es devastadora!.