POR UN NÚREMBERG DE LAS FARC

Por un Núremberg de las FARC

Por Eduardo Mackenzie

30 de noviembre de 2011

El pasado lunes, mediante un mensaje electrónico, le pedí al senador Roy Barreras que archivara su proyecto de acto legislativo que pretende introducir en nuestro ordenamiento jurídico la polémica “justicia transicional”. Envié el mismo mensaje a los otros 17 miembros de la comisión primera del Senado pues al día siguiente ellos iban a examinar ese texto.

Bautizado por Roy Barreras con la pomposa etiqueta de “marco legal para la paz”, ese proyecto, de ser aprobado, aportará nuevos problemas al país pues en lugar de facilitar la paz prolongará el activismo que la hace imposible y aumentará aún más el caos de la justicia.

La iniciativa del senador Barreras, que cuenta con el apoyo del presidente Santos, es nefasta en general pero tiene sobre todo un artículo que preocupó enormemente, desde el comienzo, a los colombianos. El artículo 2 de ese texto abre la posibilidad de otorgarle a quienes dejaren las armas la posibilidad de hacer política, elegir y ser elegidos. El único límite a semejante privilegio es que el interesado no haya cometido crímenes de lesa humanidad. Se trata, obviamente, de un obstáculo evitable.

En otras palabras: ese proyecto, pieza central del presidente Santos para sentar las bases de un diálogo con las Farc y el Eln, busca exceptuar a miles de terroristas y narco traficantes de esas bandas del castigo penal y social que merecen. Es más, pretende permitirles que se conviertan, de la noche a la mañana, en intocables agitadores, caudillos, politiqueros, congresistas, jueces, alcaldes, gobernadores y, finalmente, en árbitros, si no dirigentes, de la vida política nacional. Esa manera de  conseguir “la paz” es muy extraña pues equivale, en realidad, a propinarle a la frágil y asediada democracia colombiana el golpe más solapado y demoledor.

Colombia no sale del asombro desde hace más de veinte años al ver que los operadores del M-19 no fueron sancionados por sus crímenes, ni por su espantosa destrucción del palacio de Justicia de Bogotá. Permitimos, por el contrario, que fueran amnistiados y que se convirtieran en caciques políticos, congresistas, ministros, gobernadores y alcaldes, lo que desembocó en el actual desastre de la justicia y en la explosión de la corrupción en algunas ciudades. Lo que nos espera con los miles de eventuales “desmovilizados” de las Farc y del Eln, haciendo y deshaciendo en la vida política del país, será mil veces peor.

A manera de respuesta, el senador Roy Barreras me envió, horas después, un corto comunicado de prensa en el que asegura que, como “inevitable consecuencia” de la matanza de las Farc del 26 de noviembre pasado, él había decidido “suspender” la presentación del artículo segundo de su proyecto de acto legislativo y avanzar en la discusión del resto del texto. “Presentaré mañana lunes en mi ponencia solamente el artículo 1 que contiene los instrumentos de justicia transicional que necesita el Gobierno para evitar el colapso de justicia y paz y de leyes similares”. La senadora Karime Mota me envió el mismo texto.

La respuesta del senador Roy Barreras es inquietante. El no acepta retirar el artículo 1 de su proyecto pues sólo lo “suspende”. Es decir, que dentro de unos días o semanas, cuando la cólera nacional contra la reciente masacre de las Farc haya decaído, el podrá sacarlo de la manga de nuevo bajo otra forma.

Sin embargo, la revista Semana había creído necesario dar a entender que Roy Barreras había retirado del todo la peligrosa iniciativa. “Tras masacre de uniformados, retiran propuesta de vocería política a desmovilizados”, afirmó el 28 de noviembre de 2011. Pero no, nadie ha retirado nada. Todo queda en suspenso, lo que es otra cosa.

A partir de ese momento la ambigüedad se apoderó de la comisión primera. El partido conservador pidió a sus cuatro senadores que no apoyaran la iniciativa de Roy Barreras. “Pensar en diálogos y marcos legales es una solemne ingenuidad. La única solución es el imperio de la ley y de la fuerza, de manera que si se está hablando de marcos legales para el diálogo yo no estoy de acuerdo con eso”, declaró José Darío Salazar, presidente de esa formación.

El bando liberal fue tibio. El senador Juan Fernando Cristo  se limitó a decir que siempre hubo “mucha duda frente a la oportunidad y conveniencia de ese acto legislativo”. Juan Manuel Galán pidió “claridad” para que el proyecto de Barreras no termine siendo “una ley para la impunidad ni de punto final”. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, estimó que los desmovilizados “no tendrán vocería política, como en un momento se pensó” pero que el resto del proyecto debe ser aprobado, “a pesar del asesinato de cuatro uniformados secuestrados por las Farc”. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, si bien señaló que “definitivamente se cierra la puerta” a lo de la vocería para los ex terroristas, dio a entender que más tarde podrían retomar esa idea, pues los asesinatos de los cuatro rehenes “no puede hacernos cerrar los ojos frente a lo que es el sueño que tiene el país hacia el futuro”.

Como se ve el plan de abrirle espacios políticos a los jefes y cuadros de las bandas terroristas para negociar con ellos el futuro de Colombia sigue vigente, aunque por razones de prudencia ante el inmenso dolor popular por el nuevo crimen de las Farc esa idea haya sido, aparentemente, dejada en suspenso.

Esa maniobra prueba que tres días después de un nuevo crimen de lesa humanidad de las Farc, contra cuatro miembros de la Fuerza pública que estuvieron en cautividad atroz durante más de doce años, los sectores afectos al Gobierno son incapaces de dotarse de una política real de firmeza contra el terrorismo. Parece que la lógica dominante, más allá de la fraseología acostumbrada, estipula que como la  continuidad militar de las Farc está en peligro hay que preservarles, al menos, una continuidad política, a través de “diálogos de paz” y de abrirles ventanas para que hagan protagonismo político. Es enfoque es monstruoso.  Colombia, por el contrario, debe impedir lo uno y lo otro.

“Todo el mundo ha visto lo que son las Farc”. Esa frase se repite con razón en todas partes en estos días. La tristeza es inmensa. Sin embargo, las medidas concretas para poner fin a esas atrocidades, para desmantelar definitivamente a las Farc, siguen siendo rechazadas.

A pesar del espectáculo de horror que ofrecen las Farc, de sus actos homicidas con los cuales nos dicen que para ellos la paz carece de sentido, que toda negociación es una farsa, una minoría sigue empeñada, por razones ideológicas, en proteger por todos los medios la continuidad de ese aparato criminal. Hay personas que tratan de reeditar el experimento del M-19 que entregó las armas para después poder continuar, en el terreno político, su trabajo de zapa contra las instituciones y contra la democracia. Para algunos ha llegado la hora de que las Farc y el Eln se sumen a ese proceso de demolición.

Colombia no puede permitir que los crímenes de las Farc y del Eln queden impunes. Debe impedir que los delincuentes más feroces de la historia nacional sean recompensados con privilegios políticos.

Lo que algunos pretenden hacer aquí no tiene antecedentes en ninguna parte del mundo. Tras la derrota de Alemania hitleriana el proceso de Núremberg castigó a todos los jefes nazis sobrevivientes. Los que no fueron juzgados fueron marginalizados de la vida política de ese país. Tras la caída del muro de Berlín, los comunistas de Europa del Este no fueron premiados con leyes que los catapultaban a la vida política del país. Eso no ocurrió ni siquiera en la ex URSS donde ningún dirigente del partido comunista regresó al poder por esa vía.

¿Por qué se quiere permitir que los jefes de las Farc después de hacerle la guerra más implacable al país durante 50 años, puedan volverse dirigentes políticos de Colombia? Sólo gente que odia profundamente a Colombia puede urdir un plan tan siniestro como ese.

El proyecto histórico de las Farc de destruir la democracia y edificar una sociedad totalitaria en Colombia sigue para  ellos vigente y tratará de ser perpetuado, incluso tras una derrota militar aplastante, mediante unas falsas negociaciones de paz y la creación de unos “espacios políticos”.

Mientras países que fueron víctimas del comunismo, como Camboya, están juzgando a los dirigentes del régimen genocida de Pol Pot, en lo que algunos llaman “el Núremberg de Camboya”, Colombia no quiere saber de un proceso general de los crímenes cometidos por las guerrillas comunistas.

¿Tendrá Colombia que imitar a la Camboya de hoy, quien aceptó que un tribunal internacional juzgue a los genocidas?

Por la liquidación de 1,7 millones de camboyanos durante el régimen de terror (1975 – 1979) están juzgando en estos días a Khieu Samphan, jefe de Estado, Nuon Chea, ideólogo y número dos de los Khmer Rojos (el PC camboyano) y Ieng Sary, exministro de Relaciones Exteriores. Kaing Guek Eav, alias Duch, quien dirigió el centro de torturas S-21, en el que 16.000 personas murieron, fue condenado a 35 años de prisión en julio de 2010.

Los crímenes por los cuales son acusados esos individuos son genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, asesinato, tortura y persecuciones por razones religiosas y de raza. Guardadas proporciones, son crímenes idénticos a los que cometen las Farc.

El Congreso de Colombia, en lugar de perder su tiempo en discusiones sobre proyectos suicidas destinados a garantizar la impunidad y la supervivencia política de los narcoterroristas, debería votar por la apertura de un proceso histórico general sobre los crímenes del comunismo en Colombia, por un Núremberg de las Farc.

Que la marcha contra las Farc del 6 de diciembre próximo sea la ocasión para discutir y difundir esta idea.