SEMANA Y SU SILENCIO SOBRE LA MASACRE DE CURVARADÓ
¿Por qué Semana no dice una sola palabra sobre el drama de Curvaradó cuando parece muy bien informada sobre lo que ocurre en Urabá y en otras localidades?
SEMANA Y SU SILENCIO SOBRE LA MASACRE DE CURVARADÓ
Por Eduardo Mackenzie
Es un artículo cuyo título tiene el tono de una orden: “Fiscalía debe dar prioridad a casos de líderes agrarios asesinados”. El 7 de diciembre de 2010, al lanzar esa petición, la revista Semana dio la impresión de querer orientar de manera unilateral el trabajo de la Fiscalía, es decir de la nueva Fiscal General, Viviane Morales.
La Fiscalía, desde luego, debe investigar todos los delitos y crímenes que se cometen en Colombia. Eso lo sabe de sobra Viviane Morales. ¿Por qué entonces ese tono de prioridad absoluta que adopta esa revista al referirse únicamente a siete casos de líderes de desplazados de varias regiones del país?
Si la intención de Semana es llamar la atención del país y de la Fiscal sobre la situación de violencia que existe en Urabá y en otras regiones, objetivo legitimo en sí, por qué olvida mencionar otros asesinatos no menos graves de líderes de comunidades desplazadas que ocurrieron en Urabá y que merecen la misma atención de la Fiscalía?
Pues tres defensores de derechos humanos que Semana ignora, Manuel Moya Lara, Graciano Blandón Borja y su hijo Jair Blandón, líderes de las comunidades afro descendientes de Curvaradó, fueron secuestrados, torturados y asesinados el 17 de diciembre de 2009, a manos del frente 34 de las Farc, sin que hasta hoy la Fiscalía haya hecho gran cosa por capturar a los autores materiales e intelectuales de ese horrible crimen.
Al impulsar unos casos y olvidar otros Semana da la impresión de estar obrando de manera parcial por sólo una categoría de víctimas de la violencia en Colombia, cuando su deber deontológico (pues esa publicación generalista no es, en principio, el órgano de una facción política) es guardar el más estricto equilibrio en esa materia tan delicada.
Semana tampoco se inquieta por el atentado sufrido por Germán Marmolejo, representante legal del Consejo Mayor de Curvaradó, quien fue atacado a tiros el 31 de agosto de 2010 en una vía entre el municipio de Turbo y Apartadó, en el Urabá.
Moya y Blandón, hacían parte del grupo de afro descendientes que denunció ante la Fiscalía 14 de DDHH (Proceso No 2022) los vínculos existentes, según ellos, entre las Farc y la Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, liderada por el sacerdote Javier Giraldo. Además, denunciaron el desplazamiento forzado y sangriento del que ha sido víctima la población afro descendiente de la cuenca del río Atrato en 1997 a manos de las Farc.
El 4 de febrero de 2008, Manuel Moya y Graciano Blandón viajaron a Costa Rica para denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la acción de las Farc y de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por sus acciones criminales en contra de las comunidades afro descendiente de Curvaradó y Jiguamiandó.
En la audiencia, ellos pidieron medidas provisionales para lograr la protección del Estado colombiano frente a las múltiples amenazas que se cernían sobre sus vidas, la de sus familias, y las de sus representados en Puerto Lleras y Pueblo Nuevo.
El 2 de diciembre de 2009, Manuel Moya habló ante el Senado colombiano y acusó a la Ong Justicia y Paz de ser victimaria de los negros. Unos días antes, los voceros de las Comunidades de Curvaradó pidieron al ministerio del Interior colombiano sacar a esa falsa Ong de sus territorios. Sus pancartas decían: “El territorio colectivo es de los negros, no de la Ong Justicia y Paz”; “Zonas humanitarias son refugio de las Farc”; “Somos víctimas del terrorismo humanitario”.
Todo fue en vano. El 17 de diciembre de 2009, los tres líderes de ese movimiento fueron asesinados. Curiosamente, horas antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había emitido una resolución negando las medidas provisionales solicitadas 22 meses atrás por Moya y Blandón. La CIDH nunca se arrepintió de su abyecta actitud.
Desde ese momento, el Consejo Mayor de Curvaradó y los representantes de las 231 familias pertenecientes a los Consejos Menores de Puerto Lleras y Pueblo Nuevo, y del Consejo Menor de Bocas de Curvaradó, así como de las 450 familias desplazadas representadas por el Comité de Gestión para el Retorno pidieron a la Fiscalía General de la Nación que investigara ese triple crimen y los posibles vínculos del sacerdote Javier Giraldo con esa masacre. La respuesta de la Fiscalía hasta hoy es: silencio total. ¿Cuál será la actitud de la Fiscal Viviane Morales ante ese expediente?
Las citadas comunidades afro descendientes instituyeron el día 17 de diciembre, de cada año, día de duelo humanitario en memoria de sus tres mártires defensores de los derechos humanos.
¿Por qué Semana no dice una sola palabra sobre el drama de Curvaradó cuando parece muy bien informada sobre lo que ocurre en Urabá y en otras localidades? ¿Por qué la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), tan activa y militante, que Semana cita como su única fuente, omite toda referencia a ese caso?
8 de diciembre de 2010
Comentarios