TRANSICIÓN AL VACÍO
Tercero, porque dizque se creó un ambiente internacional favorable. Falso. Mejor ambiente creó Pastrana en el Caguán y fracasó. Además, entregar al castro-chavismo las llaves de la paz es inconveniente y perjudicial para los intereses nacionales
Transición al vacío
Por Alfredo Rangel
El comisionado para la Paz se dignó al fin contarnos cuál es la estrategia del Gobierno en sus diálogos de paz con las FARC. En vista del secretismo en que se han envuelto esos diálogos, por lo menos ahora tenemos alguna pista de hacia dónde cree que va el Gobierno. Para nosotros es una transición hacia el vacío, hacia el fracaso. El comisionado cree que va hacia el posconflicto. Se equivoca.
Son falsas sus razones para creer que, a diferencia de anteriores intentos, ahora sí habrá paz. Primero, porque dizque ahora sí se reconoció el conflicto interno. Falso. Betancur, Barco, Gaviria, Samper y Pastrana lo reconocieron y no lograron desmovilizar a las FARC. Uribe no lo hizo, pero desmovilizó a los paramilitares y a miles de guerrilleros. Además, si el conflicto es con las FARC y el ELN, “y con nadie más”, entonces no es un conflicto interno sino la confrontación del Estado con dos bandas terroristas. Segundo, porque dizque ahora se pusieron en primer lugar las víctimas. Falso. El Gobierno las sacrificó en el altar de la impunidad del Marco Jurídico para la Paz. Además, quien sí lo hizo fue Uribe, con la creación de la Comisión Nacional de Reparación, la Ley de Justicia y Paz que por primera vez les otorgó protagonismo principal, la aplicación de la vía administrativa para repararlas de manera expedita, y la Ley de Extinción de Dominio que sí recupera las tierras usurpadas por los violentos. Tercero, porque dizque se creó un ambiente internacional favorable. Falso. Mejor ambiente creó Pastrana en el Caguán y fracasó. Además, entregar al castro-chavismo las llaves de la paz es inconveniente y perjudicial para los intereses nacionales. Cuarto, porque dizque se creó un espacio legal para la justicia transicional. Falso. Desconoce que la Ley de Justicia y Paz ya es un instrumento legal para ello. Además, hay un rechazo general al Marco Jurídico para la Paz y una demanda por inconstitucional que lo puede tumbar por generar impunidad. En lugar de una solución, se ha convertido en un problema.
Se engolosina el comisionado con su concepto de transición: hasta que se firme algo, nada va a cambiar; apenas se firme, todo cambia. Lo primero no es un logro, sino un error: dialogar en medio de la violencia es avalar el terrorismo como vía de lograr resultados políticos en la mesa. Una exigencia mínima es cesar el terror como condición para dialogar. Lo segundo, iniciar la construcción de la paz sin armas hoy no es posible: las FARC han ratificado que no entregarán las armas y que dejarán de usarlas solamente cuando se hayan ejecutado a cabalidad todos y cada uno de los compromisos del Gobierno, porque ellas no se comprometen a nada. O sea, la dejación de las armas, que no su entrega, no se hará cuando se firmen los acuerdos sino cuando se hayan cumplido. Mínimo unos diez años después, estima el comisionado. Transición sin dejar las armas es un salto al vacío y la perpetuación de la violencia.
A lo belisarista, el comisionado dice que hay unos problemas que resolver para hacer posible la paz. Otra vez el ya superado discurso de las causas objetivas de la violencia, que legitima y justifica el terrorismo. En primer lugar, el desarrollo agrario. Pero las FARC no tienen ninguna legitimidad, no representan al sector rural, para acordar con ella dizque “transformaciones profundas” del sector.
¿Cuáles son el alcance y la profundidad de esas transformaciones? Esperemos la sorpresa, porque ahora nadie sabe. En segundo lugar, la participación política de los grupos armados convertidos en partidos políticos. En Colombia hay una democracia pluralista que ofrece garantías a los partidos democráticos. Es falso que sea una democracia restringida que haya que cambiar para que participen las guerrillas. El verdadero asunto es que esa participación tiene como condición previa la justicia. No pueden ser elegibles los responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad.
En tercer lugar, los derechos de las víctimas. El principal origen de las víctimas es la violencia terrorista, no el Estado. Y reversar los efectos de la violencia terrorista, como devolverles sus tierras a los despojados, hay que hacerlo con diálogos o sin ellos. La obligación de los terroristas es reparar el daño, contando la verdad, devolviendo los bienes usurpados, expresando arrepentimiento, pidiendo perdón y aceptando la justicia. Para que haya paz, lo principal es desarticular el terrorismo. No es verdad que para que haya paz sea necesario distribuir tierra. Esto hay que hacerlo y lo hace el Estado desde hace décadas. Pero este no es el origen de la violencia en el campo, sino las FARC y el narcotráfico. Para el comisionado, el debate nacional sobre la impunidad es pura especulación. Como si no existiera un escandaloso y demandado Marco para la Paz que es garantía de impunidad para los guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad.
Finalmente, la alegre periodización del proceso en tres fases que hace el comisionado no es aceptada por las FARC y sin su acuerdo es imposible realizarla. Aquí, como en el adagio popular, “una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando”. El dilema real del Gobierno es romper los diálogos o aceptar la transición al vacío de la paz armada, impune y con control territorial de las FARC.
@alrangels
Tomado de Semana.com
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