¿CONFLICTO ARMADO INTERNO? LOS COLOMBIANOS DEBEN SER CONSULTADOS

¿CONFLICTO ARMADO INTERNO? LOS COLOMBIANOS DEBEN SER CONSULTADOS

Por Eduardo Mackenzie

1. El tema de si se debe incorporar a la futura ley “de víctimas” el concepto de “conflicto armado interno”, con todo lo que ello implica desde el punto de vista político y jurídico,  constituye en sí la segunda gran discusión a la que se ve confrontada la opinión colombiana tras el comienzo de la presidencia de Juan Manuel Santos. El primer debate fue desatado por el claro viraje del jefe de Estado colombiano en materia de política exterior.

2. Esta nueva discusión, como la primera, se da en condiciones deplorables: a las carreras, por la vía de discretos “micos” parlamentarios, sin que la ciudadanía sea debidamente informada de lo que está en juego y, sobre todo, sin que ésta tenga la posibilidad de pronunciarse.  El impacto del cambio que se pretende hacer es tan grande que los colombianos deberían ser consultados. A pesar de que la Constitución Nacional en su artículo 103 prevé el plebiscito, el referendo y la consulta popular, como mecanismos de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía, ninguno de éstos es propuesto por los impulsores de ese lamentable cambio de rumbo.

3. El gobierno y las fracciones políticas que lo apoyan están tratando de regresar a marchas forzadas hacia esquemas  errados y capituladores que fortalecieron  de hecho el campo de la subversión. Están tratando de imponer eso mediante  un simulacro de discusión “democrática”, cuyo teatro principal son, a duras penas, las columnas editoriales de algunos diarios y una comisión del Senado.

4. El debate se ha centrado sobre lo que dicen o no los convenios de Ginebra de 1949 y otros textos de derecho público internacional, como el Protocolo adicional II de 1977, pero no se ha dado, como debería ser, sobre la ponencia o el proyecto de ley que cursa efectivamente en el Congreso, que es donde podría apreciase realmente la amplitud del cambio negativo que está en marcha.

5. En ninguno de los artículos de esos textos de derecho público internacional hay una sola definición que pueda resumir con precisión la situación particular de Colombia respecto de agresión terrorista que sufre desde  hace 60 años.

6.Colombia es objeto de una agresión  terrorista de naturaleza comunista. De larga duración, ésta no obedece a conflicto social alguno sino a determinaciones geopolíticas extra continentales. Esa agresión no es sólo armada y terrorista sino que moviliza otras actividades subversivas de apariencia legal. Esa conspiración  contra la democracia y el sistema capitalista, contó y cuenta con apoyo internacional, pero nunca ha triunfado. Sin embargo,  ha logrado debilitar y deformar el funcionamiento de sectores del aparato de Estado y de la sociedad.

7.El objetivo de la “ley de víctimas” es ambiguo y parte de una mentira: que el “conflicto armado” comenzó en 1985. Tal falacia es calculada: pretende favorecer la impunidad para los crímenes cometidos por las guerrillas desde los años 1940 hasta hoy y dejar por fuera de toda reparación a las víctimas de esos aparatos criminales.

8. Los amigos del concepto de “conflicto armado interno” incluyeron esa fórmula en la ponencia por la vía de un “mico”, es decir como una adición a última hora  y poco antes del último debate de la “ley de víctimas”. Ello es totalmente irregular. Un concepto central como ese, si debe hacer parte de un texto de ley, tiene que haber sido discutido realmente en más de dos de los cuatro debates que prevé la Constitucional en su artículo 157. No fue éste el caso. La aprobación en esas condiciones  anómalas de esa ley, y del concepto en cuestión, viciará la constitucionalidad de la futura ley de víctimas.

9. Roy Barreras, senador del partido de la U., reveló el 14 de mayo de 2011 que “muchos de los artículos [de la ponencia inicial que había radicado el presidente Santos] tenían errores “monumentales” que ponían “en duda la seguridad jurídica de la propiedad en Colombia”, así como “el debido proceso”. El senador dio a entender que el articulado de la ponencia inicial “permitía que el Estado perdiera todas las demandas” y que tal articulado constituía casi que una “precondena” del Estado. El senador Barreras agregó, sin embargo, que ese riesgo había desaparecido pues él y otros senadores habían “corregido los errores” del proyecto de ley.

10. Nada permite pensar que ese peligro ha sido descartado. Ante la pregunta de si la ponencia que apoya el presidente Santos “atenta contra la seguridad democrática”,   el senador Juan Lozano, del partido de la U., se mostró dubitativo. El respondió: “Si se hacen los ajustes que acordamos, como resultado de la reunión de Palacio, no.” Es decir, esos “ajustes” no han sido incorporados claramente. ¿Qué contienen los “ajustes” salidos de la reunión palaciega? Nadie sabe nada. Al ciudadano ordinario le es imposible conseguir copia de esos “ajustes” y ni siquiera la prensa publica el proyecto de ley en su estado actual.

11. Las Farc y el Eln,  desde hace muchos años, le vienen exigiendo al Estado que “reconozca” la existencia en Colombia de un “conflicto armado” pues tal reconocimiento  les otorgaría ventajas jurídicas y políticas enormes, como ser reconocidos por el gobiernos local, y por los gobiernos extranjeros, como “parte contendiente” y, eventualmente, como “fuerza beligerante” cuyas acciones violentas, incluso las más bárbaras y atroces, pasarían a ser vistas automáticamente como simples “actos de guerra”.

12. El presidente Santos asegura que el concepto de beligerancia es “obsoleto”. Ello es inexacto. Nadie puede olvidar que, recientemente, por lo menos un gobierno extranjero, el venezolano, ya acordó a las Farc ese abusivo estatuto.

13. El objetivo actual de las Farc y del Eln es sacar provecho de todo error legislativo grave que pueda cometer el Estado colombiano al respecto, o de toda nueva concesión política exorbitante de éste. En uno de esos dos casos, los gobiernos que apoyan más o menos explícitamente a las Farc y al Eln, como Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Bolivia y Nicaragua, procederán a reconocerles a las Farc y al Eln ese estatuto, y a ejercer, a través de organismos tipo Unasur, formidables presiones para que Bogotá ceda aún más ante las ambiciones de esos dos movimientos.

14. Ninguno de los regímenes chavistas será frenado por la exigencia del famoso artículo 3 común de los protocolos de Ginebra que exige un hipotético  respeto del derecho internacional humanitario. Para esos gobiernos, la actividad de las Farc y del Eln es legítima y humanista. Los Estados Unidos y la Unión Europea serán, por su parte, urgidos para que levanten el calificativo de terroristas a esas dos organizaciones armadas.

15.  En ese contexto, las preocupaciones expresadas por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, sobre el error que entraña la insistencia del presidente Santos de que se diga que en Colombia hay un “conflicto armado”, son legítimas y pertinentes. El reconocimiento del “conflicto” sí es un paso hacia  una forma de legitimación de los grupos armados. El problema no es jurídico, es político.

16. El presidente Santos estima que “si decimos que no hay conflicto armado [en Colombia] nos iríamos a La Picosa, el ex presidente Uribe, los comandantes y este servidor”. El dijo también: “Si no lo hacemos no podríamos bombardear los campamentos de la guerrilla”. Esas declaraciones son imprudentes e insólitas. Ellas lanzan un manto de sospecha sobre  las operaciones legales y legítimas que el Estado colombiano realizó en el pasado para proteger al país de la actividad de  grandes criminales como “Tirofijo”, “Raúl Reyes”, “Jojoy” y otros miembros de las bandas terroristas que ensangrientan el país desde hace 60 años. De hecho, esa declaración aporta agua al molino a los enemigos de Colombia que en Venezuela y Ecuador calificaron la liquidación de “Raúl Reyes” como un “crimen internacional”. Esa frase constituye un error grave y muestra que el jefe del poder Ejecutivo  está adoptando criterios absurdos que debilitan la seguridad y los sistemas de defensa del país. Esa declaración fue lanzada el mismo día que el ex juez español Baltasar Garzón declaró algo no menos asombroso: que la eliminación por militares norteamericanos de Osama Ben Laden “no se adecúa a la legalidad internacional”. Tal coincidencia  llama mucho la atención.

17. El presidente Santos ha dicho que nunca su gobierno le otorgará el estatuto de beligerante a las Farc y al Eln, y que no abrirá negociaciones con esas bandas. Sin embargo, admitir que las atrocidades de las Farc y del Eln se inscriben en el marco de un “conflicto armado interno” abre forzosamente la vía para la negociación de una “solución política” con ellas, sin que éstas hayan cesado sus violencias.

18. Como candidato, Juan Manuel Santos prometió al país darle continuidad a la doctrina de la seguridad democrática del presidente Uribe. Santos  violó esa promesa y está imponiendo ahora un modelo diferente y divergente cuyos perfiles definitivos son todavía un enigma. ¿Quién puede creer lo que él dice sobre su actitud ante las Farc? ¿Quién puede creer lo que él afirma sobre los objetivos del reconocimiento en cuestión?

19. Uno aspecto que muestra los errores del proyecto de ley y el déficit de debate es que  los impulsores alegan que  no encontraron “otra manera” para evitar que los miembros de las bandas terroristas, así como la delincuencia ordinaria y hasta las Bacrim,  se declaren también “víctimas del conflicto” y exijan beneficios. Según ellos, incluir el concepto de “conflicto armado” eliminaría ese riesgo. Ello está lejos de ser claro. Lo que genera ese temor es la incapacidad de la ponencia al momento de definir qué es una víctima y qué es un victimario.

20. Existen por lo menos dos leyes colombianas que hablan de “conflicto armado”, la ley 171 de 1994 y la ley 418 de 1997. Estas no tienen nada que ver con el gobierno de Uribe: son muy anteriores a él. El enfoque de esas leyes permitió, por el contrario, al gobierno de Andrés Pastrana, hundirse en el lodazal de los tres años de falsas negociaciones de paz en la zona desmilitarizada que reforzaron a las Farc. ¿La nueva ley en discusión  es necesaria para abrir una perspectiva similar?

Mayo 18 de 2011