CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO SUIZO: QUEREMOS PAZ, PERO CON JUSTICIA

Carta abierta al Parlamento suizo: Queremos paz, pero con justicia 

En vista de que copia del “Acuerdo” suscrito entre el Gobierno y las FARC, el pasado 26 de septiembre en Cartagena, fue radicado en el Consejo Federal Suizo, el Parlamento de ese país decidió convocar a sus miembros el 31 de Octubre, para analizar y debatir la validez y los alcances jurídicos y políticos del mismo, frente a los resultados del Plebiscito realizado el 2 de octubre en la República de Colombia. La Fundación Mariano Ospina Pérez gestionó una carta, que se adjunta, con el propósito de informar correctamente a los Parlamentarios suizos sobre la realidad actual del documento firmado con las FARC, luego de los resultados del pasado Plebiscito refrendario.

Bogotá, 27 de octubre 2016

Sra./ Sr….
………….
Comisión de Asuntos Extranjeros del Consejo Nacional
Parlamento de Suiza

ASUNTO: Defensa de la Democracia Colombiana

El dos de octubre pasado millones de colombianos votaron No en el plebiscito que organizó el Presidente de la República para apoyar el Acuerdo Final firmado con el grupo insurgente autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), negociado en La Habana, Cuba. Además de que en el plebiscito ganó el No, hay que resaltar que el 64% de los posibles votantes se abstuvo de ir a las urnas y tampoco apoyó con su voto ese Acuerdo.

Entendemos que usted es miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores del honorable Consejo Nacional de la Confederación Helvética y, considerando las excelentes relaciones entre nuestros países – Colombia es la democracia más estable y antigua en Latinoamérica y Suiza es un modelo de estado de derecho y democracia para el mundo entero – y el importante apoyo que Suiza siempre nos ha brindado en nuestra búsqueda de salidas a la agresión de los grupos insurgentes, nos sentimos obligados a explicar cuáles fueron las razones para el escepticismo de la inmensa mayoría de colombianos frente al citado Acuerdo:

• En Colombia no ha habido una guerra civil como las que tuvieron lugar en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Sri Lanka o la antigua Yugoeslavia. Lo que hemos sufrido es la violencia criminal de unos pocos miles de extrema derecha y de extrema izquierda. Esos violentos no representan ningún sector sustantivo de la sociedad colombiana.

• La supervivencia de esos grupos violentos no se debe al apoyo popular, que no tienen, sino a que se han dedicado al secuestro y extorsión de civiles y se han involucrado en actividades de narcotráfico y minería ilegal, con altísimos costos para la salud pública y el medio ambiente.

• Las FARC son responsables de miles de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra. El Acuerdo dejaba en impunidad esos crímenes, según lo señalan diversas entidades como Human Rights Watch. Aunque establecía sanciones, eran puramente simbólicas. Además, la ausencia de justicia no se veía correspondida con altas dosis de verdad y reparación, como lo exigen los mecanismos contemporáneos de justicia transicional. Los guerrilleros podían hacer manifestaciones colectivas de responsabilidad, lo que impedía establecer la verdad judicial individualizada que exigen las víctimas. Y en el Acuerdo nunca se estableció cómo debían repararlas materialmente. Por cierto, aunque en el proceso de La Habana se oyeron víctimas del Estado y de los llamados grupos paramilitares, es paradójico que nunca se escuchó a las principales asociaciones de víctimas de las FARC.

• El Acuerdo Final, de 297 páginas, no se limitaba a diseñar mecanismos para la desmovilización, el desarme y la reinserción a la sociedad de los guerrilleros de las FARC. Iba mucho más allá. Por un lado, establecía una serie de beneficios y premios a los violentos que no han tenido los colombianos que nunca han matado y delinquido con pretextos políticos. Por el otro, en el Acuerdo se afectaba seriamente la institucionalidad democrática: se rompía el espinazo a la rama judicial al crear un tribunal especial que no tenía que aplicar la ley colombiana y que tendría un número importante de jueces extranjeros, se limitaba seriamente las competencia del Congreso de la República, se hipertrofiaba el poder del Presidente al darle inmensas facultades extraordinarias para legislar, y se le recortaban las funciones a la Corte Constitucional. El Acuerdo también presentaba riesgos para la economía privada y la competitividad del país, riesgos que fueron reiterados en la X Conferencia de las FARC, que tuvo lugar pocos días antes del plebiscito, donde ese grupo violento volvió a insistir en su plataforma marxista leninista.

• Además, de todo lo anterior, el Gobierno y las FARC pactaron que las 297 páginas del Acuerdo harían parte de la Constitución. No conocemos ejemplos en los que para reintegrar un grupo guerrillero de menos de seis mil integrantes, que no tienen ninguna representación popular y que es responsables de miles de crímenes internacionales y de narcotráfico, se introduzca un pacto de 297 páginas en la Constitución nacional. Eso es lo que pretendían las FARC y el Gobierno.

• Para poder hacer tal cosa, quisieron darle al Acuerdo el carácter de un acuerdo especial de los establecidos en el artículo tercero común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949. Aunque en el Acuerdo hay algunos elementos propios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), son los menos: el grueso del mismo nada tiene que ver con el DIH ni puede considerarse como un acuerdo especial dirigido a ampliar la protección humanitaria en los conflictos armados no internacionales.

• Sin embargo, el Acuerdo fue enviado al Consejo Federal de Berna, con la pretensión de que, como un todo, fuera considerado como un acuerdo especial del DIH. Y, en un ejercicio claramente contrario a la democracia, fue depositado incluso antes del plebiscito, sin que les importara el resultado de este ejercicio democrático. Pues bien, la mayoría de los votantes estuvo en contra del Acuerdo y quienes se abstuvieron tampoco lo respaldaron.

• A pesar de ello, las FARC han hecho declaraciones públicas, en cabeza de sus más importantes comandantes, en que desconocen el resultado del plebiscito y pretenden que el Acuerdo con el Gobierno está vigente y alegan como razón para ello que tiene la calidad de acuerdo especial y que en ese carácter fue depositado en Suiza.

• Por su parte, el gobierno del presidente Santos no ha sido claro en reconocer el resultado de las urnas y en aceptar que deben hacerse cambios de fondo en el Acuerdo que reflejen las preocupaciones de los votantes que no lo aprobaron.

• Por último, la prensa internacional ha informado que el Gobierno de la Confederación Helvética entregó fondos a organizaciones colombianas que los usaron para campañas a favor de la aprobación del plebiscito. Los responsables del gobierno suizo que financiaron esa campaña no tenían por qué saber que nuestra Constitución prohíbe a los nacionales colombianos recibir financiación de personas extranjeras para los gastos propios de campañas políticas.

Está claro que la inmensa mayoría de los colombianos, incluyendo a quienes votaron por el No en el plebiscito, quiere la paz. Pero queremos paz con justicia, con reparación a las víctimas, sin premio para los violentos, sin romper la institucionalidad democrática del país y sin quebrar el estado de derecho, y que respete la voluntad de la mayoría expresada en el plebiscito.

Como ciudadanos que ejercimos cargos públicos en la República de Colombia, tenemos la esperanza de que el Parlamento de Suiza tome medidas apropiadas y que se reconozca internacionalmente el resultado del voto del plebiscito del dos de octubre, y para que se evite la manipulación del Acuerdo como un acuerdo especial del DIH con la finalidad de desconocer ese resultado.

Estamos en un momento muy crítico para el futuro de nuestra democracia. Implementar el Acuerdo por parte del Gobierno y las Farc, en contra de la voz de la mayoría expresada en el plebiscito, podría llevar a Colombia a una situación de ruptura de la democracia como la que se está produciendo en países vecinos.

Con sincero aprecio,

Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos Calderón, Alejandro Ordoñez Maldonado, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, Fernando Araujo Perdomo, Carlos Holguín Sardi, Mariano Ospina Hernández, Enrique Gómez Hurtado, Ignacio Valencia López, Hernando Yepes Arcila, Juan Pablo Cepero Márquez, Jesús Vallejo Mejía, Pedro Augusto Escobar Trujillo, Juan Gómez Martínez, General ® Harold Bedoya Pizarro, Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia Laserna, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Alfredo Ramos Maya, Santiago Valencia González, Jaime Castro Castro, Ángela Ospina de Nicholls, Plinio Apuleyo Mendoza, Miguel Santamaría Dávila, Ana Mercedes Gómez Martínez, Omar Bula-Escobar, Sonia Talero Mayorga, Jaime Casabianca, Diego José Tobón Echeverri, Jaime Jaramillo Panesso, José Félix Lafaurie Rivera, Hebert Galvis Navia, José Alvear Sanín, Libardo Botero Campuzano, Celso José Aguilera Jaramillo, Jorge Escobar Restrepo, Juan Guillermo Isaza Mejía, Mario Hernández Miranda, Eduardo Ortiz Currea, Alfonso Monsalve Solórzano, Juan Fernando Uribe Escalante, Rafael Uribe Uribe, Carlos Ochoa Martínez, Alberto Rendón Cuartas, Rubén Darío Acevedo, Juan José Gómez Gómez, Jaime Dangond Dangond, Raúl Zapata Wallisser, Juan David García, Juan Guillermo García Vélez, José Ignacio Tobón, Eduardo Restrepo Correa, Samuel Ángel Aponte, Matías Toro Díaz, Blanca Adela Álvarez Parra, Eunice Díaz González, Francisco Zapata Vanegas, Luz Stella Ríos Tobón, Juan Fernando Echeverri Calle, María Piedad Mesa, Cristina de Toro, Ignacio Arismendi Posada, Heyde López Durán, María Elisa Uribe, Helena Baraya de Ospina, Miguel Ángel Cetina. Siguen firmas.

ENGLISH

Bogotá, October 28th 2016

Mrs. Mr.
Miembro
Comisión de Asuntos Extranjeros del Consejo Nacional
Casa Federal
3000 Berna
Suiza

Subject: In Defense of Colombia’s Democracy

Dear …..

On October 2nd, millions of citizens, in a popular vote called by the President of the Republic of Colombia, said No to the final agreement that had been negotiated in Havana, Cuba, with the self-denominated Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Besides the result of the plebiscite, it is noteworthy that 64 per cent of registered voters abstained from the polling stations, thereby also refusing to back the agreement.

As we understood that you are a member of the Foreign Affairs Committee of the honorable Swiss National Council, and taking into consideration the excellent relationship between our countries – Colombia being the oldest and most stable democracy in Latin America and Switzerland being a global model for the rule of law and democracy, and the considerable support we have received from Switzerland in our quest of overcoming the violence induced by insurgent groups, we feel obliged to share with you the reasons why an overwhelming majority of Colombians has reservations about the mentioned agreement.

• In Colombia, there has not been a civil war known, for example, in El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Sri Lanka or the former Yugoslavia. Instead, we suffered from criminal violence caused by several thousand fighters from the far left and the far right. These malefactors do not represent a significate sector of Colombian society.

• The persistence of these violent groups cannot be derived from their support in the population, which they do not have. Rather, it can be explained by their practices of kidnapping and extorting civilians and by their activities in drug trafficking and illegal mining, which come at a very high cost for public health and for the environment.

• In thousands of cases, FARC are responsible for crimes against humanity and war crimes. The agreement would have induced impunity for these crimes, as it is recognized by several organizations such as Human Rights Watch. Although some sanctions were formulated, they would have been purely symbolic in nature. This lack of justice was not mirrored by a high dose of search of truth and indemnity, as required by all modern mechanisms of transitional justice. It would have been possible for the guerrilleros to recognize their collective responsibility, which thwarts the judicial search for truth on a case-by-case basis that is requested by the victims. Also, the agreement did not state how the victims should be indemnified in terms of material compensation. Indeed, having listened to the victims of violence by the state and by so-called paramilitary groups during the Havana talks, it is paradox that the main organizations representing FARC victims were not heard.

• The final agreement, with its total of 297 pages, did not restrict itself to formulating mechanisms for the demobilization, disarming and social reintegration of FARC members, which they outgo by far. On one hand, it threatened to establish rewards and benefits for the malefactors outside the reach of those ordinary Colombians who never murdered or embarked on delinquent activities with a political pretense. On the other hand, the agreement would have severely affected the democratic institutional setting: The backbone of the judicial power would have been broken by the creation of a special court that would not have been subject to apply Colombian law and that would have included many judges from outside Colombia. Congress’s ability to legislate would have been severely cut back whereas the presidential powers would have been hypertrophied with vast special legislative powers; the powers of the Constitutional Court would have been diminished. The country’s competitiveness and its marked-based economic system would have been put in jeopardy by the treaty – perils that the FARC accentuated by reinforcing their Marxist-Leninist agenda at the occasion of the tenth guerilla conference, only days ahead of the plebiscite.

• Furthermore, the government and FARC convened to induce the 297 pages into the country’s constitution. There has never been another case where, in order to re-integrate a group of slightly more than 6000 fighters that are not representing the population and that are responsible for thousands of international crimes and of drug trafficking, 297 pages have been written into the constitution of a country. This is what the FARC and the government were pretending to do.

• In order to be able to do so, they wanted to give the agreement the character of a Special Humanitarian Agreement (SHA) under Article 3 of the General provisions of the four Conventions of Geneva of 1949. Although the agreement includes some genuine elements of International Humanitarian Law, they are a minority: its core does not have to do anything with IHL nor can it be considered as a Special Humanitarian Agreement aiming at improving the humanitarian protection in non-international armed conflicts.

• Nevertheless, the final agreement was handed over to the Swiss Federal Council in Berne with the pretention of its totality being looked upon as a SHA. And it was, giving rise to a clearly anti-democratic practice, deposited even before the popular vote took place, without any concern for the result of this democratic manifestation. Alas, a majority of voters was against the agreement with those abstaining also failing to express their support.

• Despite all that, speaking with the voice of its highest-ranking commanders, FARC publicly stated that they ignore the plebiscite’s result and that the treaty was already legally binding because it is a SHA that has deposited in Switzerland.

• For its part, the government of president Santos has not made clear that it is going to respect the result of the public vote and that it is willing to achieve substantial changes reflecting the reservations of those who did not endorse the agreement.

• Finally, according to international press reports, the government of Switzerland provided Colombian organizations with funds that were used to back the agreement in the run-up to the popular vote. Those within the Swiss administration responsible for financing this campaign were unaware of the fact that our constitution prohibits Colombian citizens to accept financial means from foreign persons in order to cover the cost of political campaigning.

It is clear that the overwhelming majority of Colombians, including those who voted No in the plebiscite, do want peace. But we want peace with justice, with indemnity of the victims, without rewarding those who committed acts of violence, without breaking up the democratic institutions, without requiring the bankruptcy of the rule of law, and with the will of the majority that was expressed in the popular vote being respected.

As citizens who exercised offices in the public sector of Colombia, we express our hope that the Swiss parliament will take adequate measures, that on the international level the result of the vote of October 2nd will be respected and that the manipulation of the agreement as a Special Humanitarian Agreement in order to overrule the vote’s result will be inhibited.

We are at a very critical crossroads for the future of our democracy. The forced implementation of the final agreement by the government and the FARC, contrary to the majority’s will expressed in the referendum, could lead Colombia towards a situation of ruptured democracy similar to what can be observed in some of our neighbor states.