DERECHO DE LOS PADRES, NO DEL MINISTERIO

Derecho de los padres, no del Ministerio

Aunque aún hay homofóbicos, en general la gente del común es muy capaz de respetar las diferencias sexuales. Pero no acepta que la educación de sus hijos en estas materias la definan los colectivos LGTBI

Por Rafael Nieto Loaiza
Agosto 14 de 2016

Las enormes manifestaciones de esta semana prueban varias cosas: una, que a pesar de los esfuerzos del régimen y de los medios enmermelados por ocultar hechos incómodos para el Gobierno, en estos tiempos resulta imposible. Las noticias corren por las redes sociales y, al final, los medios no tienen alternativa distinta a registrarlas. Como el Gobierno y la Corte negaron la financiación pública para el no, ese debe ser el camino para difundir las ideas sobre el plebiscito.

Dos, la calle no es exclusiva de la izquierda. Estas manifestaciones y las de hace algunas semanas, prueban que la gente del común, con la motivación suficiente, está dispuesta a salir y tomarse las ciudades. Si los medios tradicionales fueron fundamentales en las famosas marchas del millón de voces contra las Farc, hoy no se necesitan.

Tres, el ciudadano del común empieza a hartarse de las decisiones “progresistas” de unos pocos magistrados iluminados que, en abierta contravía de los valores imperantes en la ciudadanía, pretenden imponerles a todos sus convicciones personales. Empieza a haber una brecha peligrosa entre la ideología mayoritaria en la Corte Constitucional y la cultura y la ética del ciudadano del común.

Cuatro, la ciudadanía acepta con resignación y tolerancia decisiones judiciales que son contrarias a sus convicciones, pero tiene límites infranqueables. Entre los más importantes está la protección y educación de sus hijos. El derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y convicciones éticas y religiosas es uno fundamental e inquebrantable. Cuando se vulnera, como pretendía el Ministerio de Educación, la gente se subleva.

Quinto, aunque aún hay homofóbicos, en general la gente del común es muy capaz de respetar las diferencias sexuales. Pero no acepta que la educación de sus hijos en estas materias la definan los colectivos LGTBI. Es inaceptable el matoneo, hay que combatir la discriminación y la violencia en la escuela y hay que enseñar respeto hacia quienes son diferentes. Los seres humanos, sin importar sus características y diferencias, tienen una dignidad intrínseca que debe ser protegida. Pero esa lucha contra la discriminación no puede hacerse desde la “ideología de género” que, como dice el documento del Ministerio, sostiene la peligrosa tontería de que “no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en la que se crezca”. La “ideología de género”, por cierto, está en los pactos de La Habana y entraría a la Constitución por vía del “bloque de constitucionalidad”.

Sexto, es repudiable el matoneo en las redes sociales contra la ministra de Educación por sus gustos sexuales. Algunos no debaten sino que ofenden e insultan. Ahora bien, no es menos cierto que la ministra manejó con las patas todo el episodio. Se extralimitó en sus funciones, perdió objetividad, vulneró derechos fundamentales de los padres, negó la existencia de un manual que tenía el sello de su Ministerio, acusó de politiqueros y de “fanáticos religiosos” a los críticos, intentó ocultar el convenio con Colombia Diversa, la oenegé que promueve los derechos de los LGTBI. Sus errores se devolvieron como un bumerán.

Los tratados internacionales de derechos humanos establecen que “los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Hay que rechazar con vehemencia toda afectación arbitraria y abusiva de ese derecho por parte del Estado y su Ministerio de Educación.

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En las2orillas.co se ha hecho una denuncia de suma gravedad, según la cual el episodio del hacker en la campaña electoral del 2014 fue resultado de una infiltración y un sabotaje montado desde una agencia de seguridad del Estado. La democracia exige una respuesta pública, clara y precisa de los señalados y que la Corte Suprema haga público el testimonio en que se basa la información. La denuncia se encuentra en este enlace: http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-presidencial-de-oscar-ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-testigo.