EL SILENCIO ES CÓMPLICE

Que no nos exijan callar porque no callaremos. Seguiremos denunciando las concesiones perversas, los errores, las fallas del proceso y la situación trágica en que han sumido a nuestras fuerzas de seguridad

El Fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que las FARC tienen un gigantesco arsenal escondido

El silencio es cómplice

Que no nos exijan callar porque no callaremos. Seguiremos denunciando las concesiones perversas, los errores, las fallas del proceso y la situación trágica en que han sumido a nuestras fuerzas de seguridad

Rafael Nieto Loaiza

Por Rafael Nieto Loaiza
Junio 26 de 2017

En el atentado la intención de dañar a los civiles es inocultable y manifiesta y también la de sembrar pánico. Dejar el explosivo en el baño de mujeres buscaba afectarlas a ellas y a los niños que con frecuencia van de su mano. También es evidente la intención de castigar la economía, ya de suyo golpeada por la espantosa gestión económica de Santos: un día antes del día de padre, en hora pico de circulación, en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. El mensaje es que nadie estará seguro. Los centros comerciales prosperaron en Colombia, entre otras razones, por la sensación de seguridad que generaban.

Concedo que es imposible evitar del todo la ocurrencia de actos terroristas. Es fácil esconder un explosivo y hacerlo estallar en casi cualquier lado. Pero el atentado del Centro Andino es el séptimo en Bogotá en lo que va corrido del año, con saldo de cuatro muertos y cuarenta y cinco heridos. La Fuerza Pública perdió su capacidad de prever la comisión de estos actos y de capturar a los responsables. La inteligencia está de capa caída, golpeada una y otra vez en su estructura, con remoción permanente de sus mandos y, sospecho, con el foco en otras tareas.

Centro comercial Andino

El atentado, además, dividió aun más una sociedad ya muy polarizada. Hubo cruce de recriminaciones, acusaciones de uno y otro lado, descalificaciones. Otra de las terribles herencias de Santos es que se rompió el consenso social y político sobre la necesidad de enfrentar a los violentos y la manera de hacerlo. Ahora los señalamientos se hacen no a los terroristas sino a los civiles inermes e inocentes que se atreven a criticar.

Para rematar, no se quiere discutir si es o no verdad que el acuerdo con las Farc constituye un incentivo, no querido pero no por ello menos cierto, para el terrorismo. Apenas unos días antes había recuperado la libertad el responsable directo de la bomba de El Nogal, sin que se haya puesto en marcha la justicia especial de “paz”. El Paisa, cerebro del crimen, ni siquiera pasó por la cárcel. No tengo duda de que los responsables directos del crimen son los que pusieron la bomba y que todos debemos repudiarlos, ¿pero acaso es insensato pensar y decir que la ausencia de sanción real para los terroristas de las Farc es un incentivo perverso para que otros cometen los mismos crímenes? Si está suelto el del Nogal, pensarán, también lo estarán ellos, más temprano que tarde, a pesar de sus delitos, si es que alguna vez los capturan.

Ahora bien, una cosa es la unidad para condenar y enfrentar el terrorismo y otra muy distinta que se pida silencio frente a la gestión gubernamental en la lucha contra los violentos. No creo prudente ni conveniente para el futuro de Colombia que se cierren los espacios para hacer la crítica de esa gestión. Para empezar, porque no hay fisuras cuando se trata de combatir a los violentos. Las divisiones se producen precisamente porque el gobierno, primero, decidió no luchar contra ellos y, después, nos acusa a los contradictores de enemigos de la paz y guerreristas, entre otras lindezas. Allá ellos con su conciencia. Pero que no nos pidan que nos sumemos a la claudicación.

La acusación de aprovechar políticamente los actos de terrorismo es torva y torpe. Quienes se montaron electoralmente en la violencia y el proceso de paz fueron Santos, las Farc y sus compinches. Esa fue su bandera de campaña en el 2014. Los que creemos que se han cometido gravísimas equivocaciones, con nefastas consecuencias para la democracia, la Constitución, el estado de derecho, la institucionalidad republicana, la seguridad, y el bienestar social y económico del país, tenemos la obligación, el deber ético, político y social, de decirlo en voz alta y con claridad. Aquí y afuera. Que no nos exijan callar porque no callaremos. Seguiremos denunciando las concesiones perversas, los errores, las fallas del proceso y la situación trágica en que han sumido a nuestras fuerzas de seguridad.

 

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