LAS FARC NI SE DESMOVILIZAN NI ENTREGAN LAS ARMAS: GENERAL RUIZ

Las FARC ni se desmovilizan ni entregan las armas: General Ruiz

Existen suficientes evidencias, denuncias claras y precisas de que en Venezuela hay uno o dos frentes de las FARC que están allí establecidos manejando el negocio del narcotráfico con el régimen venezolano. Allá están con sus armas y con sus campamentos En días pasados, el General Jaime Ruíz Barrera concedió una entrevista al diario El Nuevo Siglo. Por considerarla de interés primordial, la reproducimos en su totalidad

Periodismo Sin Fronteras
Publicado originalmente en El Nuevo Siglo

“Las Farc lo que están haciendo es comprando empresas de vigilancia. Incluso ya se sabe de algunas negociaciones”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Acore, general Jaime Ruiz, quien manifestó que esperan que en la ley estatutaria de la JEP que se radicará el 20 de julio se pueda aclarar lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma. Expresó el oficial que le preocupa también lo que tiene que ver con la entrega de armas, porque no ve que se esté haciendo en su totalidad.

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué peligros ven frente a las disposiciones de paz decretadas por el Gobierno?

JAIME RUIZ: Esto es importante que se conozca. En este torrencial de decretos que se dio hace poco con carácter de ley por parte del Ejecutivo, hay uno que tiene que ver con las empresas de vigilancia. A ellos se les permitió en el pacto acordado en La Habana, que podían crear sus propias empresas de vigilancia; después esto se echó para atrás por parte de la Corte Constitucional, pero ahora lo que están haciendo es comprando empresas dedicadas a esa esa actividad, y ya se sabe de algunas negociaciones. Por otra parte, hay también información que obligatoriamente las empresas de vigilancia deben recibir algunas cuotas de desmovilizados de las Farc. Tienen ya 1.200 para efectos de seguridad como escoltas. Son 1.200 hombres en armas; si el Eln tiene tres mil, tendremos comparativamente medio Eln activo y legalizado como parte de las Farc. Eso es supremamente grave y un gran riesgo para la seguridad nacional. Fuera de eso hay que agregar los que pueden introducir en las empresas de vigilancia y en las que vayan a adquirir, con lo cual tendremos un potencial bastante grande y muy peligroso.

Desmovilización
ENS: ¿Y todos se están desmovilizando?

JR: No todas las Farc se están desmovilizando. Existen suficientes evidencias, denuncias claras y precisas de que en Venezuela hay uno o dos frentes que están allí establecidos manejando el negocio del narcotráfico con el régimen venezolano. Allá están con sus armas y con sus campamentos. Esa gente ni se desmoviliza ni entrega las armas……. ¿Qué tan cierto es esto de los grupos disidentes? …. ¿No será una estrategia de los que se han desmovilizado para mantenerlos como reserva para actuar en caso que necesiten hacerlo?

ENS: ¿Cómo le terminó yendo a la Fuerza Pública en el Congreso, luego del fast track?

JR: Insistimos a través de las diferentes bancadas. Encontramos una buena receptibilidad, planteamos con urgencia la necesidad de corregir algunos apartes en los textos que tienen que ver con la aplicación de la Justicia transicional a militares y policías, porque inexplicablemente nos dejaron una puerta abierta para introducir lo que es la justicia penal internacional. Eso quiere decir, en otros términos, la aplicación del Estatuto de Roma. En esto hubo una mala jugada por parte del gobierno, del equipo negociador, del doctor De la Calle, de los asesores o comisionados como Sergio Jaramillo, del asesor presidencial Yesid Reyes, de común acuerdo con el abogado español Enrique Santiago y de José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, para introducir a toda costa lo que era el artículo 28 del Estatuto de Roma, articulo que no ha sido aceptado por muchas legislaciones del mundo, y particularmente en el caso colombiano, porque va en contra de la Carta Política.

ENS: ¿Qué interés hay?

JR: El interés de la extrema izquierda radical internacional, junto con ciertos sectores nacionales de esta misma izquierda, es aplicar el mayor rigor de carácter penal contra los máximos responsables de las fuerzas militares. En eso no logramos nada. Inicialmente hubo una muy buena intención por parte de muchos congresistas, pero sin resultados. Ahora las cosas cambian, si se logra sostener esta modificación al fast track en que los legisladores pueden intervenir y modificar los textos. Esperamos que esto se arregle en la próxima legislatura. Es lo más urgente que necesitamos y que hemos planteado insistentemente, por razones de seguridad jurídica.

La JEP
ENS: ¿Esa corrección que usted plantea se debe hacer al acto legislativo de la Justicia Especial de Paz o en el proyecto de ley reglamentario?

JR: En la ley estatutaria que está pendiente por tramite. Ojalá que esta pretensión del Gobierno de dejar sin piso la reciente decisión de la Corte Constitucional que el fast track permita actuar al Congreso de la República como legisladores, no se dé, porque el daño que se le causa a la Fuerza Pública es muy grande.

ENS: ¿En el articulado retirado ya está corregido el peligro de la CPI o no?

JR: No, es que habilidosamente, sin mencionar el artículo 28 del Estatuto de Roma, lo fueron introduciendo dispersamente en algunos párrafos del acto legislativo. Todos sabemos que ese enredo de la parte escrita desde el punto de vista gramatical para su interpretación fue una cosa que se hizo a propósito para confundir. Entonces, puede que en algunos apartes no lo diga expresamente en lo que se refiere a la responsabilidad del mando. En ninguna parte se menciona el Estatuto de Roma como tal, pero en otros apartes del mismo documento que tienen plena validez jurídica, se abren las puertas a la justicia penal internacional, desconociéndose la prevalencia de la legislación penal colombiana.

Sometimiento
ENS: ¿Qué porcentaje de los policías y militares hoy presos y condenados podrían acogerse a esta justicia transicional?

JR: Eso es decisión voluntaria, no es impositivo, no es obligante. El que se quiera someter a la justicia transicional lo manifiesta ante una sala especial que tiene este tribunal de la JEP. Si la sala admite la petición, se somete a los requisitos y procedimientos establecidos. Hay muchos cuestionamientos respecto al procedimiento en materia de equidad. Todos entendemos que un acuerdo de este tipo no genera plena satisfacción. Algunas observaciones que nosotros planteamos respecto a este tratamiento no fueron tenidas en cuenta, otras sí.

ENS: Mucho se ha hablado de responsables de crímenes por parte de las Farc que estaban encarcelados y han quedado libres con libertad condicional a raíz de que se someten a la JEP, pero ¿qué pasa con los militares y policías que estaban procesados por falsos positivos?

JR: Este proceso está un poco represado porque el trámite impone un protocolo riguroso por conducto del Ministerio de Defensa, a quien le corresponde elaboran las listas finales que deben ser presentadas formalmente ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción para la Paz. De allí se remiten a un juez de penas, quien tiene a su vez, la facultad y un plazo no mayor de diez días para resolver, si es o no aplicable lo que tiene que ver con la jurisdicción para la paz para estas personas. La verdad es que ha sido mucho más ágil el trámite para los miembros de las Farc, que para los miembros de la Fuerza Pública. Hay muchas quejas por parte de quienes hoy están recluidos en los distintos centros militares y que han tramitado sus solicitudes hace dos o tres meses y a la fecha, no han sido atendidas oportunamente estas peticiones. En eso estamos trabajando. Por ahora hemos tenido una buena relación y especial deferencia por parte del secretario ejecutivo de la JEP, el magistrado Correa. Reconoce demoras en el proceso y manifiesta la insuficiencia de personal disponible para agilizar estos voluminosos tramites. También hacemos presión ante Ministerio de Defensa para que se agilice la elaboración de las listas dentro del protocolo establecido.

ENS: ¿Pero se está cumpliendo?

JR: Por ahora se está cumpliendo, pero lentamente para los miembros de la Fuerza Pública.

El desarme
ENS: ¿Qué pasa con el proceso de desarme de las Farc?

JR: El asunto es grave y preocupante por muchas razones. La primera, lo que se pactó en razón al procedimiento de dejación de armas, no de entrega, bajo la supervisión exclusiva de las Naciones Unidas, no nos da plenas garantías. ¿Por qué desconfiamos de las Naciones Unidas?, porque ha sido muy evidente su sesgo en favor de esta organización terrorista. Comenzó con el tema de las víctimas. Aquí hubo un delegado, un chileno designado por las Naciones Unidas, su nombre Fabrizio Hochschild. Sus posiciones fueron muy radicales en favor de las Farc en todo lo que tuvo que ver con el manejo de víctimas dentro del proceso de negociación en La Habana.

ENS: ¿Y ahora?

JR: Y ahora cuando este organismo designa de común acuerdo con las Farc y con la aceptación del gobierno a la CELAC (Comunidad de estados latinoamericanos y del caribe), organización que creó Hugo Chávez junto con Fidel Castro, por razones obvias muy afines al castro-chavismo, para designar sus observadores, donde hay militares y civiles con posiciones sesgadas de tipo político e ideológico, no hay mayores garantías. ¿Entonces es claro el mecanismo de verificación existente ahora? No, no es claro. Los únicos que pueden dar fe de entrega de las armas son estos observadores de las Naciones Unidas. No hay hasta el momento ninguna fotografía o evidencia creíble de los 26 sitios donde están los contenedores que muestren las armas qué han sido entregadas. Lo ocurrido hace algunos días fue un show mediático, que no representa, ni justifica, ni es garantía respecto al desarme. Esto nos tiene muy preocupados.

ENS: ¿Por qué están preocupados?

JR: Porque no sabemos qué es lo que van a entregar, no sabemos sobre el contenido de las supuestas caletas, no sabemos si las coordenadas ya han sido formalmente entregadas para proceder a su localización. No sabemos si allí están las armas de apoyo con que cuentan, no sabemos de todo ese armamento que adquirieron en el mercado negro internacional. Hay armas de última generación, hay lanzamisiles de corto alcance tierra-aire para derribar aeronaves. Tienen también lanzacohetes y morteros. ¿Todo eso donde está, no se ve? Ellos tuvieron 26 mil hombres en armas en las últimas décadas del siglo pasado. Hoy solo se está hablando de 7 mil armas. El armamento faltante necesariamente debe estar encaletado.

Los magistrados
ENS: ¿En la ley estatutaria de la JEP ya les dan confianza frente al mecanismo de elección de los magistrados?

JR: Ninguna, porque allí hay tres extranjeros, un peruano, un argentino y un español, con vínculos con las organizaciones terroristas de sus respectivos países. Yo me reuní recientemente con esos tres extranjeros. Allá fui y se lo dije… su perfil no constituye ninguna garantía. La respuesta fue que su compromiso era el de actuar de manera centrada y que en sus actuaciones se verá su neutralidad. No creemos que sea así. Ellos van a nombrar los jueces y magistrados que nos van a juzgar. Tienen plena autonomía para ello.

ENS: Se está hablando en el Congreso de que habrá cupos para las Farc, que habrá cupos para las víctimas, ¿por qué las fuerzas militares no pidieron también como pieza clave del conflicto?

JR: Esas circunscripciones especiales tienen protocolos muy particulares. No vemos ninguna opción en tal sentido. Por ahora se trancaron en el Congreso y deben ir a la próxima legislatura. Por fortuna hay mucha resistencia por parte de algunos movimientos y grupos políticos. Eso es grave, porque las Farc escogieron sitios estratégicos que han sido sus zonas de influencia sobre comunidades que les son afines. En estas condiciones, serán ellas las que nombren a sus representantes. Son curules fijas. De eso no hay duda de ninguna especie. De estas 16 curules, más las 10 que tienen sin requisito de voto son 26. Eso tiene un peso legislativo muy grande, que podría crecer con lo que puedan obtener electoralmente a base de intimidación y dinero, del cual tienen mucho. Vamos a tener sorpresas muy desagradables. En el tema político electoral, nosotros hemos hecho algunos intentos para recuperar el derecho al voto de quienes se encuentran en servicio activo y no ha sido posible.